Afectados, entidades del sector y sindicatos reclaman a la Generalitat la retirada inmediata del copago en los servicios
24.01.2014 | 16:02
EFE/LEVANTE-EMV.COM Familiares, usuarios y trabajadores del sector de la atención a la discapacidad y la dependencia de la Comunitat Valenciana han exigido hoy a la Generalitat la retirada "inmediata" del copago fijado en los servicios que atienden a este colectivo, y advierten de que se atravesando "una línea roja".
Más de 5.000 personas, según los convocantes, procedentes de toda la Comunitat se han concentrado frente al Palau de la Generalitat y han denunciado que los últimos decretos y órdenes que se han publicado han incidido en la situación de "desamparo" de los dependientes y discapacitados.
El copago, que en su opinión realmente es un "repago", implica "un paso más en el empobrecimiento y el peligro inminente de desaparición" de la calidad de una intervención con los usuarios del sector, han denunciado en un manifiesto leído por una portavoz de la protesta.
La concentración ha sido convocada por la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia, Discapacidad en marcha, COPAVA, Plataforma en Defensa de la Dependencia, CALCSICOVA, CCOO-PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana-PV, CGT, FSIE, CERMI-CV, FEAD, FEAPSCV, ASIEM y la Plataforma en Defensa de la Salud Mental Pública Valenciana.
"No al copago, es ilegal", ha sido uno de las reivindicaciones coreada por los asistentes, que han exigido la dimisión del president de la Generalitat, Alberto Fabra, y han pedido "solidaridad" con el colectivo de dependientes y discapacitados.
"El copago deja a los usuarios en una situación dramática y de desesperanza", ha lamentado Sofía Porcar, monitora del Centro Ocupacional Francisco Esteve de Paterna.
Porcar advierte de que uno de los principales colectivos que se verán afectados por esta medida son los discapacitados huérfanos, que se encuentran en viviendas tuteladas y reciben asistencia en centros ocupacionales.
Según explica, la Conselleria les exige ahora un pago "único", es decir, que tendrán que renunciar a uno de los dos servicios.
"Esto va a impedir su acceso a rehabilitación, a su círculo de amigos y se va a volver a donde estábamos hace 40 años, a que estas personas tengan que quedarse en casa", interviene Esther Ramírez, psicóloga del centro.
"No los quieren ver y los quieren esconder", añade Ramírez, quien considera "incongruente que se quiera proteger a los no nacidos con la nueva Ley del Aborto y no al nacido".
José Ángel, monitor del Centro Específico de Enfermos Mentales Crónicos de Bétera, advierte asimismo de que hay usuarios del centro que están regresando a casa por no poder asumir el coste del centro "pero no se ha valorado psicológicamente si están en condiciones de hacerlo".
Para Remedios Méndez, madre de un joven de 37 años autista, los recortes asistenciales están llevando a las familias "a la desesperación", y pide que "se escuche" a los afectados.
Desde COPAVA, Antonio Raya, miembro del comité directivo, señala que la resolución sobre el copago es "ilegal" porque tenía que haber estado precedida por una norma estatal que no ha salido y definir primero el coste de la plaza, y considera además la medida como "inhumana porque los usuario ya venían copagando desde hace 20 años".
Raya ha anunciado que, además de los recursos presentados por los afectados, se llevará el tema a la Fiscalía y al Síndic de Greuges.
Por su parte, el portavoz del grupo socialista en Les Corts, Antonio Torres, ha insistido hoy en reclamar la "retirada" del decreto del Consell, y ha criticado que el PP "esté retrasando al máximo la actividad parlamentaria" para no dar explicaciones.
La diputada autonómica de EUPV, Esther López, ha advertido que este decreto "nos devuelve a un estado de beneficencia", y supone el "desmantelamiento" de un pilar fundamental de cualquier democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario