lunes, 30 de noviembre de 2015

400.000 dependientes, aún sin atención

La legislatura acaba con una ley de dependencia sin recursos ni medios

30/11/2015 18:12 | Actualizado a 30/11/2015 19:26

Las cifras son demoledoras: unos 400.000 dependientes que tiene reconocido su grado se encuentran en lista de espera: más de 100.000 dependientes murieron sin recibir la ayuda que precisaban por ley; dos millones menos de euros para hacer efectiva una ley que contemplaba los derechos de los dependientes...Este es el triste balance de la aplicación de la ley de dependencia en estos últimos cuatro años, en los que los recortes han causado desatención y mucho dolor a las personas más desvalidas.

Este es el resumen elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en base a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que en la práctica, aseguran, supone la “destrucción” del servicio de dependencia, el ideado como el “cuarto pilar de la democracia”.

En estos años, “el sistema ha recibido n inmenso varapalo jurídico y financiero que ha recaído sobre las personas en situación de dependencia, sobre sus familias y también sobre las administraciones territoriales obligadas a la gestión y que se ven imposibilitadas para incrementar y mejorar las atenciones al ritmo requerido”, señalan desde esta asociación.

Según los datos publicados por el Ministerio en octubre de 2015, el servicio de dependencia muestra un saldo negativo desde el 2012: 1.124.529 beneficiarios menos, 39.334 dictámenes menos, 36.333 solicitudes menos, y 64.211 grandes dependientes menos. “Ello evidencia que desde el año 2012 se produjo una parálisis del sistema y un colapso que ha hecho que el incremento de personas dependientes, personas con derecho a atención y personas atendidas prácticamente se den en la medida en que se producen bajas”, indica el informe.

El dato más duro, sin duda, es el de los fallecimientos sin atención. “La reducción de la lista de espera es consecuencia evidente del fallecimiento de personas en dicha lista de espera sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Esta lamentable circunstancia podría haber afectado a 117.000 personas desde enero de 2012 y es, junto con la supresión del derecho a atención, la principal razón de la reducción de la lista de espera”, indican desde la asociación. Sólo en el último año, murieron más de 45.000 personas en situación de dependencia sin recibir ninguna prestación o servicio a la que tenían derecho, apuntan.

¿Algo positivo? El quehacer de las Comunidades Autónomas al conseguir, al menos, mantener e incrementar en el último año las atenciones basadas en servicios. El saldo interanual es de un incremento de casi 70.410 entregas de servicios. “Bien es cierto que el gasto público apenas se ha mantenido en los mismos niveles que en años anteriores, de manera que el ligero incremento de los servicios se ha conseguido a costa de dos factores: el incremento del copago de los usuarios y la reducción interanual neta de 22.000 prestaciones económicas por cuidados familiares”, señalan.

Sara, una niña con parálisis cerebral que nunca se rinde

Al poco de nacer se le diagnosticó una parálisis cerebral de los miembros inferiores -Leucomalacia periventricular-. Siete años después a Sara Vieites Ferreiro (Cee, 2008) el deporte le ha cambiado radicalmente su vida. El pasado día 11 de abril tomó parte en su primera Carreira Popular. Fue en Carballo. Lo hizo en silla de ruedas con la ayuda de su padre. Recorrió 800 metros. La sonrisa y la emoción que vivió son indescriptibles.

Siete meses después ella sola, con un andador, disputó la Carreira Popular Concello de Muxía, nuevamente en la categoría de pitufos. Ocurrió el pasado domingo en la localidad de la Virxe da Barca. Eso sí sin que sus progenitores, Juan y Martina, no perdiesen un solo movimiento. Los médicos habían perdido la esperanza. Después de dos años de fisioterapia, no había mejorado. El pasado día 19 dejaron de darle las sesiones de rehabilitación en el Materno Infantil de A Coruña.

La vida de Sara Vieites, una niña de siete años, no fue nada fácil. Nació prematura en el hospital Virxe da Xunqueira, en Cee. Su madre era diabética. Estuvo diez días en la incubadora y sufrió apnea. Su madre recuerda: «Ningen che di nada, din que vai todo ben, que hai que ter en conta que foi prematura» (Nadie te dice nada, te dicen que todo va bien, que hay que tener en cuenta que fue prematura) y también recuerda con tristeza, «Vemos a Sara colocar mal o pe. O pedriata mándanos ao trauma ao Materno na Coruña». (Vemos a Sara colocar mal el pie. El pediatra nos manda al traumatólogo al Materno en A Coruña)

Estuvo en lista de espera para las terapias, por lo que sus padres la mandaron a un fisio privado en la ciudad herculina, porque, como comenta Martina, «pola zona de Cee ninguén traballa con nenos». Con 18 meses piden una resonancia magnética de cabeza. Con 30 le hacen la resonancia. Un año esperando. Es cuando saben que tiene parálisis cerebral que le afecta a los miembros inferiores. Y es cuando le comunican que nunca llegará a caminar.

Pero el deporte, la fuerza de voluntad de Sara, como una tauro que es, fue cambiando todo de un plumazo. Primero acudió a Carballo en una silla de ruedas. Después, el 27 de junio compitió en Cee; el 20 de agosto en Noia; el 6 de septiembre, en Muros; el 27 de septiembre en Corcubión; el 18 de octubre en Fisterra y, finalmente, el pasado día 22 en Muxía. En esta oportunidad, por primera vez, sola y ayudada con un andador. La sonrisa siempre en su cara, desde las primeras veces ayudada por su padre Juan, hasta incluso en Fisterra de la mano de su madre Martina. Al llegar a meta y después de los 800 metros de rigor en Muxía comentó: «Sinto o corazón latir», pero seguidamente profirió: «Cando é a próxima». Además se sintió especialmente orgullosa, porque: «Mamá non cheguei de última».

Sara estudia segundo de primaria en el colegio Eugenio López de Cee. Este año va bien en los estudios, algo que no ocurría en el pasado. Tenían que levantarse a las 6,30 de la mañana para ir a Coruña tres veces a la semana para la rehabilitación. En este curso le cambiaron el horario y al ser más tarde, rindió mucho mejor en el colegio.

Los médicos aseguraron que no podían hacer más, pero su madre, Martina, no estaba de acuerdo: «Estou segura de que a miña princesa, loitadora e valente como é, vai conseguir moito máis». Las palabras de uno de sus grandes apoyos conjuntamente con su padre, Juan, fueron una premonición.

La fuerza de voluntad que demostró Sara provoca que Martina diga en voz alta: «Dános a nós cada día una lección». Sara, siempre con la sonrisa y con la alegría que expresan sus ojos, se transforma con el deporte, porque le da tal plus que obró el milagro en siete meses, aunque después de mucho trabajo y sacrificio. Una de sus muchas cualidades es que le gusta ayudar a los demás, al igual que ir a la piscina, ver cine, o, últimamente, jugar a la brisca con su abuela, que le enseñó a disfrutar de las cartas.

También participó en julio en el Día de la Bicicleta de Cee. Sus padres tuvieron que atarle los pies a los pedales y recurrir a los ruedines para realizar una parte de la carrera organizada por La Voz de Galicia y Radio Voz en esa localidad.

Que verdad más grande

Las entidades adeudan nóminas por los impagos de la Junta de Andalucía desde enero

Los impagos de la Junta ponen contra las cuerdas a los Centros de Atención Temprana

Las entidades adeudan nóminas por los impagos de la Junta de Andalucía desde enero

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Empleados de un Centro de Atención Temprana de la capital cordobesa - VALERIO MERINO

«No sabemos hasta cuándo podremos continuar con esta situación». Ésta es la frase del presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López, que se repite en una decena de Centros de Atención Temprana en la provincia a los que la Junta les ha recortado las sesiones por niño y les adeuda subvenciones desde el mes de enero a junio -más de 165.136 euros-. Una cantidad límite que se sitúa muy por debajo del coste real del servicio a menores con graves secuelas físicas y psíquicas de hasta 6 años. Los recortes, por hacerse una idea, están siendo de en torno a un 31,9 por ciento, respecto al coste real del servicio prestado de antemano por estas entidades sin ánimo de lucro. Por si eso fuera poco asfixiante, la Junta, que no ha querido dar su versión a ABC, recorta además a partir del pasado 1 de julio, en el modo concierto que ha orquestado en toda Andalucía el pago por sesión, que no cubre ni la mitad del coste real.

