El XIV Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia destaca el retroceso en la aplicación de la Ley en la comunidad autónoma.
Los recortes en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguales han supuesto la pérdida de más de 26 millones de euros durante la legislatura.
La aplicación de la Ley de Dependencia en Cantabria ha sufrido un frenazo en los últimos años que deja a la región en una posición complicada. Lideró el gasto público en esta partida por habitante y año durante 2014, pero suspende en el análisis del XIV Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, que puntúa con 4,6 sobre 10 los servicios ofrecidos en la comunidad autónoma, un poco por debajo de la media española.
En un ranking que encabeza Castilla y León (10) y que cierra la Comunidad Valenciana (1,7), el documento refleja que Cantabria es una de las comunidades que atiende ya "a más del 90% de personas con derecho" a atención, lo que le permite -dentro de las limitaciones presupuestarias- mantener el sistema en cifras "razonables". Además, incide en que, en términos de financiación, es una de las regiones "más castigadas", siendo la aportación pública muy elevada respecto a la de la Administración General del Estado por nivel mínimo.
El informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que las comunidades autónomas han dejado de percibir 1.409 millones de euros -26,1 millones en Cantabria- en financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la Ley de Dependencia en lo que va de legislatura "como consecuencia de los recortes".
Cantabria es, además, la segunda región en la que más se incrementó el número de personas beneficiarias sobre el total de población, por detrás únicamente de Castilla y León, pero si se tiene en cuenta el número de solicitudes y dictámenes sobre el total de población, desciende al octavo puesto de la tabla.
Como puntos negros, el informe señala que Cantabria no está integrada de manera efectiva en la red de servicios sociales básicos, carece de buenas prácticas acreditadas por el Observatorio, tampoco tiene sistemas de información en tiempo real ni un seguimiento sistematizado de la situación.
El número de personas atendidas en la comunidad autónoma descendió un 5,6% en términos interanuales, más que el 3,3% de la media. Y en similar medida (-5,7%) evolucionaron en la región los expedientes de grado III.
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