- No habrá más recursos para los beneficiarios a pesar de que hay más de 175.000 personas que siguen esperando una ayuda que tienen reconocida
- El presupuestos será de 1.177 millones de euros
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La ministra de Sanidad, Ana Mato, el pasado 25 de abril. EFE
No habrá más dinero para atender las necesidades de los dependientes a pesar del abultado número de personas (176.667 a finales del pasado agosto) que permancen en lista de espera. El Gobierno no dispondrá el próximo año más dinero para garantizar servicios y prestaciones a las personas que ya tienen reconocido el derecho. El montante total será de 1.177,04 millones de euros, un un 0,04% más que en 2014.
El Gobierno mantiene los 1.087 millones destinados al nivel mínimo, la suma de la cantidad que el Estado paga a las autonomías por cada dependiente. La partida es formalmente la misma que en las cuentas de 2014. No obstante, la inversión prevista para el año que viene consolida los recortes de los últimos años. Pues si la comparación se abre a 2012, el tijeretazo al nivel mínimo es del 15%.
Además, en las cuentas públicas para 2012, el Gobierno suprimió la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado. Se trataba de una cantidad de dinero –283 millones de euros en 2011– que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico. Las comunidades nunca han vuelto a recuperar ese importe. Y eso a pesar de que el coste total anual de la aplicación de la Ley de Dependencia en España asciende a alrededor de 6.000 millones de euros, una cantidad que abonan principalmente las autonomías.
El Gobierno mantiene los 1.087 millones destinados al nivel mínimo, la suma de la cantidad que el Estado paga a las autonomías por cada dependiente. La partida es formalmente la misma que en las cuentas de 2014. No obstante, la inversión prevista para el año que viene consolida los recortes de los últimos años. Pues si la comparación se abre a 2012, el tijeretazo al nivel mínimo es del 15%.
Además, en las cuentas públicas para 2012, el Gobierno suprimió la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado. Se trataba de una cantidad de dinero –283 millones de euros en 2011– que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico. Las comunidades nunca han vuelto a recuperar ese importe. Y eso a pesar de que el coste total anual de la aplicación de la Ley de Dependencia en España asciende a alrededor de 6.000 millones de euros, una cantidad que abonan principalmente las autonomías.
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