Los centros especiales de empleo contratan cada vez más a personas con minusvalías leves, lo que resta oportunidades a quienes requieren más atención
STEFANIA GOZZER ARIAS Barcelona 29 NOV 2015 - 02:02 CET
Dani, contratado por un centro especial de empleo, en un parque de Barcelona. / ALBERT GARCIA
Dani nunca pensó que el accidente laboral que le dejó la rodilla dañada y un grado de discapacidad del 55% le sacaría de las listas del paro dos décadas después. Tras cinco años sin empleo, ya superaba los 40, había agotado los subsidios y recurría a sus padres para pagar los 700 euros de hipoteca y mantener a sus tres hijos. Hasta que un amigo le recomendó probar suerte en un centro especial de empleo (CET), cuya plantilla debe estar formada al menos en un 70% por personas con alguna minusvalía: “Casi no se te nota la discapacidad. Te cogerán fácilmente”.
Los discapacitados con graves dificultades han pasado de representar en 2010 el 71% de la fuerza laboral de los CET al 57,2% en 2014, según datos del Departamento de Empresa. Estos centros se crearon para ofrecer empleo subvencionado y con apoyo de profesionales a aquellos a los que el sector ordinario rechazaba. Pero, desde hace algunos años, el perfil más contratado es el de personas con minusvalías leves que hasta antes de la crisis nunca tuvieron problemas para hallar trabajo. Gente que recurre a estos centros, donde los salarios son muy bajos, hartos de no encontrar nada mejor.
Fuentes del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que esta práctica ha aumentado: “El mercado ha expulsado a mucha gente mayor de 40 años, que se ha sacado el certificado de discapacidad. No se están utilizando los CET como herramientas de integración, sino para conseguir bajos costes”. A diferencia de los centros laborales ordinarios, los especiales no pagan la cuota empresarial de la Seguridad Social. En Cataluña, además, 195 de un total de 209 reciben subvenciones que cubren parte de los sueldos de 13.504 trabajadores. El año pasado, las ayudas ascendieron a poco más de 68 millones de euros.
La Mesa del Tercer Sector denunció hace dos años en un informe que “el acceso a ayudas públicas ha generado una visión de oportunidad de negocio” en el que “la acreditación de discapacidad” se ve “como un valor de acceso a incentivos”. Pero como emplear a este colectivo no es sencillo y, a veces, no resulta rentable, “contratan personas con discapacidades leves que podrían trabajar en el mercado ordinario”. Así resultan “muy competitivos” respecto a los CET sin ánimo de lucro “porque gozan de las mismas ayudas y tienen trabajadores con una productividad más alta” que no necesitan monitores. Las entidades exigieron que se pueda desacreditar a quienes “abusen” del marco normativo.
“Todo es legal, no se saltan ninguna ley”, recuerda el responsable de CET de CC OO, Joan Martínez. Para beneficiarse de las ayudas que se dan por trabajador, la única exigencia es que este tenga una minusvalía igual o superior al 33%, sin especificar qué dificultades le acarree en el entorno laboral. “Antes, eran centros en los que chicos con discapacidad psíquica hacían bolis y montaban piezas. Ahora que se han abierto a prestar servicios, buscan personas que den valor añadido”, explica. Como Dani, cuya discapacidad solo se notaba en una leve cojera. O su ex compañero de trabajo, Tito, que tenía una acreditación del 33% a causa de una inteligencia límite que durante la burbuja inmobiliaria nunca le impidió encontrar faena en la construcción.
El gerente de la Federación de Centros Especiales de Cataluña (Fecetc), Miquel Vidal, admite que algunos centros se han convertido en “formas de financiar estructuras para pagar el salario de los técnicos”. Pero cree que esto es minoritario en Cataluña y que la mayoría cumple con la máxima de “buscar el trabajo adecuado para la persona y no al revés”.
El presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee), Albert Campabadal, duda de si es reprochable la contratación de personas que pueden competir en el mercado ordinario: “Si no están encontrando trabajo, pero van a un CET y allí se lo dan, no sé si hay que criticarlo o lo contrario”. El presidente de Dincat, Ramon Vives, recuerda que esta práctica resta oportunidades a los discapacitados con graves dificultades de inserción: “Está dentro de la ley, pero no tiene legitimidad, desvirtúa la misión de los CET”.
Dani, a quien el TEB Sant Andreu no le renovó el contrato después de que se rompiera los meniscos trabajando, reflexiona: “No encontré estabilidad en el CET, pero me dejó comer. Lo pasé mal porque hacía lo mismo que otros operarios pero ganaba menos por ser discapacitado. Pero es diferente cobrar 750 euros a fin de mes a no cobrar nada”. Por eso ni él ni Tito, que antes trabajaba en Xarxa Ambiental, quieren hacer públicos sus verdaderos nombres. Porque pese a estar convencidos de que algunos CET “se aprovechan de los discapacitados”, sospechan que el paro les empujará a tocar sus puertas otra vez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario