El copago ahoga a más de 3.000 discapacitados y ancianos de Castellón

Las residencias de mayores auguran la marcha de usuarios al no poder afrontar una mayor aportación. Los afectados instan a Bienestar Social a derogar ya la medida por injusta, pero la Conselleria guarda silencio

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SARA RIOS 08/01/2014

GABRIEL UTIEL

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Más de 3.000 discapacitados y personas mayores de la provincia de Castellón están en pie de guerra contra el copago que la Conselleria de Bienestar Social tiene previsto aplicar desde este mismo mes de enero. Una nueva tasa que, en el caso de los discapacitados, llega hasta a quintuplicar la aportación que ya venían realizando y que en la mayoría de los casos les deja casi sin recursos propios, ya que supone el 90% de su renta personal.

La situación es “dramática”, según denuncian de forma unánime los 15 colectivos de discapacitados de la provincia a los que afecta el copago, ya que auguran que muchos de los 1.500 usuarios a los que perjudica no podrán hacer frente a la nueva cuantía y se darán de baja del servicio. Tanto es así que desde hoy mismo afectados y familiares empezarán a presentar en la Delegación Territorial de Bienestar Social en Castellón un “aluvión” de recursos de alzada con el objetivo de que la Conselleria escuche sus demandas y anule esta medida, que además contempla 14 mensualidades en vez de 12. De momento, el departamento de Asunción Sánchez Zaplana guarda silencio y declina pronunciarse.

Y es que hay casos en los que un discapacitado que hasta ahora abonaba 400 euros al mes por una plaza de residencia deberá pagar 1.800 euros al mes. Además, asociaciones como Afanías, Aspropace, Síndrome de Down o Frater han detectado “graves” errores en el cálculo realizado por Bienestar Social, por eso llaman a las familias a recurrir.

SOLIDARIDAD // “En Afanías van a presentar recurso casi todos los usuarios -hay 160 personas- hasta aquellos a los que les sale a pagar cero por solidaridad con el resto”, aseguró ayer el presidente de esta asociación de discapacitados intelectuales, Juan Bru.

Al revisar las distintas notificaciones de copago, las asociaciones han advertido que aquellas personas discapacitadas más golpeadas por el nuevo copago son las que perciben una pensión por orfandad, así como las que cuentan con algún inmueble a su nombre o dinero a plazo fijo, que su familia les ha previsto de cara a un futuro. “Es injusto que alguien que ha perdido a su progenitor, que era quien sustentaba la economía familiar, vea ahora cómo sufre un mayor copago al contabilizar esta pensión como renta”, denuncia la gerente de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, Mar Tirado.

De igual modo la gerente de Aspropace, María Dolores Tirado, califica de “injusto” que la Conselleria tenga en cuenta este tipo de pensión a la hora de calcular el copago de cada usuario.

“Es muy duro pasar de tener cierta autonomía, como ocurría hasta ahora, a tener casi que pedir limosna, porque hay usuarios a los que solo les quedarán poco más de 100 euros al mes para sus necesidades”, criticó la directora de la residencia de Frater Castellón, Rosa Gual.

RECAUDADORES // Sin duda, uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos que dan voz a los discapacitados es el hecho de que se van a convertir en entidades recaudadoras, ya que serán ellas las que deberán cobrar a los usuarios y sus familias el nuevo copago. Esta cantidad será la que la Conselleria de Bienestar Social les restará de las subvención anual que reciben. “Nos va a tocar perseguir a la gente para que pague y, cobremos o no, nos lo van a descontar de la subvención”, denunció el presidente de Afanías.

TERCERA EDAD // El nuevo copago no también afecta a entre 1.500 y 2.000 personas mayores que se encuentran en residencias de mayores de la provincia de Castellón ocupando plazas públicas o concertadas, según cálculos del sindicato CCOO. Así, según expresó su portavoz, Encarna Barragán, pasarán a pagar 14 mensualidades en lugar de las 12 actuales, además de sus pensiones les quedará menos dinero porque ha cambiado el sistema de cálculo.

En este sentido, Barragán denuncia que a los ancianos les van a dejar con 100 euros al mes, “con lo cual no les va a llegar ni para pagar sus propias medicinas”. La patronal de las residencias de mayores, Aerte, teme que el aumento de las cuantías lleve a los usuarios a dejar los centros, “ya que las familias no pueden tampoco pagar este incremento”.