El Colegio de Abogados de Valencia asegura que dos secciones de la misma sala no pueden emitir sentencias contradictorias
28.02.2014 | 02:20
Manifestación de dependientes contra los recortes y el copago, frente al Palau de la Generalitat. REUTERS/Heino Kalis
SERGI PITARCH | VALENCIA La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia recurrirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que revoque o dé explicaciones sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano de trasladar los casos de dependencia de la sección cuarta a la quinta de lo contencioso-administrativo. La abogada de la plataforma, Sandra Casas, explicó que el cambio de tribunal «ha sido un varapalo para los dependientes porque la sala cuarta estaba fallando a su favor y la quinta totalmente en su contra y dando la razón a la Conselleria de Bienestar Social». Sobre esta contradicción en los fallos del TSJ, desde el Colegio de Abogados de Valencia explicaron que dos secciones de la misma sala «no pueden emitir sentencias contradictorias sobre casos iguales o similares» porque «genera indefensión» y «vulnera la previsibilidad de las resoluciones».
Levante-EMV contó ayer que el TSJ había trasladado desde la sección cuarta del TSJ, que venía dando la razón a los herederos de los dependientes en sus pleitos contra la Generalitat, a la quinta, que opta en casos similares por avalar las tesis de la Conselleria de Bienestar Social. Desde el Tribunal Superior de Justicia explicaron que los motivos del cambio no son otros que «mejorar la eficiencia» de la sala de lo contencioso-administrativo tras habérselo solicitado el CGPJ en una inspección rutinaria. Las mismas fuentes añadieron que la sala quinta tienen un juez más desde la reestructuración para acortar los tiempos en la emisión de resoluciones.
La abogada de la plataforma reveló que el cambio de sala que estudiará sus casos «ha sido un varapalo» y criticó la decisión del TSJ porque «la sección cuarta estaba fallando en nueve meses y la quinta en más de dos años». «En unos casos donde los demandantes son personas de 80 o 90 años, que un tribunal tarde nueve meses o tres años puede condicionar que el dependiente pueda o no ver reconocido su derecho», argumentó la letrada Sandra Casas, quien afirmó no creerse la argumentación del TSJ de aumentar la celeridad porque, si así fuera, «hubieran dejado los temas de la dependencia en la sección cuarta».
La representante de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia aseveró que el cambio propuesto por el TSJ «nos hace sospechar que se están poniendo palos en las ruedas para reconocer los derechos de los dependientes, más cuando se sabe que la Conselleria de Bienestar Social no resuelve hoy en día ningún expediente y hay que recurrir a la justicia».
Para la abogada, «no tiene ningún sentido que los temas de dependencia los lleve la sección quinta que tiene un criterio totalmente distinto al resto de España donde sí que se avala la dependencia». «Estos fallos no se entienden ni moral ni jurídicamente porque la administración no puede retirar durante tres años expedientes de una persona que tiene una avanzada edad», remachó Sandra Casas.
Las sentencias sobre casos similares que han emitido hasta la fecha la sección quinta y la cuarta del TSJ son contradictorias. Una, la cuarta, da derechos a los dependientes sin tener el Programa de Atención Individualizada (PIA) aprobado por la conselleria, y otra, la quinta, lo deniega. Para Mariano Durán, decano del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), «es de exigencia jurídica» que dos secciones de la misma sala del TSJ den la misma resolución sobre un mismo tema. «En los juzgados de primera instancia y en la Audiencia ya se aplica este criterio, que por otra parte, es de sentido común», defendió Durán.
Según el decano del ICAV, que dos sentencias de una misma sala sean contradictorias tumba el principio de la «previsibilidad de las resoluciones» y genera indefensión. Por ello, Mariano Durán argumentó que debe ser el TSJ el que aclare o unifique la jurisprudencia de sus dos secciones para evitar estos posibles perjuicios en la defensa de los dependientes o, según añadió, en cualquier otro tema.
Levante-EMV contó ayer que el TSJ había trasladado desde la sección cuarta del TSJ, que venía dando la razón a los herederos de los dependientes en sus pleitos contra la Generalitat, a la quinta, que opta en casos similares por avalar las tesis de la Conselleria de Bienestar Social. Desde el Tribunal Superior de Justicia explicaron que los motivos del cambio no son otros que «mejorar la eficiencia» de la sala de lo contencioso-administrativo tras habérselo solicitado el CGPJ en una inspección rutinaria. Las mismas fuentes añadieron que la sala quinta tienen un juez más desde la reestructuración para acortar los tiempos en la emisión de resoluciones.
La abogada de la plataforma reveló que el cambio de sala que estudiará sus casos «ha sido un varapalo» y criticó la decisión del TSJ porque «la sección cuarta estaba fallando en nueve meses y la quinta en más de dos años». «En unos casos donde los demandantes son personas de 80 o 90 años, que un tribunal tarde nueve meses o tres años puede condicionar que el dependiente pueda o no ver reconocido su derecho», argumentó la letrada Sandra Casas, quien afirmó no creerse la argumentación del TSJ de aumentar la celeridad porque, si así fuera, «hubieran dejado los temas de la dependencia en la sección cuarta».
La representante de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia aseveró que el cambio propuesto por el TSJ «nos hace sospechar que se están poniendo palos en las ruedas para reconocer los derechos de los dependientes, más cuando se sabe que la Conselleria de Bienestar Social no resuelve hoy en día ningún expediente y hay que recurrir a la justicia».
Para la abogada, «no tiene ningún sentido que los temas de dependencia los lleve la sección quinta que tiene un criterio totalmente distinto al resto de España donde sí que se avala la dependencia». «Estos fallos no se entienden ni moral ni jurídicamente porque la administración no puede retirar durante tres años expedientes de una persona que tiene una avanzada edad», remachó Sandra Casas.
Las sentencias sobre casos similares que han emitido hasta la fecha la sección quinta y la cuarta del TSJ son contradictorias. Una, la cuarta, da derechos a los dependientes sin tener el Programa de Atención Individualizada (PIA) aprobado por la conselleria, y otra, la quinta, lo deniega. Para Mariano Durán, decano del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), «es de exigencia jurídica» que dos secciones de la misma sala del TSJ den la misma resolución sobre un mismo tema. «En los juzgados de primera instancia y en la Audiencia ya se aplica este criterio, que por otra parte, es de sentido común», defendió Durán.
Según el decano del ICAV, que dos sentencias de una misma sala sean contradictorias tumba el principio de la «previsibilidad de las resoluciones» y genera indefensión. Por ello, Mariano Durán argumentó que debe ser el TSJ el que aclare o unifique la jurisprudencia de sus dos secciones para evitar estos posibles perjuicios en la defensa de los dependientes o, según añadió, en cualquier otro tema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario