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Gráfico con la evolución de los benficiarios de la ley de Dependencia en Castilla-La Mancha.
Un mes más los datos de los principales indicadores de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha dan la razón a aquellas entidades, asociaciones, formaciones políticas y usuarios que denuncian el desmantelamiento progresivo de este derecho social en la región desde que gobierna el PP.
Según los datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a 31 de enero de 2014, otras 200 familias han perdido la prestación económica (198, en concreto) que recibían de la Junta.
También, otras 121 personas han perdido en enero el derecho a ser atendidos; hay 117 beneficiarios menos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia; así como 176 prestaciones y servicios, 44 teleasistencia y 24 servicios de ayuda a domicilio, menos.
Según los datos oficiales del Imserso, hay casi 7.000 familias de dependientes que han dejado de percibir la prestación económica con el Gobierno de Cospedal.
El caso de los niños de Daimiel
Estos datos llegan en un momento que la sociedad castellano-manchega se ha visto sacudida por la denuncia hecha, a través de una carta abierta a la presidenta de la Junta, María Dolores Cospedal, por la madre de Manuel, un menor de Daimiel, que es un gran dependiente y que ha visto como en el último año se le ha rebajado la cuantía económica de su prestación económica un 70% por parte del Gobierno de Cospedal.
La justificación de esta decisión es que Manuel, con parálisis cerebral, ya es atendido en un colegio, cuando va al centro de enseñanza porque está en edad escolar y su asistencia es obligatoria.
El PSOE, por su parte, ha anunciado que pedirá explicaciones al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, en las Cortes de Castilla-La Mancha por el caso de los siete menores de Daimiel, entre ellos Manuel, a los que se les ha rebajado o retirado la prestación, como ha adelantado El Porvenir.
Masivas revisiones de oficio
También, por las masivas revisiones de oficio que están llevando a cabo el Gobierno del PP y que prácticamente todas acaban con un grado o dos grados de dependencia menos para los usuarios.
Así, a los que dependientes que aún mantienen la prestación económica, además de la rebaja del 15% de la cuantía aplicada por el Gobierno de Rajoy, muchos han visto como se les ha reducido todavía más el importe de la ayuda con estas revisiones de oficio que ha llevado a cabo la Administración regional.
Unas revisiones que se aplican con el nuevo baremo para valorar a los dependientes, mucho más restrictivos en los requisitos para acceder a las ayudas de dependencia, que, sin embargo, debían ser de carácter excepcional, pero nunca como excusa para rebajar la atención o para sacar fuera a los beneficiarios del sistema.
Esta última fórmula es la que está utilizando de manera profusa el Gobierno de Castilla-La Mancha, como han denunciado la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y el PSOE.
Por último, de las 9.695 altas en la seguridad social de cuidadores no profesionales, especialmente cónyuges o hijas de las personas dependientes, apenas quedan 840 a 31 de enero de 2014. Castilla-La Mancha ha perdido más del 90% de los cuidadores cotizantes.
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