lunes, 24 de febrero de 2014

Patronales y sindicatos se unen para exigir el cumplimiento de la Ley de Dependencia

Eloísa Lamata | 8:51 - 24/02/2014
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Ana Mato. Imagen: EFE
Empresas y sindicatos quieren evaluar la aplicación y el cumplimiento de la Ley de Dependencia y, para ello, han retomado una vieja iniciativa, su propio Observatorio, a través del que pondrán en marcha estudios y elaborarán informes que ayuden a tomar el pulso a la realidad del sector.
Por ello, las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, Lares y Aeste) han decidido retomar 'El Observatorio de la Dependencia' para cooperar con las Administraciones Públicas en recuperar los objetivos iniciales de la Ley y poder reconducir la situación.
Y es que todas las organizaciones coinciden a la hora de señalar la Dependencia como un servicio y un sector de primera necesidad, al igual que lo son la Sanidad o la Educación. Y, sobre todo, cuando el crecimiento demográfico y el aumento de la esperanza de vida revelan datos como estos: ya hay un millón de personas mayores de 80 años, y serán 6 millones en el 2050.
La esperanza de vida ha ascendido a los 82 años, incrementándose año a año de forma reseñable. El porcentaje de personas mayores de 65 años se duplicará, llegando al 30 por ciento de la población en el año 2050. Serán entonces más de 16 millones de personas. "Nuestro objetivo es concienciar a los gobernantes de su obligación con la Ley de Dependencia y a los ciudadanos y ciudadanas de los derechos que les concede la norma", asegura Antonio Cabrera, secretario general de la de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO.
Atender este desfío en opinión de Jorge Guarner, presidente de Aeste, "pasa por prestar servicios prefesionales de calidad al ciudadano, y ello requiere que se exijan por parte de las Administraciones unos requisitos mínimos de calidad y de acreditación por grado de Dependencia".

La crisis no es excusa

Todos coinciden en rechazar la crisis como excusa para el desarrollo de la Ley cuando, por el contrario, se trata de un sector que genera puestos de trabajo y, por ende, riqueza. Sin embargo, a pesar de ello, cada vez son más numerosas las plazas residenciales vacías, estimándose en más de 50.000 en toda España, que unido a la morosidad del pago de las Administraciones "han puesto al sector en su conjunto al borde de la bancarrota", asegura J. Alberto Echevarría, presidente de FED. Según indica el secretario general de Lares, José María Gallardo, el Estado podría ahorrase 10.000 millones anuales si se atienden a los dependientes en residencias (150 euros al día) en lugar de en hospitales (650 euros).
Jesús Fernández, de la Federación de Servicios Privados de CCOO, ha asegurado que sólo el 45% de las licitaciones se han hecho públicas en los últimos años y que, en ellas, se ha registrado una pérdida de un 18% de los beneficios dada la diferencia entre lo presupuestado en los concursos y lo que se ha aportado en la adjudicación final.
Actualmente, el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) protege de manera efectiva a más de 700.000 personas y da ocupación a más de 190.000 trabajadores. Pero el rápido envejecimiento de la población origina necesidades asistenciales que deben ser cubiertas por los servicios sociales y sanitarios.
No en vano, España será uno de los países que más se va a ver afectado en relación al aumento del gasto público por el envejecimiento poblacional. En concreto, este desfase subirá 9 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) en 2060, casi el doble que la media comunitaria (4,6 puntos), situándose España en el grupo de mayor riesgo de los tres que contempla Bruselas, junto a Grecia, Rumanía o Irlanda.


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