Centros concertados como San Juan de Dios en Córdoba, que atienden a270 niños procedentes del Sistema Andaluz de Salud, mientras otros 30 llegan con tarjeta sanitaria privada, reconocen que una sesión ronda los 28 o 30 euros (logopedia, psicología, fisioterapia) mientras que la Junta sólo paga 12,60 y eso si el niño asiste a la sesión, independientemente de que el local tenga que mantenerse abierto y el resto de trabajadores en el centro. Elena Garrido, coordinadora de esta entidad, reconoció a ABC que «lo lógico es que lo que pague la Junta en su concierto se ajustara al coste real de la atención».

«Lista de espera no hay», asegura la responsable del Centro de Atención Temprana de la Universidad de Córdoba, que al tratarse de la misma Administración, ellos no tienen queja y reciben el pago de las sesiones mes a mes, sin ningún problema. Una situación extraña que nada tiene que ver con el resto de Centros de Atención Temprana, desde el Síndrome de Down en Córdoba a Asperger o Aprosub, sin olvidar la Parálisis Cerebral a un sinfín de trastornos difíciles de catalogar que precisan máxima atención y cuidados.

La Plataforma Andaluza de Atención Temprana -formada por 19.000 familias, madres, padres o abuelos con hijos o nietos que precisan esta atención- han denunciado esta situación de recortes e impagos de la Administración andaluza y, de la falta de concreción sobre la promesa de pagar la deuda acumulada hasta este mes (en total, seis meses) por las terapias ofrecidas o pagadas por los padres como adelanto.

La sospecha generalizada de esta Plataforma Andaluza de Atención Temprana que se abre camino, es que la nueva fórmula de concierto de dos años de la Junta puesta en marcha este verano, va a servir para «quitar de en medio» a las asociaciones sin ánimo de lucro, manteniendo a las familias que ya están siendo atendidas para que no protesten, de momento, pero comenzando a derivar a los nuevos menores que entren a los grandes centros privados. «El negocio de la salud está servido», a juicio de Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana.

"Accesibilidad no es una rampa, es mucho mas"

La legislatura acumula un recorte de 2.000 millones para los dependientes

El sistema de evaluación se ha endurecido y hay un 5% más de solicitantes sin ayuda

CARMEN MORÁN Madrid 29 NOV 2015 - 21:59 CET

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"La dependencia no es viable”. Lo dijo el presidente Mariano Rajoy tres días antes de ganar las elecciones el 20 de noviembre de 2011 y así salió publicado en EL PAÍS. De nuevo en campaña, algunos partidos plantean ahora abrir la Constitución para incluir en ella, entre otras cosas, los servicios sociales como un derecho inalienable. Y la dependencia es básica en este cuarto pilar del Estado de bienestar. Pero ha conocido momentos mejores.

Con datos oficiales, en la actualidad hay 779.373 dependientes recibiendo alguna ayuda estatal, casi 1.200 menos que en julio de 2012, cuando el Gobierno aprobó el decreto que modificó hasta 14 artículos de la ley y que supuso el gran recorte de la dependencia. Yla lista de espera de dependientes reconocidos —aquellos que no pueden valerse por sí mismos para las actividades diarias— alcanza las 400.000 personas, en cifras redondas, y siempre con datos publicados por el Gobierno en su estadística mensual.

Las propuestas de los partidos

PSOE. Reconocimiento en la Constitución de los servicios sociales —entre ellos la dependencia— como un derecho inalienable que no dependa de los recursos económicos de cada momento para su prestación. Ese blindaje llevará consigo la revitalización de la ley de dependencia “con la financiación necesaria”.

Ciudadanos. La atención a dependientes será un derecho fundamental recogido en la Constitución.

Podemos. Restablecer la financiación de la ley a como estaba antes de los recortes del PP; eliminar el copago y la lista de espera.

IU-Unidad Popular. Los derechos sociales se igualarán en protección jurídica con el resto de derechos constitucionales, lo que implicaría que fueran reclamables en los tribunales.

PP. El partido aún no ha presentado sus propuestas electorales en esta materia.

En esta legislatura, además, el sistema ha perdido 83.000 grandes dependientes, es decir, los más graves, cuya asistencia sale más cara. Un nuevo informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales achaca esta caída a la aplicación del nuevo baremo, con el que se determina el grado de discapacidad de las personas. También han bajado por miles el resto de los dependientes reconocidos, es decir, los severos y los moderados. “El baremo se ha endurecido y ha aumentado en un 5% el número de personas que se quedan a las puertas, es decir, a los que no se les reconoce una dependencia suficiente para optar a una ayuda. Es simple, si el examen es más difícil, los suspensos aumentan”, explica el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Con una crisis que no ha dado tregua en esta legislatura, muchas familias se han empobrecido, pero los recortes no han pasado por alto los servicios sociales, y la ley de dependencia fue la primera que conoció la tijera. Apenas llegar al poder, Rajoy aplazó el calendario de entrada al sistema de los dependientes moderados, que solo han podido hacerlo el mes de julio pasado. ¿Han recibido por fin sus ayudas? No. Han pasado en su gran mayoría a la lista de espera, como demuestran las cifras oficiales. Salvo este dato, el aumento del número de los que esperan, un tapón que el sistema no es capaz de diluir, prácticamente el resto de los indicadores han caído.

La sociedad ha percibido también que el sistema estaba mortecino, dicen estos expertos, y esa es la razón, añaden, de que “se hayan reducido las solicitudes de ayuda en 36.000 desde julio de 2012”, siempre con datos oficiales. “Las reformas y los recortes han colapsado la aplicación de la ley y miles de ancianos han muerto sin su ayuda. No se mueren porque no estén atendidos, que de eso ya se encargan las familias, pero sí sin una ayuda a la que tenían derecho por ley. Y los que trabajamos directamente con estas personas sabemos en qué condiciones están muchos ancianos, sobre todo aquellos que no tienen una red familiar”, explica Ramírez.

La dependencia ha perdido con los recortes 2.000 millones de euros esta legislatura, porque se suprimió un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado, 285 millones y después se redujo en un 13% la otra gran fuente de financiación, el nivel mínimo, que es el importe que destinan las Administraciones por cada dependiente en función de su grado de discapacidad. “Y las diferencias entre comunidades son enormes, tanto en los plazos para acceder a una ayuda como en lo que tiene que aportar el ciudadano para pagar el servicio”, dice Ramírez. Porque esta ley nació con copago.

La asociación pide a los políticos que ahora están en campaña que avancen hacia un pacto de Estado que garantice el acceso a estos servicios y que se devuelva la financiación perdida.

“Mi discapacidad me sacó del paro”

Los centros especiales de empleo contratan cada vez más a personas con minusvalías leves, lo que resta oportunidades a quienes requieren más atención

STEFANIA GOZZER ARIAS Barcelona 29 NOV 2015 - 02:02 CET

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Dani, contratado por un centro especial de empleo, en un parque de Barcelona. / ALBERT GARCIA

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Dani nunca pensó que el accidente laboral que le dejó la rodilla dañada y un grado de discapacidad del 55% le sacaría de las listas del paro dos décadas después. Tras cinco años sin empleo, ya superaba los 40, había agotado los subsidios y recurría a sus padres para pagar los 700 euros de hipoteca y mantener a sus tres hijos. Hasta que un amigo le recomendó probar suerte en un centro especial de empleo (CET), cuya plantilla debe estar formada al menos en un 70% por personas con alguna minusvalía: “Casi no se te nota la discapacidad. Te cogerán fácilmente”.

