Las valoraciones se desbloquean y los grandes dependientes recibirán la ayuda sin ser visitados de nuevo. La ley resurge tras su año horrible.
ANTONIO FUENTES / SEVILLA | ACTUALIZADO 26.01.2014 - 09:30
La Junta quiere resucitar la ley de dependencia. Desde el pasado mes de diciembre los valoradores han vuelto a visitar a los solicitantes de ayudas con el fin de tramitarles un expediente. La instrucción de los dirigentes autonómicos es reducir la lista de espera de demandantes, que alcanza a casi 50.000 andaluces, y atender las nuevas peticiones que se reciban. Desde hace año y medio las solicitudes se metían sistemáticamente en un cajón. Esto provocó un descenso mes a mes de los beneficiarios de la ley que la Junta no quería admitir pese a la evidencia y a las críticas de los colectivos sociales. En sólo un año Andalucía ha pasado de atender a 190.160 dependientes en diciembre de 2012 a los 167.717 con las que concluyó el pasado año según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el descenso más acuciado en las comunidades autónomas (porcentualmente) junto a Aragón.
Fuentes de la Consejería andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales confirman el impulso que el nuevo equipo gestionado por María José Sánchez Rubio pretende dar a la ley. A la Consejería han llegado personas con un perfil muy vinculado al trabajo social y a los servicios sociales. Tras la desaparición de una Consejería específica, el anterior presidente andaluz, José Antonio Griñán, decidió tras las elecciones autonómicas integrar las competencias de asuntos sociales en Salud, donde nunca encontraron acomodo. La estrategia del anterior equipo gestionado por María Jesús Montero, hoy consejera de Hacienda, fue lo que algunos técnicos denominan como escenario de ruina. Para ahorrar, se dejó de atender a los solicitantes. Frente a los recortes continuados del Gobierno central (suprime el reparto de dinero de nivel acordado, elimina la paga para los cuidadores familiares, aplaza la entrada en el sistema de los dependientes moderados, reduce un 15% la prestación económica...), todas las comunidades reaccionan. La mayoría aplican los recortes y siguen dando entrada a dependientes, manteniendo la tasa de reposición (los que fallecen son suplidos por nuevos dependientes). La opción elegida por la Junta es no aplicar los recortes que se le ordenan, alardear de ello y criticar la falta de financiación, pero a la vez cierra el grifo a nuevas incorporaciones. Sólo reconoce una "ralentización" en la entrada de beneficiarios al sistema, en palabras de Montero.
La Junta sigue hoy sin ofrecer una explicación (más allá de los reproches a las medidas del Gobierno) sobre las circunstancias que han llevado a perder a 22.000 beneficiarios en un año, un 11,8% de los que había. El equipo de la nueva consejera elude valorar el trabajo de sus antecesores, hoy en Hacienda.
"Hoy sí hay una apuesta por el trabajo social, tanto en la consejera como en el director de la Agencia (Manuel Martínez Domene)", subraya David Núñez, de la asociación de funcionarios y valoradores de la dependencia Aprovada. Estos valoradores de dependientes han estado durante año y medio, prácticamente, visitando los domicilios en labores de inspección, decidiendo si las ayudas debían rebajarse o incrementarse. Y han criticado la gestión de los responsables de la Junta. Ahora encuentran un halo de esperanza para desarrollar su trabajo.
Los planes de la Junta pasan por, además de reanudar las valoraciones en los domicilios, priorizar la aprobación de las prestaciones a aquellos que han sido catalogados como grandes dependientes (grado III), los de mayor gravedad. Estos expedientes, a falta de un Plan Individual de Atención (PIA), se resolverán directamente, sin necesidad de volver a ser visitados. Los dependientes que han sido dictaminados como severos (grado II) o moderados (grado I) volverán a ser visitados, ya que en estos meses en los que han tenido parada la aprobación de su ayuda su situación puede haberse visto agravada.
