La legislatura acaba con una ley de dependencia sin recursos ni medios
Las cifras son demoledoras: unos 400.000 dependientes que tiene reconocido su grado se encuentran en lista de espera: más de 100.000 dependientes murieron sin recibir la ayuda que precisaban por ley; dos millones menos de euros para hacer efectiva una ley que contemplaba los derechos de los dependientes...Este es el triste balance de la aplicación de la ley de dependencia en estos últimos cuatro años, en los que los recortes han causado desatención y mucho dolor a las personas más desvalidas.
Este es el resumen elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en base a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que en la práctica, aseguran, supone la “destrucción” del servicio de dependencia, el ideado como el “cuarto pilar de la democracia”.
En estos años, “el sistema ha recibido n inmenso varapalo jurídico y financiero que ha recaído sobre las personas en situación de dependencia, sobre sus familias y también sobre las administraciones territoriales obligadas a la gestión y que se ven imposibilitadas para incrementar y mejorar las atenciones al ritmo requerido”, señalan desde esta asociación.
Según los datos publicados por el Ministerio en octubre de 2015, el servicio de dependencia muestra un saldo negativo desde el 2012: 1.124.529 beneficiarios menos, 39.334 dictámenes menos, 36.333 solicitudes menos, y 64.211 grandes dependientes menos. “Ello evidencia que desde el año 2012 se produjo una parálisis del sistema y un colapso que ha hecho que el incremento de personas dependientes, personas con derecho a atención y personas atendidas prácticamente se den en la medida en que se producen bajas”, indica el informe.
El dato más duro, sin duda, es el de los fallecimientos sin atención. “La reducción de la lista de espera es consecuencia evidente del fallecimiento de personas en dicha lista de espera sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Esta lamentable circunstancia podría haber afectado a 117.000 personas desde enero de 2012 y es, junto con la supresión del derecho a atención, la principal razón de la reducción de la lista de espera”, indican desde la asociación. Sólo en el último año, murieron más de 45.000 personas en situación de dependencia sin recibir ninguna prestación o servicio a la que tenían derecho, apuntan.
¿Algo positivo? El quehacer de las Comunidades Autónomas al conseguir, al menos, mantener e incrementar en el último año las atenciones basadas en servicios. El saldo interanual es de un incremento de casi 70.410 entregas de servicios. “Bien es cierto que el gasto público apenas se ha mantenido en los mismos niveles que en años anteriores, de manera que el ligero incremento de los servicios se ha conseguido a costa de dos factores: el incremento del copago de los usuarios y la reducción interanual neta de 22.000 prestaciones económicas por cuidados familiares”, señalan.
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