F. M. H. 24/01/2014
La Fiscalía pidió ayer en el Juzgado de lo Penal de Teruel que el niño que quedó discapacitado por una cesárea que tardaron 24 minutos en practicarle a su madre cobre 1.500 euros de por vida, además de los 720.000 euros de indemnización que pedía inicialmente, y que deberían abonar los seguros del Salud --fundamentalmente-- o del ginecólogo acusado de la presunta negligencia médica. Para él mantuvo la solicitud de dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación, por un delito de lesiones por imprudencia grave, aunque ofreció la alternativa de que se lo considerase una falta de lesiones por imprudencia, que se saldaría con una multa de 3.000 euros.
La acusación particular, ejercida en nombre de la familia por el abogado Ricardo Agoiz, del Defensor del Paciente, se adhirió a la solicitud de Fiscalía aunque mantuvo su petición de indemnización de 1.500.000 euros. Aunque esta podría desglosarse en 1.200.000 euros y el resto invertido en la misma renta vitalicia que pidió la Fiscalía.
El abogado del ginecólogo pidió la absolución, al considerar que no fue su responsabilidad el hecho de que todos los cirujanos estuviesen ocupados en otros procesos, entre otras circunstancias que alargaron la intervención.
Como consecuencia de la falta de oxígeno, el niño, que nació en agosto del 2011 en el hospital Obispo Polanco de Teruel, padece una grave discapacidad que le impide alimentarse por sí mismo --lo hace a través de una sonda--, sostener la cabeza o gatear. Tiene diagnosticado el máximo grado de dependencia, que en principio mantendrá de por vida.
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