Publicado en 2 de enero de 2016
García-Page, el pasado 28 de julio, recibió en el Consejo de Gobierno a la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. A la izq., su presidente, José Luis Gómez-Ocaña (izq.). A la dcha., Aurelia Jerez, portavoz en Guadalajara. // Foto: JCCM
Por Raquel Gamo
El caso de Alba sólo se da uno entre cada 20.000 o 25.000 nacidos de su enfermedad, el síndrome de Angelman. Sufre retraso psicomotor y mental, y su familia, que se gasta más de 500 euros mensuales en terapias, empezó cobrando el grado máximo de ayudas (520 euros) hasta que en la legislatura anterior la asignación se redujo hasta 350 euros. Las administraciones también recortaron la cotización por cuidador, en este caso, la madre de Alba, que desde ese momento tuvo que asumir el pago de 167 euros mensuales.
A Alberto, que acude a un colegio de educación especial en Guadalajara, le diagnosticaron a los siete meses Síndrome de West, una enfermedad catalogada como rara -en España sólo se conocen cuatro casos- que se traduce en ataques epilépticos difíciles de controlar, talla pequeña e imposibilidad de habla, entre otros síntomas. En aplicación de la Ley de Dependencia fue valorado como “Gran Dependiente”, lo que le garantizaba una prestación por cuidados en el entorno familiar de 520 euros, más la cotización de Aurelia Jerez, madre de Alberto, a la Seguridad Social. Tras los hachazos de los Gobiernos estatal y autonómico desde 2011, la prestación se contrajo hasta los 387 euros. Aurelia, además, ha perdido el derecho a una pensión de jubilación.
Estos testimonios formaron parte de la exposición fotográfica y el documental Luchando por la Dignidad, obra de los fotógrafos Nacho Izquierdo y Nando Rivero, y del realizador Lukasz Filar, y que ha recorrido varias localidades de la provincia.
Recuperar las prestaciones y los derechos cercenados a estos dependientes, y a todos los que se encuentran en una situación análoga, debe ser un objetivo central de esta legislatura en Castilla-La Mancha. Al menos, si el PSOE y Podemos no quieren dar al traste con el acuerdo que posibilitó el cambio de Gobierno regional en mayo pasado.
Del PP no hablamos porque es difícil asimilar la inquina con la que el Gobierno de Cospedal actuó contra el colectivo de la dependencia. Desde 2011 hasta el año que acabamos de despedir, el gasto en esta materia cayó en 4.000 millones de euros. Pero, sobre todo, se eliminó la dependencia de la agenda de prioridades. No se trata, por tanto, de dividir entre buenos y malos, sino entre quienes han horadado la dependencia como pilar del Estado del Bienestar y quienes aspiran a rescatarla del ostracismo legislativo y la indigencia presupuestaria en que la sumieron los populares en los cuatro años delcospedalato.
Y ahora le toca cumplir a Page y, por extensión, a Podemos, para lo cual será necesario recuperar el terreno perdido. Según el Observatorio de la Dependencia, Castilla-La Mancha fue, durante la etapa de Gobierno de Barreda, la segunda comunidad autónoma que mejor aplicó la Ley de Dependencia que en 2006 sacó adelante Zapatero, sólo superada por Castilla y León. El XV dictamen de este Observatorio, hecho público en agosto pasado, suspendió a Castilla-La Mancha con 4,6 puntos y consignó una “muy preocupante pérdida paulatina” de personas con derecho reconocido a la atención.
Regresar a la senda del pasado es, por tanto, una premisa ineludible. Y para ello hacen falta voluntad política y movilización de recursos económicos. Lo primero parece que ya se ha cumplido. Lo segundo está a la espera de su concreción en los Presupuestos de la región para 2016.
Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo Ejecutivo castellano-manchego fue retirar el recurso que el anterior Gobierno había interpuesto ante el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que declaraba nula la normativa de 2013 por la que se regulaba el sistema de dependencia. Es decir, Page eliminó la tramoya administrativa con la que Cospedal había enmarañado la liquidación de los servicios de dependencia.
