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La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado que el Gobierno de Cospedal ha congelado los presupuestos regionales para la atención a este colectivo en 2015.
Según este movimiento ciudadano, el presupuesto de la dependencia queda en 96 millones de euros, un 32% menos que al comienzo de esta legislatura, lo que supone el abandono de todos los dependientes moderados en la región que ascienden, según los últimos datos oficiales a 25.329 a los que hay que añadir los más de 14.000 grandes dependientes y dependientes severos que están esperando todavía a recibir lo que la Ley les reconoce.
"Una vez más el Gobierno de Cospedal vuelve a demostrar de forma clara y con datos que las personas en situación de dependencia son considerados ciudadanos de segunda y que tienen como fín último que la Ley de Dependencia vaya muriendo en función de lo que ellos llaman eufemísticamente evolución vegetativa de las personas dependientes y que simplemente significa que van falleciendo mientras esperan la prestación o servicio".
Para la Plataforma,"estos presupuestos para las personas dependientes son especialmente crueles porque muestran, de forma clara y diáfana, que un dependiente que esté peniente de recibir prestación o servicio debe esperar a que fallezca otro que ya lo recibe, en definitiva, parece que cambiar un muerto por un vivo".
Tres opciones, cada cual peor
La congelación de los presupuestos para dependencia en 2015 solo puede tener tres interpretaciones, según esta entidad ciudadana:
La primera que el Gobierno de Rajoy pretende volver a retrasar el calendario de atención a los dependientes moderados (y ya sería la tercera vez). Deben empezar a ser atendidos en julio de 2015,
La segunda, que pretenden dilatar la atención a estas personas en al menos seis meses por una cuestión de interpretación del Derecho Administrativo. "Dicho de forma clara, alargar los Programas de Atención Individual de todos estos dependientes más allá del 2015, obligándolos a acudir a los tribunales de justicia para reclamar esos servicios o prestaciones".
La tercera, "simplemente, se les ha olvidado incorporar esta necesidad presupuestaria para atender los compromisos adquiridos por Ley".
Para la Plataforma, la primera opción "sería una canallada, y quizás una opción inoportuna políticamente hablando, ya que las 40.000 personas que quedarían abandonadas implican mas de 130.000 votos".
La segunda opción, "denotaría un desconocimiento absoluto del sistema de dependencia ya que la inclusión de todas esas personas implica de forma inmediata el aumento de la financiación estatal (44,3 euros por dependiente moderado atendido).
La tercera y última opción, según este movimiento, "dicho con tristeza, no sería descartable en base a la ineptitud de este Gobierno".
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha urge al Gobierno de Cospedal a un cambio en la política hacia las personas dependientes.
"Además de ser de justicia social atender de forma adecuada a todas las personas en situación de dependencia, también es una excelente oportunidad de inversión social y no hacerlo significará abandonar a los ciudadanos y perder la oportunidad de generar más de 60.000 puestos de trabajo".
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