Unos 13.000 afectados acumulan retrasos de hasta tres años para recibir una prestación o contar con una plaza en un centro especializado
16.02.14 - 00:17 -
«Sólo nos queda la vía judicial, por lo que animamos a los dependientes a presentar recursos contra la Administración. La Justicia nos está dando la razón». Así de clara se mostraba ayer María José Mira, directora general de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), a la hora de valorar la situación que está atravesando el sector y las posibles soluciones para mejorar el día a día de este colectivo.
Mira recordó que, en la actualidad, la Comunitat cuenta con unos 13.000 expedientes sin resolver que se iniciaron entre 2011 y el pasado año. «Son personas a las que se les ha reconocido un grado de dependencia y un derecho a recibir un servicio; bien una prestación económica o una plaza en un centro», explicó la portavoz, «pero que todavía no cuentan con la resolución, por lo que la mayoría está en su casa sin recibir el servicio», resumió.
Tras múltiples manifestaciones y protestas infructuosas, el pasado mes de abril la entidad organizó a un grupo de expertos en la materia que comenzó a tramitar los primeros recursos. En estos meses, la asociación ha ganado la gran mayoría de los casos en los que ha intervenido, alrededor de 200. «Los tribunales están resolviendo de forma favorable para los dependientes en más de un 95 por ciento de los casos», precisaron desde la entidad. Animados por estas victorias judiciales, Aerte ha organizado una serie de jornadas informativas para explicar las medidas a adoptar; así como una fuerte campaña de difusión a través de las redes sociales. «Estamos informándoles sobre cómo proceder para conseguir la resolución de situaciones difíciles y, en algunos casos, dramáticas», concretaron.
Además de la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia, los técnicos están tratando también problemas en su ejecución e impagos de ayudas; desinformación y dificultades en la libre elección de centro o servicio; o problemas de tutela.
Por ejemplo, en la última jornada celebrada en el salón de actos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), a los profesionales del sector se les recomendó «coordinarse para conseguir objetivos comunes y recurrir al Tribunal Superior de Justicia en caso de que no logren solventar sus situaciones por vía administrativa»; mientras que a los solicitantes y beneficiarios de las ayudas a la dependencia «se les aconseja exigir sus derechos; presentar quejas por falta de resolución; y recurrir por vía administrativa y judicial en caso de falta de satisfacción de las mismas».
Por tanto, Aerte insiste en que la única solución es la vía jurídica ya que la Administración «siempre basándose en la falta de presupuesto termina por no resolver estas situaciones irregulares».
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