A partir de ahí llegaron los gestos en forma de reuniones con colectivos como el Cermi -lo que hizo reaccionar con furia al colectivo dependiente- o la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha. En Guadalajara, sin ir más lejos, la primera reunión oficial que mantuvo el delegado de la Junta, Alberto Rojo, fue con Aurelia Jerez, la portavoz provincial de la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia.
Falta pasar de los gestos a los hechos, fundamentalmente, con la creación de un marco regulatorio que recoja el impulso a las políticas relacionadas con la atención a los discapacitados. Esta medida debería ir acompañada de la habilitación de un organismo encargado de hacer un seguimiento a la dependencia.
El programa electoral con el que el PSOE concurrió a las últimas elecciones regionales recogía la intención de volver a la casilla de salida de la legislatura anterior. El programa de Pedro Sánchez el pasado 20-D hablaba de “recuperar los principios” de la ley de dependencia, entre ellos, desarrollar la figura del asistente personal o potenciar la red de centros y servicios. En Castilla-La Mancha, sin dar cifras, Page se comprometió en junio a tramitar los expedientes acumulados de dependencia “en el plazo de un año”.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ya ha advertido de que “revisar el modelo de servicios sociales” será una de las principales tareas durante los próximos cuatro años. Y ahí la dependencia, obviamente, está llamada a ocupar un papel central.
Imagen de una protesta de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia // Foto: eldiario.es
José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma regional de la Ley de Dependencia -único colectivo que recurrió en los tribunales el dañino decretazo de Cospedal-, se muestra esperanzado con la nueva etapa de diálogo que se ha abierto con la Administración para sacar adelante un nuevo decreto. En todo caso, exige avanzar en el desarrollo de la Ley “reconociendo el trabajo de la plataforma con el aumento del número de personas que reciban prestaciones”.
También considera ineludible el compromiso electoral que asumieron PSOE, IU y Podemos en las recientes elecciones regionales de “derogar el anterior decreto de reconocimiento de la situación de dependencia”. Esto supone diseñar de facto un nuevo modelo que fije los requisitos de acceso al sistema público de dependencia y los criterios para evaluar el grado de cada paciente. En las palabras de Gómez-Ocaña noté una mezcla de razonable optimismo y de crítica expectación, a la espera de pasar de la poesía de las promesas a la prosa de los hechos.
Una de las alegaciones de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha sido eliminar el carácter excepcional de las prestaciones económicas a cuidadores familiares de dependientes. La Junta está dispuesta a admitir esta reivindicación, pero siempre que sean situaciones excepcionales. “Lo que no puede ser es que la dependencia sea exclusivamente una prestación económica para las familias de los dependientes, porque la persona dependiente no solamente está al cuidado de la familia, sino que hay que ofrecerle toda una variedad de prestaciones”, aseguró Sánchez en una entrevista coneldiario.es. Pero la Junta debe valorar, y aceptar, que estas situaciones son algo más que excepcionales, y la propia consejera lo reconoce cuando subraya que este tipo de casos se da en menores con alguna discapacidad que están al cuidado de sus padres o en las personas dependientes que residen en zonas rurales.
El pasado 29 de diciembre, el Gobierno de García-Page aprobó el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2016. Las cuentas contemplan una inversión superior a 500 millones de euros en dependencia, empleo y vivienda, pero por razones que se me escapan la Junta no ha matizado la partida específica para la materia que nos ocupa. Seguimos a la espera –tras pedirlo varias veces a los servicios de prensa-, de un dato que la Consejería de Hacienda sigue sin facilitar. Sí sabemos que Castilla-La Mancha fue, junto a Cataluña, las dos comunidades que más metieron la tijera en el gasto social (dependencia incluida) entre 2009 y 2015: un 26%, doce puntos más que la reducción media nacional.
Queda mucha tarea por delante en materia de dependencia. Quedan 24.000 expedientes aún sin tramitar en la región. Es una cifra que disminuye cada mes, pero no basta. Y se trata de una prioridad que no admite dilación. Se me ocurren pocas cosas más importantes que ofrecer una cobertura pública y acorde con sus necesidades al colectivo más débil y frágil de nuestra sociedad.
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