Ayuntamientos y centros de discapacitados hacen frente común para derogar el copago

ALICANTE

Alcaldes de la Comunitat, incluidos del PP, aprueban mociones para que la Generalitat dé marcha atrás a la aplicación del sistema 

01.02.14 - 01:17 - 

E. BROTONS | ALICANTE.

Los discapacitados están consiguiendo que ayuntamiento de la Comunitat, incluidos los del PP, se sumen a su lucha para que la Generalitat dé marcha atrás al copago en centros de día, ocupacionales y residenciales. Un sistema de recaudación con el que tampoco están conforme y se está acordando que en los servicios municipales no se aplique.

La ofensiva contra el copago no ha hecho más que comenzar. Los centros de discapacitados no están pasando la factura a sus usuarios por el coste. Estos días tocaría cobrar el primer mes de su entrada en vigor y las asociaciones se han negando. Hay mucha confusión y malestar en su aplicación y, ahora mismo, entidades sociales y la Conselleria de Bienestar Social están fijando líneas de trabajo a seguir.

Siguiendo las instrucciones del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat (Cermi- CV), las asociaciones no piensan convertirse en los recaudadores de una medida que, tal y como han denunciado en reiteradas protestas, «castiga» a uno de los colectivos más vulnerables. «Estamos para defender a nuestros usuarios, no para machacarles», afirmó su presidente, Joan Planells.

Este comité representa a más del 95% de las más de 400.000 personas con discapacidad en la autonomía y ayer mantuvo el primer encuentro con el recién nombrado secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, -junto con COPAVA (Coordinadora de Centres Ocupacionals) y FEAD (Federación Empresarial de Entidades Titulares de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual)- para abrir una vía de diálogo. Hay predisposición por ambas partes, pero Planells dejó claro que aunque hay «voluntad de diálogo» y a la espera a que se llegue o no a un consenso, todos las entidades que forman parte del Cermi-CV tienen instrucciones para que no lo apliquen y se conviertan en recaudadores. Las resoluciones que recibieron los familiares dejaban claro que la entrada su entrada en vigor era enero y fijaba el coste mensual de lo que tendrían que desembolsar.

Calendario de negociación

Esta próxima semana se fijará el calendario de negociación con el Consell, con la creación de cinco mesas de trabajo integradas por técnicos y directivos. Desde el Cermi se ha pedido que ningún tema relacionado con el sistema de aplicación sea «tabú» y, al parecer, desde Bienestar Social están dispuestos a una racionalización del copago y si no se deroga, al menos, a «amortiguar» los casos que lleven a la exclusión social. «Están dispuestos a estudiar cierta flexibilidad con las casuística», señaló Planells, quien insistió en que se debe tener en cuenta la situación económica del país.

Mientras, los ayuntamiento también se están rebelando contra la medida y desde el Cermi agradecieron este movimiento de apoyo. «Hay ayuntamientos de todos los signos políticos», añadieron. Los últimos fueron ayer Benidorm y Valencia. El pleno del Consistorio benidormí (PSOE) decidió por mayoría (los populares se abstuvieron) instar al Consell a «la derogación inmediata» -un día antes, en Xirivella (PP) también se tomaba la misma decisión-. Por su parte, en Valencia se aprobó por unanimidad una moción en la que se acordaba su no aplicación en los centros municipales y pedir al Consell que revise el decreto en el que se estipula. En el caso de que finalmente se obligue legalmente a los centros del consistorio a aplicar la ley, la alcaldesa, Rita Barberá, aclaró que el coste del servicio será asumido por las arcas municipales. Una decisión de la que se ha desmarcado el PP de Alicante al votar en contra de la propuesta socialista, que pedía su derogación.