El auto del juez sobre la Dependencia defiende a los enfermos

DOS AFECTADOS DE LOS 429 · VIVA JAÉN

Raúl Beltrán
11/02/2014 16:38

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“Debo acordar y acuerdo la suspensión cautelar de ejecutabilidad de la resolución recurrida de 28 de noviembre de 2013, debiendo mantenerse la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el marco de la Ley de la Dependencia por el Ayuntamiento de Jaén”. Así se pronunció ayer en su auto el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Jaén, José María Cañada Cle, sobre el conflicto de la Dependencia en Jaén tras la denuncia del convenio por parte del Ayuntamiento de Jaén y el abandono del servicio de ayuda a domicilio ligado a la Ley.
El juzgado adopta así medidas cautelares, es decir, establece que todo siga como estaba antes, mientras se dirime el fondo de la cuestión en el correspondiente proceso judicial, ya que entiende que lo que debe primar son los derechos de los enfermos que reciben la ayuda a domicilio vinculada a la Dependencia, 429 en Jaén capital, por encima de los argumentos planteados por una u otra administración.

El auto recoge y reconoce  que, “sin perjuicio a la sentencia que en su momento procesal pueda dictarse”, tanto la denuncia presentada en tiempo y forma por el Ayuntamiento, como la materialización de la misma en el decreto de 28 de noviembre de 2013 (por el que se abandona el servicio) parecen amparadas en las competencias y facultades que corresponden al Consistorio. “No obstante, ha de atenderse no solo a las apariencias de buen derecho, sino a los intereses que se encuentran pendientes de la adopción de esta medida cautelar”, estima el juez. En este sentido, también reconoce  el “quebranto económico que supone para la demandada (Ayuntamiento) la prestación del servicio en las condiciones actuales”, en alusión a los impagos de la Junta de Andalucía, que es quien financia la ayuda a domicilio de la Dependencia.

A pesar de ello, el auto del juez recoge que “ha de primar, sin género alguno de dudas, el de las personas afectadas de Dependencia que ya tienen ese derecho reconocido, el de las que puedan acceder al mismo o el que haya que reactivársele”, máxime cuando “tanto una como otra administración se comprometen públicamente a su prestación sin colaboración o con ella” (en el caso de la Junta de Andalucía según las declaraciones realizadas por sus responsables durante estos meses) o “se ofrecen para llegar a un nuevo convenio” ( en referencia a la oferta presentada por el alcalde la semana pasada a la Junta para firmar un nuevo acuerdo).

A pesar de la resolución del auto del juez y la claridad con la que adopta las medidas cautelares, el Ayuntamiento de Jaén no recoge en el comunicado que hizo público tras conocerse el auto ni una sola línea en la que se diga que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Jaen le insta a prestar el servicio de ayuda a domicilio vinculado a la Ley de Dependencia (“.... debiendo mantenerse la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el marco de la Ley de la Dependencia por el Ayuntamiento de Jaén”).

Otro auto
Por su parte, el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, según recoge Europa Press, se refirió al auto como un “varapalo” para la Junta de Andalucía, ya que dijo que el Ayuntamiento “siempre defendió que la denuncia del convenio se derivaba de los pagos que la Junta no efectuaba al Ayuntamiento y debía realizar”.

Sin hacer tampoco referencia a que el juzgado ha adoptado las medidas cautelares reclamadas por la Junta de Andalucía en su contencioso administrativo, instó a la administración autonómica a que “cuando haga públicos los autos, los lea en su integridad para que no obedezcan a ningún sesgo”.

Por su parte, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través de un comunicado, mostró su satisfacción por esta decisión del Juzgado Contencioso Administrativo y “la obligación trasladada al Ayuntamiento de Jaén de mantener el servicio de ayuda a domicilio”. Además recordó el grave perjuicio que la decisión del Ayuntamiento de Jaén suponía para las 429 personas beneficiarias de la ayuda a domicilio, en su mayoría con grados de dependencia severa y gran dependencia, que fue por lo que solicitó las medidas cautelares.