El Ayuntamiento no dotará de medidas de accesibilidad hasta el 2017 ni cambiará ningún aspecto de su ordenanza para facilitar la entrada de la gente discapacitada en los autobuses. Así se lo comunicó a Anxela López, presidenta de Vigalicia, que se mueve en silla de ruedas y tiene difícil acceso al transporte público. Anxela presentó anteayer un recurso de reposición antes las instancias locales y anuncia que seguirá la vía judicial en caso de que Raxoi no resuelva la movilidad de los incapacitados.
Las personas que se mueven en silla de ruedas se sienten discriminadas, pese a todas las normativas favorables, a la hora de subir a los autobuses. Según la respuesta del propio Concello a sus requerimientos, solo el 50 % de los autobuses urbanos de Tralusa poseen sistemas de accesibilidad para personas impedidas.
Los vehículos que poseen mecanismos de elevación los tienen de dos tipos, rampas telescópicas automáticas y rampas manuales. Los que disponen de estas últimas las tienen de adorno, salvo que la persona con silla de ruedas lleve a un acompañante que la active. Y si no es así, el viajero se queda en tierra, ya que el conductor no sale de su asiento para manipular el mecanismo. Le ampara la ordenanza local. Y es raro llevar a un acompañante para subir a uno al autobús.
Solo queda la opción de las rampas automáticas, pero hay autobuses en las que estas no funcionan. Anxela López se ha visto obligada a no poder tomar un bus por ese motivo. En concreto, en su denuncia recoge la imposibilidad de utilizar los vehículos de la línea 11 por no funcionar el sistema automático. Solo le queda la alternativa de aguardar a un nuevo autobús en el que funcione la rampa. Pero eso es un riesgo, porque la frustrada viajera puede eternizarse en una parada. «Solo me queda a opción de desplazarme durante 45 minutos até o centro e mollándome se chove. Non podo esperar ao 2017», dice indignada.
En su demanda reclama al Ayuntamiento una inspección de los autobuses y que inicie un expediente sancionador contra la concesionaria por las rampas averiadas, lo que supone un incumplimiento de la empresa. «Esta é unha circunstancia que se produce reiteradamente», dice.
La negativa del Concello a establecer modificaciones para garantizar la accesibilidad antes del 2017, en que estará renovada la flota de vehículos, vulnera las normativas, legal, autonómica y estatal, así como la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, según la demanda de Anxela.
«Noutros concellos, por exemplo o de Valencia, o condutor ten que accionar a rampla manual»
Ánxela López
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