La Generalitat pagará con efecto retroactivo a 4.300 familias que acudieron a los tribunales por no recibir las subvenciones que marca la ley
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas busca el modo de adentrar en el sistema a más de 45.000 dependientes que, en estos momentos, continúan a la espera de que alguien les haga caso. Para ello, una de las primeras medidas que ha tomado ha sido el modo de valorarlos, puesto que a partir de ahora, el estudio (y por tanto el visto bueno) lo llevarán a cabo los Servicios Sociales de los distintos ayuntamiento. Además, ha aumentado de un modo considerable el presupuesto, una "alegría" para un sector que sufre desde hace años.
Tanto que muchos se han quedado por al camino. Las distintas fuentes que cada día trabajan en todos los aspectos relacionados con la dependencia aseguran que la ley aprobada en 2006 y que se puso en funcionamiento en 2007, al menos en la Comunitat, ha servido para poco. De hecho, afirman también que, según las estimaciones que ha realizado, más de 30.000 personas han fallecido antes de poder formar parte del sistema y de recibir la prestación que por norma les correspondía. "Se ha invertido muy poco", aseguran los afectados.
Lo que resulta evidente es que hace falta dinero para atender a aquellos que no pueden valerse por sí mismos, un dinero que debería llegar en mayor cantidad desde el Estado, cuya aportación no se acerca en un porcentaje elevado a la partida presupuestaria que le corresponde. Una financiación para que ingresen en el sistema los alrededor de 45.000 dependientes que esperan su subvención pública, pero también los 16.500 que en los próximos tres años formarán parte del sistema (61.500 en total). "Me parece fantástico que Mónica Oltra haya aumentado el presupuesto, pero debe saber que necesitará mucho más dinero en las próximas partidas. Los incrementos deberán ser similares a los actuales", asegura. Es decir, que tendrán que superarse de largo los 300 millones de euros, cuando actualmente ha costado mucho llegar hasta los 252 anunciados.
En ese sentido, desde la Plataforma de la Dependiencia de la Comunitat, advierten de que la "actitud que notamos en el actual Consell es distinta al anterior, mucho más receptiva, pero la carga es fuerte y les va a ser muy complicado lograr lo que buscan, aunque supongo que si lo dicen, es porque tendrán claro cómo hacerlo", indica a este periódico su portavoz Antonio Jiménez. "Habrán realizado los cálculos sobre lo que deben hacer, sino sería un suicidio y un absurdo asegurar que entrará todo el mundo en el sistema", añade "optimista".
La realidad actual de la Comunitat, al menos de momento, no permite ser tan optimista como Jiménez, sobre todo por culpa de "la infrafinaciación" que sufre. Mónica Oltra tenía la intención de llevar a cabo un incremento todavía mayor de los presupuestos destinados a su conselleria, pero fue imposible. El crecimiento ha sido del 18% respecto a la anterior partida, aunque la primera idea que tenían en mente desde el Consell era que aumentara 20 puntos más, pero no se aprobó por la necesidad de gastos que existen en Educación y Sanidad.
El presidente de la Asociación estatal de Directores Sociales, José Manuel Ramírez, se muestra "desconcertado" a LAS PROVINCIAS porque la Comunitat "lleva nueve años sin aplicar la Ley de Dependencia". De todos modos, no culpabiliza por ello los dirigentes valencianos, sino al Ejecutivo central. "Le di muchos palos en su día a Zapatero por cuestiones leves y, hasta el 20D hago responsable de la actual situación de vuestra región al Gobierno central de Mariano Rajoy, puesto que únicamente aporta un 15% a Servicios Sociales de la autonomía cuando según la normativa vigente debería llevarse a cabo un reparto equitativo del 50%", lamenta.
La idea es que muera la menor gente posible esperando y que los dependientes tengan en vida el confort que les corresponde. "Es obvio que en la mayoría de los casos se trata de gente mayor y con problemas, pero eso no significa que no deban recibir las ayudas que les corresponden", destaca Ramírez. Sin embargo, "en la Comunitat el estado del bienestar es dramático", asegura.
Los dependientes no pueden esperar tanto tiempo sin su subvención, tal y como sucedió a la abuela de Eva, una valenciana que vio como la anciana moría sin una respuesta por parte de la administración. "Tenía diabetes y perdió la vista por completo. Necesitaba alguien que la cuidara las 24 horas del día, pero la ayuda nunca le llegó. Mis padres tuvieron que dejarse mucho dinero hasta que la perdimos, cuando tendría que haber llegado desde el Estado", lamenta la joven.
Ante todo ello, José Manuel Ramírez recuerda que la mejor "inversión pública que se puede desarrollar es en este sector". En su opinión, todo el dinero que se destine a Servicios Sociales "no son un gasto sino una inversión, ya que repercute muy favorablemente en la creación de empleo y en la recaudación de impuestos". Por este motivo, desde su asociación consideran que será "necesario un esfuerzo económico similar en los próximos años o esperar que la financiación que llega desde Madrid sea justa".
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