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La Generalitat incumple el plazo de 6 meses para responder en el 82% de los expedientes analizados
La Sindicatura no constata que la situación en la Comunidad Valenciana sea peor que en otras regiones
El Gobierno valenciano necesitaría una inyección adicional de 114 millones de euros anuales para atender las solicitudes de prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia, según un informe realizado por la Sindicatura de Comptes. El organismo fiscalizador no refleja en su estudio un desequilibrio sustancial de la situación en la Comunidad Valenciana respecto a otras regiones. El informe se extiende desde el 31 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2014.
Eso sí, detecta que el 82% de los expedientes analizados se resuelven con retraso, con el evidente perjuicio que se provoca para los solicitantes de la ayuda. Lay ley establece que se debe dar una respuesta en 6 meses. Según la Sindicatura, el plazo medio de respuesta en la Comunidad es de 13,77 meses.
El número de beneficiarios con derecho a prestación pendiente de su concesión a 31 de octubre de 2014 era de 12.816. Ello supone una reducción de 16.938, un 56,9%, respecto a los beneficiarios pendientes tres años antes.
"La complejidad del procedimiento conlleva a incurrir en un plazo excesivo que, no obstante, se ha ido reduciendo durante los últimos ejercicios. Lo mismo ha ocurrido con el plazo de pago de las obligaciones reconocidas, que se ha situado en 14 días, lo que supone una reducción de 71 días respecto a 2012", señala literalmente el informe de la Sindicatura.
El informe advierte de que una vez la Conselleria de Bienestar Social haya resuelto la totalidad de las solicitudes de reconocimiento de la dependencia, y entre en vigor el derecho a la prestación de las personas valoradas con un grado I (1 de julio de 2015), la Generalitat tendrá que hacer frente al pago de "un volumen significativo de prestaciones económicas, así como a la prestación de servicios". Sorprendentemente, la Conselleria de Políticas Inclusivas "no dispone actualmente de una memoria económica que cuantifique cuáles serían las necesidades presupuestarias adicionales para atender dichas obligaciones futuras".
Ante la inexistencia de esa estimación, los auditores han realizado su propia estimación del importe anual de
prestaciones económicas, a las que tendría que hacer frente la Generalitat una vez resuelva la totalidad de solicitudes. Y es así donde surge la cifra: 114,6 millones de euros. Para hac "Ordenación y prestaciones de la dependencia", tiene un presupuesto inicial paraernos una idea del esfuerzo que eso supone ha que tener en cuenta que la línea el ejercicio 2014 de 128.837 miles de euros, que representa el 18,3 % del presupuesto de la Conselleria. Prácticamente debería doblarse.
En 2014 se reconocieron obligaciones por prestaciones económicas por importe de 123,8 millones. A 31 de diciembre de 2012, el esfuerzo económico de la Comunitat Valenciana por beneficiario era superior a la media nacional. En esa fecha, la Generalitat destinaba 11.639 euros por beneficiario, cuando la media era de 9.664 euros. Lidera ese ránking Madrid, con 16.376 euros, le siguen Navarra, con 16.064 euros y Canarias y Asturias, ambas por encima de los 12.000 euros.
Las solicitudes de reconocimiento de la dependencia registradas en la Comunitat Valenciana ascienden a 96.610, un 1,9% de la población de la Comunidad Valenciana (la media es de 3,5 % en toda España, teniendo en cuenta que los índices de envejecimiento son similares). Se han emitido 93.075 dictámenes, que han dado lugar a 54.810 personas beneficiarias con derecho a prestación. De éstas, eran beneficiarias de prestaciones, 41.994, lo que supone el 76,6%, 4,4 puntos inferior al dato en todo el Estado .El número de prestaciones asciende a 48.949. Esta cifra supone una ratio de prestaciones por persona beneficiaria del 1,17. La media estatal se sitúa en el 1,26.
Como conclusión general, la Sindicatura entiende que "el excesivo tiempo que media entre la presentación de la solicitud y la percepción del servicio o prestación, incide en un colectivo especialmente vulnerable. Por ello, se debe exigir a las administraciones públicas que adopten las medidas necesarias para agilizar el procedimiento, y evitar, en la medida de lo posible, situaciones de desprotección de las personas que, potencialmente, serían beneficiarias de estas ayudas".
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