La Plataforma por la Dependencia de Castilla-La Mancha asegura que la congelación de los presupuestos afectaría a alrededor de 40.000 dependientes.
El colectivo asegura que las políticas que se han seguido en la materia proponen cambiar “un muerto por un vivo”.
Los presupuestos regionales destinados al área de la dependencia se han congelado para el 2015, manteniéndose en 96 millones de euros, lo que supone un 32% menos que al principio de esta legislatura, asegura la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. Esta medida, anuncia el colectivo, supone el abandono de todos los dependientes moderados de la Comunidad Autónoma, un total de 25.329 ciudadanos en toda la región.
A este número habría que añadir además los más de 14.000 castellanomanchegos en condición de gran y severa dependencia, que siguen sin recibir una respuesta adecuada respecto a las condiciones que establece la Ley de Dependencia. Así, la Plataforma denuncia que el Gobierno regional demuestra así una vez más que los dependientes no forman parte de sus prioridades, considerándolos como “ciudadanos de segunda”. Aseguran, además, que esto es un ataque directo a la Ley de Dependencia, con el fin de que “vaya muriendo”.
El concepto “evolución vegetativa de las personas dependientes”, es criticado severamente por el colectivo, quienes denuncian que se trata de un eufemismo para que los dependientes esperen sin límite a la prestación o servicio que les corresponde. Consideran así que lo que la Junta pretende para el colectivo es que cambien “un muerto por un vivo”. Con esta medida, la Plataforma sólo puede concluir que se está retrasando el calendario de atención a los dependientes moderados, por tercera vez, para que no sean atendidos en el próximo mes de julio como les corresponde, o que se pretende dilatar la atención en, al menos, seis meses a través de una “interpretación del Derecho Administrativo”.
Si no se lleva a cabo una atención adecuada a los ciudadanos en calidad de dependientes moderados, estos se verán obligados a acudir a los tribunales, para poder exigir los servicios que les corresponden por Ley. La Plataforma denuncia que estas opciones serían, respectivamente, “una canallada” y un “desconocimiento absoluto del sistema de dependencia”.
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