El Ejecutivo de Rajoy continúa con su plan privatizador de servicios públicos con la vista puesta ahora en el sector de la dependencia.
| 30 Octubre 2012 - 13:07 h.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla
El anuncio ha sido hecho por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, que ha negado que el Gobierno esté planteando una “derogación encubierta” de la Ley de Dependencia aprobada por el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sino "hacer sostenible" la norma en un momento en que "toca priorizar".
El Gobierno no se plantea derogar la Ley de Dependencia, pero apuesta por "derivar"gran parte de la actividad que genera hacia el sector privado, al considerar que cuenta con una red "profesionalizada", lo que permitirá una correcta evaluación en la aplicación de esta norma.
"Queremos derivar gran parte de la actividad hacia el sector empresarial porque es lo sensato, hay muchas empresas que se dedican a ello, es un sector maduro que hace un magnífico trabajo", ha defendido Moreno tras criticar que en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, se ha "primado" a las familias en el reparto de las ayudas frente a los cuidadores profesionales "por interés político".
Según Moreno, el Gobierno central no quiere eliminar la Ley de Dependencia ni se ha planteado una "derogación encubierta", sino "hacer sostenible" la norma en un momento en que "toca priorizar".
"Nuestra prioridad es que los servicios sociales se centren en aquellos que más lo necesitan", ha recalcado el secretario de Estado, que ha lamentado que la Ley de Dependencia no ha funcionado como se pretendía.
Según Moreno, la evaluación que se ha hecho a los cinco años de su aprobación indica que la ley estaba "atrofiada", con una lista de espera de más de 300.000 dependientes y un sistema "al borde del colapso, de la extinción".
En este sentido, ha justificado los acuerdos promovidos por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, que han propiciado una simplificación de los niveles de dependencia y una revisión de la prestación económica concedida a los cuidadores del entorno familiar, ya que "lo que era una excepción en la ley, se ha convertido en la generalidad".
"Hemos diseñado un sistema más justo, con criterios comunes en todo el territorio", ha subrayado.
El Gobierno no se plantea derogar la Ley de Dependencia, pero apuesta por "derivar"gran parte de la actividad que genera hacia el sector privado, al considerar que cuenta con una red "profesionalizada", lo que permitirá una correcta evaluación en la aplicación de esta norma.
Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, durante su intervención en el desayuno informativo organizado por la tribuna "Fórum Europa", en el que ha sido presentado por el alcalde de Sevilla y presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido."Queremos derivar gran parte de la actividad hacia el sector empresarial porque es lo sensato, hay muchas empresas que se dedican a ello, es un sector maduro que hace un magnífico trabajo"
"Queremos derivar gran parte de la actividad hacia el sector empresarial porque es lo sensato, hay muchas empresas que se dedican a ello, es un sector maduro que hace un magnífico trabajo", ha defendido Moreno tras criticar que en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, se ha "primado" a las familias en el reparto de las ayudas frente a los cuidadores profesionales "por interés político".
Según Moreno, el Gobierno central no quiere eliminar la Ley de Dependencia ni se ha planteado una "derogación encubierta", sino "hacer sostenible" la norma en un momento en que "toca priorizar".
"Nuestra prioridad es que los servicios sociales se centren en aquellos que más lo necesitan", ha recalcado el secretario de Estado, que ha lamentado que la Ley de Dependencia no ha funcionado como se pretendía.
Según Moreno, la evaluación que se ha hecho a los cinco años de su aprobación indica que la ley estaba "atrofiada", con una lista de espera de más de 300.000 dependientes y un sistema "al borde del colapso, de la extinción".
En este sentido, ha justificado los acuerdos promovidos por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, que han propiciado una simplificación de los niveles de dependencia y una revisión de la prestación económica concedida a los cuidadores del entorno familiar, ya que "lo que era una excepción en la ley, se ha convertido en la generalidad".
"Hemos diseñado un sistema más justo, con criterios comunes en todo el territorio", ha subrayado.
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