Los socios de Codifiva denuncian que su ex secretaria general, Juana Andrés, tenía a su servicio a auxiliares de un centro para hacerle la compra o «pasear a la perrita» y pagaba gastos personales con dinero de la entidad
12.10.2014 | 23:01
FRANCESC ARABÍ VALENCIA Aprovecharse del conductor del centro de día para discapacitados de Velluters y de auxiliares de servicios de un piso tutelado «para traslados particulares desde su domicilio» y «para pasear a la perrita», además de para «hacerle la compra»; «disfrute discrecional del servicio de ayuda a domicilio cuatro tardes a la semana» cuando el resto de usuarios tienen «dos como máximo» o «pago de gastos personales» con dinero de la Coordinadora de Discapacitados Físicos de la Comunitat Valenciana (Codifiva). Son sólo algunos de los cargos formulados contra ex secretaria general de esta entidad, Juana Andrés, que motivaron la apertura de un expediente disciplinario a instancias de la junta directiva de Codifiva. Todo ello bajo la acusación general de «obstaculización deliberada al cumplimiento de los fines sociales, mediante el uso de medios materiales y humanos de la asociación en beneficio propio».
El expediente incoado en febrero se sustanció con la destitución del cargo de secretaria general de la entidad y su expulsión de l asociación, tras considerar «acreditadas» esas actuaciones y algunas más, entre ellas el «trato vejatorio y desconsiderado» que «de manera generalizada» dispensaba la exsecretaria. Juana Andrés es la defensora del discapacitado en la Comunitat Valenciana, un cargo público al que accedió en marzo de 1996, en tiempos de Eduardo Zaplana.
La decisión de defenestrar y separar a Andrés de la entidad, adoptada por la directiva a propuesta del instructor del expediente fue avalada por la práctica unanimidad de la asamblea de asociados reunida el 12 de junio. 61 asistentes votaron a favor de las sanción y solo una persona desaprobó las medidas disciplinarias: el abogado que asistió en representación de Andrés. La expedientada declinó presentar alegaciones en el procedimiento interno abierto, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Preguntada por su destitución y expulsión, Juana Andrés rehuyó entrar al detalle y proclamó: «Está todo claro, claro como el agua. El único patrimonio que tiene la coordinadora [Codifiva] lo he hecho yo». Este periódico se puso en contacto con el presidente de la entidad, Jaime Utrillas, quien no quiso pronunciarse sobre la polémica y remitió al abogado de la asociación, que guardó silencio alegando secreto profesional. Otras fuentes de la entidad explicaron que la iniciativa decisión de actuar contra la que era su secretaria general se adoptó en vista de que ésta no dimitía una vez se le plantearon las presuntas irregularidades en la gestión. La renuncia de Andrés ha sido muy demandada también en su condición de cargo público. Desde la oposición hasta diversas entidades, como la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) o el comité de representación de la discapacidadCermi han exigido su destitución o dimisión.
Acusada de «servilismo»
La labor de Andrés como defensora del discapacitado ha sido muy cuestionada por el sector, en el que se han levantado voces acusándola de no plantar cara al Consell en defensa de las personas con discapacidad y mantener una actitud «servil» con quien la nombró. En Cocemfe, por ejemplo decidieron no acudir a ningún acto al que asistiera Andrés, que «sólo va a ponerse en la foto», declaró entonces el presidente de esta entidad, Carlos Laguna. Una actitud pasiva, pese a que la discapacidad es uno de los territorios más vulnerables y atacados por los recortes, como demuestra el hecho de que es uno de los ámbitos que más quejas genera ante la Sindicatura de Greuges. Los impagos y la falta de tramitación de ayudas y expedientes de dependencia o el copago ahora anulado por el TSJ no han suscitado ninguna crítica de Andrés contra el Consell, observan sus detractores.
Tras un paréntesis en su labor en esa oficina de la Generalitat, Rafael Blasco la repescó al poco de llegar a Bienestar Social en mayo de 2000. Desde el sector se llegó a proponer, como medida para activar la figura del defensor del discapacitado y garantizar su independencia, que fueran las Corts, y no el Consell, las que eligieran al defensor de las personas con discapacidad.
El expediente incoado en febrero se sustanció con la destitución del cargo de secretaria general de la entidad y su expulsión de l asociación, tras considerar «acreditadas» esas actuaciones y algunas más, entre ellas el «trato vejatorio y desconsiderado» que «de manera generalizada» dispensaba la exsecretaria. Juana Andrés es la defensora del discapacitado en la Comunitat Valenciana, un cargo público al que accedió en marzo de 1996, en tiempos de Eduardo Zaplana.
La decisión de defenestrar y separar a Andrés de la entidad, adoptada por la directiva a propuesta del instructor del expediente fue avalada por la práctica unanimidad de la asamblea de asociados reunida el 12 de junio. 61 asistentes votaron a favor de las sanción y solo una persona desaprobó las medidas disciplinarias: el abogado que asistió en representación de Andrés. La expedientada declinó presentar alegaciones en el procedimiento interno abierto, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Preguntada por su destitución y expulsión, Juana Andrés rehuyó entrar al detalle y proclamó: «Está todo claro, claro como el agua. El único patrimonio que tiene la coordinadora [Codifiva] lo he hecho yo». Este periódico se puso en contacto con el presidente de la entidad, Jaime Utrillas, quien no quiso pronunciarse sobre la polémica y remitió al abogado de la asociación, que guardó silencio alegando secreto profesional. Otras fuentes de la entidad explicaron que la iniciativa decisión de actuar contra la que era su secretaria general se adoptó en vista de que ésta no dimitía una vez se le plantearon las presuntas irregularidades en la gestión. La renuncia de Andrés ha sido muy demandada también en su condición de cargo público. Desde la oposición hasta diversas entidades, como la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) o el comité de representación de la discapacidadCermi han exigido su destitución o dimisión.
Acusada de «servilismo»
La labor de Andrés como defensora del discapacitado ha sido muy cuestionada por el sector, en el que se han levantado voces acusándola de no plantar cara al Consell en defensa de las personas con discapacidad y mantener una actitud «servil» con quien la nombró. En Cocemfe, por ejemplo decidieron no acudir a ningún acto al que asistiera Andrés, que «sólo va a ponerse en la foto», declaró entonces el presidente de esta entidad, Carlos Laguna. Una actitud pasiva, pese a que la discapacidad es uno de los territorios más vulnerables y atacados por los recortes, como demuestra el hecho de que es uno de los ámbitos que más quejas genera ante la Sindicatura de Greuges. Los impagos y la falta de tramitación de ayudas y expedientes de dependencia o el copago ahora anulado por el TSJ no han suscitado ninguna crítica de Andrés contra el Consell, observan sus detractores.
Tras un paréntesis en su labor en esa oficina de la Generalitat, Rafael Blasco la repescó al poco de llegar a Bienestar Social en mayo de 2000. Desde el sector se llegó a proponer, como medida para activar la figura del defensor del discapacitado y garantizar su independencia, que fueran las Corts, y no el Consell, las que eligieran al defensor de las personas con discapacidad.
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