Un reciente informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales expone que de los casi 1,2 millones de dependientes españoles, un 37% no recibe ningún tipo de prestación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). El mismo informe denuncia, entre otras cosas, que casi 450.000 personas se encuentran en lista de espera tras la entrada en vigor el 1 de julio del reconocimiento del derecho a la atención, además de los dependientes graves que ya estaban reconocidos con anterioridad, los dependientes moderados y, lo que en mi opinión es más cuestionable, las terribles diferencias que existen en los servicios prestados en función de la Comunidad Autónoma en la que vivan los beneficiarios de la prestación.
Ya no se sabe cuándo podrá entrar en vigor la obligación para el Estado de reconocer el derecho a todos los dependientes, que iba a entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2016 y tampoco se conoce si el grado de ayudas que reciben los grandes dependientes y los dependientes moderados, que ya no están en la lista de espera, es suficiente para vivir de una manera, definámosla, como suficiente.
En el otro lado de la balanza de los derechos sociales en nuestro país, el derecho a la salud goza de un extraordinario reconocimiento y se mantiene, a mayor gloria de los hitos de nuestra sociedad, en su teórica universalidad, gratuidad y equidad hasta sus últimas consecuencias. Desde la cobertura de las patologías más leves e innecesarias desde el punto de vista sanitario, hasta el alcance de esa misma cobertura que, no contentos con llegar a toda la población residente, nos planteamos que llegue a todos los inmigrantes que recalen en nuestro país con independencia de si su estancia es legal o no.
Y no estoy cuestionando que se dé cobertura a todo el mundo, pero sí que creo que si tan solidarios somos -que sin duda es así y la prueba más evidente es que para las cuestiones sociales no existe ningún partido en nuestro país que realmente tenga un planteamiento liberal si no al contrario-, lo que no es de recibo es dejar abandonados a su suerte y a sus propios medios -los que los tengan- a los ancianos y dependientes españoles, mientras damos total cobertura a las cuestiones sanitarias sin límite y sin priorizar nada ni nadie.
Los datos nos indican que para poder garantizar el derecho a la salud con las condiciones que nos impone la Ley General de Sanidad -universalidad, gratuidad y equidad-, debido al coste de la innovación y la cronificación de las enfermedades,en pocos años tendríamos que destinar hasta el doble de los recursos económicos que se consumen actualmente. En el año 2050 existirá más de un 30% de la población con más de 65 años y los mayores de 85, se multiplicarán por cuatro con respecto a las cifras actuales. Y si hoy por hoy no llegamos, ¿qué medidas tenemos pensadas para entonces? En realidad, a día de hoy, ninguna.
En nada me gusta el sistema sanitario de Estados Unidos basado en un sistema de cobertura estatal para los ancianos y discapacitados (Medicare) y para personas sin recursos (Medicaid), que deja a cada individuo la responsabilidad de contratarse un seguro para la cobertura sanitaria de su familia, porque a los precios en los que está el mercado sanitario americano deja sin acceso real al sistema, a una parte de la clase media del país. Pero tampoco se puede pasar al otro extremo -que sería lo que se pretende en nuestro sistema- porque consigues que el acceso real sea una quimera y todo aquello que no interese se pase a los «servicios sociales» manteniéndose una diferenciación entre los sectores del bienestar -sanitario y social- ilógica y sobre todo, injusta.
Tan mal funciona el sistema sanitario norteamericano al dejar de facto desprotegida a una parte importante de la población por incapacidad para utilizar los servicios por cuestiones económicas, como el nuestro, si la imposibilidad de acceso impide a los más desprotegidos disponer de cobertura real.
A quien corresponda, debe de afrontar el dilema socio-sanitario con sentido real de Estado, unificando todos los recursos en una misma bolsa y priorizando en función del estado de necesidad, qué coberturas se contemplan y el alcance de las mismas, porque en ello está el pilar del sostenimiento de nuestro futuro como sociedad. Lo que hoy es un desequilibrio injusto, de no tomar medidas en unos años, será una catástrofe organizativa que sólo producirá el efecto contrario a la solidaridad que pretendemos conseguir.
Juan Abarca Cidón, Director General HM Hospitales y Secretario General del Idis.
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