miércoles, 26 de febrero de 2014

Dependencia Crevillent


Bienestar Social ofrece reducir el copago a los discapacitados tras las protestas
La Generalitat plantea subvencionar el transporte a 800 usuarios de centros ocupacionales en la Comunidad
pino alberola / vídeo: manuel r. sala 25.02.2014 | 20:11
Los dependientes se niegan a pagar por las prestaciones y piden la dimisión de Fabra
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Bienestar Social ofrece reducir el copago a los discapacitados tras las protestas
Imagen de la protesta que sacó a 2.000 discapacitados el sábado a las calles de Alicante.
Imagen de la protesta que sacó a 2.000 discapacitados el sábado a las calles de Alicante. jose navarro

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Las asociaciones creen que las propuestas son insuficientes

La Conselleria de Bienestar Social se ha comprometido a introducir medidas que suavicen el desembolso que los dependientes tienen que realizar para pagar las residencias, centros de día y centros ocupacionales. Tras las multitudinarias manifestaciones del pasado fin de semana pidiendo que se elimine el copago, el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, se reunió ayer con representantes de varias asociaciones de discapacitados para trasladarles estas propuestas de su departamento. Por su parte, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) valoran esta negociación, pero consideran que las propuestas planteadas por la conselleria «están todavía lejos de nuestros objetivos». En los próximos días la entidad presentará «una contrapropuesta para seguir negociando», según explicó ayer su presidente, Joan Planelles.

Las principales mejoras planteadas por Bienestar Social pasan por aumentar el dinero que mensualmente les quedará a los usuarios de de las residencias tras abonar su plaza. Actualmente, dispononen de 126 euros mensuales, cantidad que pasará a 213,5. La conselleria también se ha comprometido a asumir los gastos de transporte de cerca de 800 usuarios de centros ocupacionales de ámbito comarcal que reciben a discapacitados de localidades cercanas. «La financiación anual aproximada será de unos 1.300 euros por usuario», señalan desde el departamento de Asunción Sánchez Zaplana. Por otro lado, también se quiere mejorar el cálculo de las prestaciones económicas por dependencia en beneficio de los menores de 18 años, «de manera que se tenga en cuenta la discapacidad individual del menor y no la renta familiar, como se ha venido haciendo hasta ahora». Además, para menores de 18 años se propone generalizar la prestación para personas en situación de dependencia por cuidador no profesional, algo que se contempla como excepción dentro del catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia.

En los casos de personas con discapacidad sobrevenida que sean cabeza de familia, se mantendrá la renta familiar en el cálculo de la capacidad económica. Manuel Escolano indicó ayer que la conselleria «contempla la supresión del requisito para los cuidadores no profesionales de no percibir prestación de desempleo, de manera que se podrán compatibilizar ambas prestaciones».

Asimismo, apuntó que las viviendas tuteladas podrán recibir tratamiento como recurso residencial, como se ha venido haciendo hasta ahora, o como recurso de noche, lo que las equipararía al centro de día y, por lo tanto, el usuario sólo realizaría aportación a partir de 532 euros.

El CERMI también valora que se elimine la responsabilidad de que los centros pleiteen con sus usuarios por los impagos, «aunque no se ha planteado una alternativa». Bienestar Social, añaden desde esta entidad, «se ha mostrado dispuesta a estudiar las situaciones de tutela o patria potestad, en que, hasta el momento, se le exige el copago a la persona que lo ejerce».

Las entidades que representan a las personas con discapacidad fueron llamadas a la reunión de ayer la semana pasada, después de que se convocasen las protestas que el pasado fin de semana sacaron a la calle a 2.000 discapacitados para protestar contra el copago, que en algunos casos, según han denunciado las entidades, obliga a las familias a desembolsar hasta 700 euros mensuales por hacer uso de un centro ocupacional o de día.

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