Los discapacitados con graves dificultades han pasado de representar en 2010 el 71% de la fuerza laboral de los CET al 57,2% en 2014, según datos del Departamento de Empresa. Estos centros se crearon para ofrecer empleo subvencionado y con apoyo de profesionales a aquellos a los que el sector ordinario rechazaba. Pero, desde hace algunos años, el perfil más contratado es el de personas con minusvalías leves que hasta antes de la crisis nunca tuvieron problemas para hallar trabajo. Gente que recurre a estos centros, donde los salarios son muy bajos, hartos de no encontrar nada mejor.

Fuentes del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que esta práctica ha aumentado: “El mercado ha expulsado a mucha gente mayor de 40 años, que se ha sacado el certificado de discapacidad. No se están utilizando los CET como herramientas de integración, sino para conseguir bajos costes”. A diferencia de los centros laborales ordinarios, los especiales no pagan la cuota empresarial de la Seguridad Social. En Cataluña, además, 195 de un total de 209 reciben subvenciones que cubren parte de los sueldos de 13.504 trabajadores. El año pasado, las ayudas ascendieron a poco más de 68 millones de euros.

La Mesa del Tercer Sector denunció hace dos años en un informe que “el acceso a ayudas públicas ha generado una visión de oportunidad de negocio” en el que “la acreditación de discapacidad” se ve “como un valor de acceso a incentivos”. Pero como emplear a este colectivo no es sencillo y, a veces, no resulta rentable, “contratan personas con discapacidades leves que podrían trabajar en el mercado ordinario”. Así resultan “muy competitivos” respecto a los CET sin ánimo de lucro “porque gozan de las mismas ayudas y tienen trabajadores con una productividad más alta” que no necesitan monitores. Las entidades exigieron que se pueda desacreditar a quienes “abusen” del marco normativo.

“Todo es legal, no se saltan ninguna ley”, recuerda el responsable de CET de CC OO, Joan Martínez. Para beneficiarse de las ayudas que se dan por trabajador, la única exigencia es que este tenga una minusvalía igual o superior al 33%, sin especificar qué dificultades le acarree en el entorno laboral. “Antes, eran centros en los que chicos con discapacidad psíquica hacían bolis y montaban piezas. Ahora que se han abierto a prestar servicios, buscan personas que den valor añadido”, explica. Como Dani, cuya discapacidad solo se notaba en una leve cojera. O su ex compañero de trabajo, Tito, que tenía una acreditación del 33% a causa de una inteligencia límite que durante la burbuja inmobiliaria nunca le impidió encontrar faena en la construcción.

El gerente de la Federación de Centros Especiales de Cataluña (Fecetc), Miquel Vidal, admite que algunos centros se han convertido en “formas de financiar estructuras para pagar el salario de los técnicos”. Pero cree que esto es minoritario en Cataluña y que la mayoría cumple con la máxima de “buscar el trabajo adecuado para la persona y no al revés”.

El presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee), Albert Campabadal, duda de si es reprochable la contratación de personas que pueden competir en el mercado ordinario: “Si no están encontrando trabajo, pero van a un CET y allí se lo dan, no sé si hay que criticarlo o lo contrario”. El presidente de Dincat, Ramon Vives, recuerda que esta práctica resta oportunidades a los discapacitados con graves dificultades de inserción: “Está dentro de la ley, pero no tiene legitimidad, desvirtúa la misión de los CET”.

Dani, a quien el TEB Sant Andreu no le renovó el contrato después de que se rompiera los meniscos trabajando, reflexiona: “No encontré estabilidad en el CET, pero me dejó comer. Lo pasé mal porque hacía lo mismo que otros operarios pero ganaba menos por ser discapacitado. Pero es diferente cobrar 750 euros a fin de mes a no cobrar nada”. Por eso ni él ni Tito, que antes trabajaba en Xarxa Ambiental, quieren hacer públicos sus verdaderos nombres. Porque pese a estar convencidos de que algunos CET “se aprovechan de los discapacitados”, sospechan que el paro les empujará a tocar sus puertas otra vez.