Se procederá además a la revisión a instancia de parte, es decir, si lo pide la persona solicitante, algo que se había dejado de hacer ya que sólo se visitaba de oficio. Se priorizará a los que no tengan aún una prestación.
Y, quizá, lo más importante: el compromiso de la Junta de cubrir la tasa de reposición. Las bajas se ocuparán con nuevos ingresos y se priorizarán los servicios (ayuda a domicilio, atención residencial y estancia diurna) por encima de las pagas económicas a alas familias. Así se mantendrá el empleo en el sector. Buenas noticas tras el año más horrible en la dependencia.
Fuentes de la Consejería andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales confirman el impulso que el nuevo equipo gestionado por María José Sánchez Rubio pretende dar a la ley. A la Consejería han llegado personas con un perfil muy vinculado al trabajo social y a los servicios sociales. Tras la desaparición de una Consejería específica, el anterior presidente andaluz, José Antonio Griñán, decidió tras las elecciones autonómicas integrar las competencias de asuntos sociales en Salud, donde nunca encontraron acomodo. La estrategia del anterior equipo gestionado por María Jesús Montero, hoy consejera de Hacienda, fue lo que algunos técnicos denominan como escenario de ruina. Para ahorrar, se dejó de atender a los solicitantes. Frente a los recortes continuados del Gobierno central (suprime el reparto de dinero de nivel acordado, elimina la paga para los cuidadores familiares, aplaza la entrada en el sistema de los dependientes moderados, reduce un 15% la prestación económica...), todas las comunidades reaccionan. La mayoría aplican los recortes y siguen dando entrada a dependientes, manteniendo la tasa de reposición (los que fallecen son suplidos por nuevos dependientes). La opción elegida por la Junta es no aplicar los recortes que se le ordenan, alardear de ello y criticar la falta de financiación, pero a la vez cierra el grifo a nuevas incorporaciones. Sólo reconoce una "ralentización" en la entrada de beneficiarios al sistema, en palabras de Montero.
La Junta sigue hoy sin ofrecer una explicación (más allá de los reproches a las medidas del Gobierno) sobre las circunstancias que han llevado a perder a 22.000 beneficiarios en un año, un 11,8% de los que había. El equipo de la nueva consejera elude valorar el trabajo de sus antecesores, hoy en Hacienda.
"Hoy sí hay una apuesta por el trabajo social, tanto en la consejera como en el director de la Agencia (Manuel Martínez Domene)", subraya David Núñez, de la asociación de funcionarios y valoradores de la dependencia Aprovada. Estos valoradores de dependientes han estado durante año y medio, prácticamente, visitando los domicilios en labores de inspección, decidiendo si las ayudas debían rebajarse o incrementarse. Y han criticado la gestión de los responsables de la Junta. Ahora encuentran un halo de esperanza para desarrollar su trabajo.
Los planes de la Junta pasan por, además de reanudar las valoraciones en los domicilios, priorizar la aprobación de las prestaciones a aquellos que han sido catalogados como grandes dependientes (grado III), los de mayor gravedad. Estos expedientes, a falta de un Plan Individual de Atención (PIA), se resolverán directamente, sin necesidad de volver a ser visitados. Los dependientes que han sido dictaminados como severos (grado II) o moderados (grado I) volverán a ser visitados, ya que en estos meses en los que han tenido parada la aprobación de su ayuda su situación puede haberse visto agravada.
Se procederá además a la revisión a instancia de parte, es decir, si lo pide la persona solicitante, algo que se había dejado de hacer ya que sólo se visitaba de oficio. Se priorizará a los que no tengan aún una prestación.
Y, quizá, lo más importante: el compromiso de la Junta de cubrir la tasa de reposición. Las bajas se ocuparán con nuevos ingresos y se priorizarán los servicios (ayuda a domicilio, atención residencial y estancia diurna) por encima de las pagas económicas a alas familias. Así se mantendrá el empleo en el sector. Buenas noticas tras el año más horrible en la dependencia.
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