La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales sigue apostando firmemente por Ley de la Dependencia a pesar de los cambios normativos y los recortes introducidos por el Ejecutivo nacional. Así, en los últimos días la Junta ha acordado la distribución de 615.412 euros más entre la Diputación Provincial y los ayuntamientos onubenses de más de 20.000 habitantes, con objeto de financiar, durante este año, el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la comunidad autónoma. Se garantiza de este modo la financiación para contratar a 268 trabajadores sociales, 19 en el caso de Huelva, pese a la merma de 314 millones del Gobierno central para dependencia en los últimos tres años.
Estos servicios se encargan de gestionar las prestaciones y proporcionar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes. Su gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal.
De esta nueva partida, la Diputación Provincial recibe 274.257 euros, 159.593 el Ayuntamiento de Huelva, 35.939 el de Almonte, 40.259 el de Ayamonte, 37.881 el de Isla Cristina, 34.531 el de Lepe y 32.952 el de Moguer.
Desde el año 2006 la Junta ha habilitado anualmente créditos dirigidos a la contratación del personal de refuerzo por parte de las corporaciones locales. Contando con los recursos consignados para 2014, Andalucía ha destinado a este fin 131,39 millones de euros, mientras que para el total desarrollo de la ley, se han dedicado 6.743 millones. Igualmente, en los presupuestos de 2014 la Junta reserva 1.115 millones para atender el sistema de atención a las personas en situación de dependencia
Todo ello responde al compromiso por mantener el bienestar de la población diana y el empleo que mueve a su alrededor, a lo que suma la decisión de garantizar en 2014 la tasa de reposición y el incremento paulatino para llegar a la cobertura de años anteriores.
En este sentido, Andalucía es la primera comunidad autónoma en el desarrollo de la Ley de Dependencia. Las personas beneficiarias en la comunidad representan el 22% del total nacional, estando cuatro puntos porcentuales por encima de su peso poblacional -18%-. Asimismo, Andalucía es la región que más personas dependientes atiende, una de cada cuatro prestaciones se da en Andalucía, y el 35% de la ayuda a domicilio del total de España se presta en esta comunidad, así como el 47% de la teleasistencia.
Nuevos recortes del Gobierno central
Por otro lado, la consejería informa de que en los últimos días de diciembre se han aprobado por parte del Gobierno central cambios normativos en la ley que implican un nuevo recorte de derechos y una burocratización en el acceso de los ciudadanos a las prestaciones. A partir de ahora se exige, por ejemplo, que, junto con la solicitud, la persona solicitante presente documentación relativa a su situación económica y patrimonial cuando aún no se ha valorado si presenta o no situación de dependencia. Para facilitar los trámites, Andalucía es la única comunidad autónoma que no exige la presentación del informe de salud junto con la solicitud, sino que es la propia administración la que se encarga de obtenerlo solicitándolo directamente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Se concreta también la bajada de la intensidad de la ayuda a domicilio, que ya se establecía en el real decreto 20/2102 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. De este modo, la intensidad del servicio de ayuda a domicilio se ve reducida hasta en 20 horas para grandes dependientes, pasando de 90 a 70 horas mensuales de atención máxima.
Estos nuevos decretos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también endurecen los requisitos que deben cumplir las personas cuidadoras obligándolas, igualmente, a estar prestando atención previa a la solicitud durante, al menos, un año, y a la convivencia en el mismo domicilio que la persona en situación de dependencia. Del mismo modo se deroga la norma que establecía revalorización anual de las cuantías de las prestaciones económicas en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que en la práctica elimina el incremento de las cuantías máximas de las prestaciones económicas. El decreto ley también penaliza el reconocimiento de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar al reducirse la financiación estatal para esta prestación, potenciándose que se concedan prestaciones económicas vinculadas a servicios privados.
A diferencia de esta posición, la administración andaluza va a continuar defendiendo los servicios de proximidad para garantizar la estabilidad en el empleo en el sector y reconquistar el terreno perdido en estos años de crisis.
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