Según un estudio, dotar de un salario a las familias de pacientes sin autonomía, que trabajan entre 4.200 y 5.400 millones de horas al año, podría costar hasta el 5% del PIB.
Persona dependiente en silla de ruedas
Violeta Muñoz / 10-04-2016 • 12:34
Hasta 1,3 millones de personas son cuidadores de pacientes crónicoscon problemas de autonomía en España. Todos ellos pertenecen a la “atención informal”, los cuidadores familiares que no perciben remuneración alguna por atender a personas dependientes. Según un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha, el volumen de horas trabajadas por estos cuidadores se podría situar entre 4.200 y 5.400 millones de horas al año.
Es el “coste social oculto” de un fenómeno que, de ser monetizado, requeriría hasta el 5% del Producto Interior Bruto del país, según el informe presentado en el VIII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. El estudio trata de poner números a un fenómeno de amplio espectro: el coste de dotar de una remuneración mínima a los cuidadores informales se sitúa en una horquilla de entre 32.000 y 50.000 millones de euros año (entre el 3% y el 5% del PIB).
El Doctor Antonio Zapatero, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, subraya que a este gasto habría que sumar el coste directo que supone la cronicidad en atención sanitaria. Explica que en los servicios de medicina interna hasta el 70% de los pacientes mayores de 75 años “tienen una media de tres enfermedades crónicas y suelen tener estancias medias más prolongadas, mayor número de reingresos y de visitas a los servicios de urgencia, de tal modo que consumen hasta el 80% del gasto total”.
“El paciente crónico, por el hecho de que suele ser pluripatológico, lo debemos asimilar como un paciente complejo”, apunta el Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. El doctor entiende necesario “un abordaje integral” que supere la perspectiva médica para adoptar también una óptica social y familiar.
En este sentido, “el importante volumen de recursos invertidos en la atención sanitaria por parte de los países de nuestro entorno y el nuestro propio es sin duda reflejo del grado de prioridad que concedemos como sociedad a la protección de la salud” señala el doctor en economía de la Universidad de Castilla La Mancha, Juan Oliva. “No obstante, una visión integral del coste social que ocasionan las enfermedades crónicas necesita ir más allá de las partidas puramente sanitarias”.
Al final, la realidad es que “la ingente cantidad de horas de cuidados (informales), los problemas asociados a una excesiva carga de cuidado y la valoración monetaria del tiempo de cuidado arrojan cifras que no ofrecen lugar a la duda sobre la relevancia social de los cuidados no profesionales prestados a personas dependientes”, señala Oliva.
Para este economista, “cualquier programa, estrategia o política de promoción de la salud y atención a personas con limitaciones en su autonomía, no puede pasar por alto la importancia que tiene la red de apoyo familiar en España, ya que en caso contrario tropezará constantemente con ineficiencias e inequidades que erosionará el bienestar de los ciudadanos”.
La asistencia a la dependencia es una de los retos del sistema público sanitario en España, desde que en 2006 viera la luz la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La puesta en marcha del ambicioso plan de servicios y prestaciones económicas para la autonomía personal chocó de plano con la crisis económica, con lo que el Sistema de Atención a la Dependencia en España acumula el lastre de la falta de financiación central y autonómica, listas de espera y críticas a la gestión política de una promesa social aún muy lejos de cumplirse.
Es el “coste social oculto” de un fenómeno que, de ser monetizado, requeriría hasta el 5% del Producto Interior Bruto del país, según el informe presentado en el VIII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. El estudio trata de poner números a un fenómeno de amplio espectro: el coste de dotar de una remuneración mínima a los cuidadores informales se sitúa en una horquilla de entre 32.000 y 50.000 millones de euros año (entre el 3% y el 5% del PIB).
El Doctor Antonio Zapatero, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, subraya que a este gasto habría que sumar el coste directo que supone la cronicidad en atención sanitaria. Explica que en los servicios de medicina interna hasta el 70% de los pacientes mayores de 75 años “tienen una media de tres enfermedades crónicas y suelen tener estancias medias más prolongadas, mayor número de reingresos y de visitas a los servicios de urgencia, de tal modo que consumen hasta el 80% del gasto total”.
“El paciente crónico, por el hecho de que suele ser pluripatológico, lo debemos asimilar como un paciente complejo”, apunta el Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. El doctor entiende necesario “un abordaje integral” que supere la perspectiva médica para adoptar también una óptica social y familiar.
En este sentido, “el importante volumen de recursos invertidos en la atención sanitaria por parte de los países de nuestro entorno y el nuestro propio es sin duda reflejo del grado de prioridad que concedemos como sociedad a la protección de la salud” señala el doctor en economía de la Universidad de Castilla La Mancha, Juan Oliva. “No obstante, una visión integral del coste social que ocasionan las enfermedades crónicas necesita ir más allá de las partidas puramente sanitarias”.
Al final, la realidad es que “la ingente cantidad de horas de cuidados (informales), los problemas asociados a una excesiva carga de cuidado y la valoración monetaria del tiempo de cuidado arrojan cifras que no ofrecen lugar a la duda sobre la relevancia social de los cuidados no profesionales prestados a personas dependientes”, señala Oliva.
Para este economista, “cualquier programa, estrategia o política de promoción de la salud y atención a personas con limitaciones en su autonomía, no puede pasar por alto la importancia que tiene la red de apoyo familiar en España, ya que en caso contrario tropezará constantemente con ineficiencias e inequidades que erosionará el bienestar de los ciudadanos”.
La asistencia a la dependencia es una de los retos del sistema público sanitario en España, desde que en 2006 viera la luz la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La puesta en marcha del ambicioso plan de servicios y prestaciones económicas para la autonomía personal chocó de plano con la crisis económica, con lo que el Sistema de Atención a la Dependencia en España acumula el lastre de la falta de financiación central y autonómica, listas de espera y críticas a la gestión política de una promesa social aún muy lejos de cumplirse.
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