El Síndic de Greuges insta al Consell a saldar «sin más dilación» los impagos a APSA, que los trabajadores de la entidad cifran en 1,5 millones
A. TERUEL 28.02.2014 | 00:25
La deuda contraída en los dos últimos años por la Generalitat con la Asociación Pro-Discapacitados de Alicante (APSA) ha forzado el despido de 91 trabajadores de la entidad, según denunció ayer el comité de empresa. La plantilla achaca a los impagos los dos expedientes de regulación de empleo (ERE) que se han llevado a cabo en este tiempo, así como el atraso en el abono de las nóminas. Los empleados aseguran, en este sentido, que esta misma semana han recibido el 50% de la mensualidad de diciembre, por lo que se les debe todo lo que deberían haber cobrado desde entonces.
La presidenta del comité de empresa, María del Carmen Alcaraz, y la portavoz de CC OO en el órgano de representación de la plantilla, Asunción Muñoz, presentaron ayer en la sede del citado sindicato la respuesta a la queja que hace unos meses plantearon al Síndic de Greuges por esta cuestión. El defensor del pueblo autonómico recuerda «la obligación legal de las administraciones públicas de garantizar que las personas con discapacidad reciban una protección y atención integral», y, en este sentido, insta a la Generalitat a «que sin más dilación proceda al pago de las cantidades adeudadas». El comité de empresa cifra este montante en 1,5 millones de euros y afirma que, en los dos últimos años, los retrasos en las nóminas han llegado a alcanzar los cinco meses. Por ello, la representante de CC OO insistió en que la plantilla «ha dicho que ya está bien» al Consell.
En su respuesta, el Síndic sugiere al gobierno autonómico que «valore» los posibles perjuicios ocasionados y estudie «las medidas que puedan ser puestas en marcha» para paliarlos. También se recomienda, entre otras, la elaboración y puesta en marcha desde la Generalitat del Plan Integral de Actuación para las personas con discapacidad, con una dotación presupuestaria propia.
La presidenta del comité de empresa, María del Carmen Alcaraz, y la portavoz de CC OO en el órgano de representación de la plantilla, Asunción Muñoz, presentaron ayer en la sede del citado sindicato la respuesta a la queja que hace unos meses plantearon al Síndic de Greuges por esta cuestión. El defensor del pueblo autonómico recuerda «la obligación legal de las administraciones públicas de garantizar que las personas con discapacidad reciban una protección y atención integral», y, en este sentido, insta a la Generalitat a «que sin más dilación proceda al pago de las cantidades adeudadas». El comité de empresa cifra este montante en 1,5 millones de euros y afirma que, en los dos últimos años, los retrasos en las nóminas han llegado a alcanzar los cinco meses. Por ello, la representante de CC OO insistió en que la plantilla «ha dicho que ya está bien» al Consell.
En su respuesta, el Síndic sugiere al gobierno autonómico que «valore» los posibles perjuicios ocasionados y estudie «las medidas que puedan ser puestas en marcha» para paliarlos. También se recomienda, entre otras, la elaboración y puesta en marcha desde la Generalitat del Plan Integral de Actuación para las personas con discapacidad, con una dotación presupuestaria propia.
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