La inquilina, que cobra 390 euros de pensión, no puede hacer frente a los 450 euros del alquiler social de su vivienda en el Cabanyal
07.01.2014 | 08:25
MARIA BONILLO | VALENCIA La empresa urbanística municipal Aumsa envió el pasado 16 de diciembre una carta a Pilar Martínez en la que le requería el pago de 4.686,51 euros por su alquiler social, a razón de 450 euros cada mes. Esta vecina del Cabanyal padece una discapacidad del 60 % y vive, junto con su hijo de 19 años y estudiante, de una pensión de 392 euros, por lo que le resulta imposible hacer frente al arrendamiento, a las facturas y a otras necesidades básicas.
«Lo único que pido es un alquiler social que lo sea de verdad; no puedo pagar 450 euros cada mes si no los cobro, es de lógica. O doy de comer a mi hijo o pago facturas. Y por supuesto elijo lo primero», indica a Levante-EMV la vecina. Consciente de todo lo que debe, y también de que no puede mantener más tiempo la situación, Pilar se ha puesto en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia, asegura. Y es que, en la misiva de Aumsa, se le alerta de que en siete días „que ya han pasado„, debe hacer el ingreso de tal cantidad o de lo contrario comenzará una reclamación judicial.
«Le he pedido al Ivvsa que me dé una vivienda por esta zona. Me habían ofrecido una pero en la otra parte de la ciudad. Yo estoy enferma, tengo depresión doble y una hernia discal que me deja en cama de cuatro a cinco meses al año. Necesito que me hagan la comida, que me bañen, etc. Todo eso lo están haciendo mis hijas mayores porque no tengo ayuda a la dependencia; si me voy lejos ellas no podrán prestarme esos cuidados, ¿qué voy a hacer?», lamenta Martínez.
«Le he pedido al Ivvsa que me dé una vivienda por esta zona. Me habían ofrecido una pero en la otra parte de la ciudad. Yo estoy enferma, tengo depresión doble y una hernia discal que me deja en cama de cuatro a cinco meses al año. Necesito que me hagan la comida, que me bañen, etc. Todo eso lo están haciendo mis hijas mayores porque no tengo ayuda a la dependencia; si me voy lejos ellas no podrán prestarme esos cuidados, ¿qué voy a hacer?», lamenta Martínez.
Defensor del Pueblo
Su situación es tan crítica que se ha dirigido al Defensor del Pueblo. Le ha remitido su abultada documentación, que guarda ordenadamente en una esquina de su salón. Partes médicos de la Seguridad Social, originales de sus extractos bancarios, sus pensiones, su reconocimiento de discapacidad,... también la carta de Aumsa que le ha amargado las navidades. «Mis hijos no saben nada, no quería darles la mala noticia durante las fiestas». Conserva un sinfín de carpetas y papeles que espera que le sirvan para conseguir, finalmente, una casa de alquiler social en los barrios marítimos, cerca de quienes pueden echarle una mano cuando le hace falta.
«Ellos ya no pueden hacer más, bastante me ayudan ya. Tienen sus familias, tengo cuatro nietos. Nadie tiene o puede dejarme así de repente 5.000 euros», señala apesadumbrada Pilar. De todas formas, añade, aunque pudiera deshacerse de la deuda tampoco podría continuar haciendo frente a los pagos mensuales del alquiler.
«Lo que reclamo es un alquiler de unos 50 o 70 euros, algo que una persona que cobra 392 euros al mes pueda pagar. Tienen un montón de viviendas vacías, ¿no sería preferible que las alquilaran a personas que lo necesitan?», se indigna Pilar.
Este sentimiento crece cuando intenta hacer las cuentas en su cabeza. «En Cáritas me dan macarrones, garbanzos, aceite y leche cada semana. ¡Ah! Y una caja de galletas al mes, y gracias que están. Pero el resto lo tengo que comprar yo», narra sin poder evitar las lágrimas.
Pero la carta, pese a llegar en unas fechas en las que la sociedad está más sensibilizada „o sensible„, no le ha pillado de sorpresa. «Llevan un año amenazándome, reclamando que pague. He hablado con ellos por teléfono y me han ofrecido pagar 100 euros al mes hasta que encuentre otra casa más barata, pero me obligan a reconocer la deuda. Yo no puedo pagar eso en la vida», asegura.
Pilar, que lleva año y medio en paro (el último trabajo que tuvo fue cuidando a personas mayores), tampoco encuentra un empleo que le permita sobrevivir, debido a sus complicaciones de salud. Su hijo estudia un módulo de informática y tampoco tiene un sueldo. «Se me van las ganas de todo. Llevo tres años aquí, no hay manera de encontrar la paz». Y es que la vecina del Cabanyal lleva casi nueve años esperando una sentencia judicial que le resarza de una presunta estafa por la que perdió su vivienda. Tras esa pérdida pasó por otra casa de alquiler, hasta que aterrizó en la vivienda protegida de Aumsa. «Aunque me indemnicen, sé que se van a declarar insolventes. Nunca veré un euro».
Su situación es tan crítica que se ha dirigido al Defensor del Pueblo. Le ha remitido su abultada documentación, que guarda ordenadamente en una esquina de su salón. Partes médicos de la Seguridad Social, originales de sus extractos bancarios, sus pensiones, su reconocimiento de discapacidad,... también la carta de Aumsa que le ha amargado las navidades. «Mis hijos no saben nada, no quería darles la mala noticia durante las fiestas». Conserva un sinfín de carpetas y papeles que espera que le sirvan para conseguir, finalmente, una casa de alquiler social en los barrios marítimos, cerca de quienes pueden echarle una mano cuando le hace falta.
«Ellos ya no pueden hacer más, bastante me ayudan ya. Tienen sus familias, tengo cuatro nietos. Nadie tiene o puede dejarme así de repente 5.000 euros», señala apesadumbrada Pilar. De todas formas, añade, aunque pudiera deshacerse de la deuda tampoco podría continuar haciendo frente a los pagos mensuales del alquiler.
«Lo que reclamo es un alquiler de unos 50 o 70 euros, algo que una persona que cobra 392 euros al mes pueda pagar. Tienen un montón de viviendas vacías, ¿no sería preferible que las alquilaran a personas que lo necesitan?», se indigna Pilar.
Este sentimiento crece cuando intenta hacer las cuentas en su cabeza. «En Cáritas me dan macarrones, garbanzos, aceite y leche cada semana. ¡Ah! Y una caja de galletas al mes, y gracias que están. Pero el resto lo tengo que comprar yo», narra sin poder evitar las lágrimas.
Pero la carta, pese a llegar en unas fechas en las que la sociedad está más sensibilizada „o sensible„, no le ha pillado de sorpresa. «Llevan un año amenazándome, reclamando que pague. He hablado con ellos por teléfono y me han ofrecido pagar 100 euros al mes hasta que encuentre otra casa más barata, pero me obligan a reconocer la deuda. Yo no puedo pagar eso en la vida», asegura.
Pilar, que lleva año y medio en paro (el último trabajo que tuvo fue cuidando a personas mayores), tampoco encuentra un empleo que le permita sobrevivir, debido a sus complicaciones de salud. Su hijo estudia un módulo de informática y tampoco tiene un sueldo. «Se me van las ganas de todo. Llevo tres años aquí, no hay manera de encontrar la paz». Y es que la vecina del Cabanyal lleva casi nueve años esperando una sentencia judicial que le resarza de una presunta estafa por la que perdió su vivienda. Tras esa pérdida pasó por otra casa de alquiler, hasta que aterrizó en la vivienda protegida de Aumsa. «Aunque me indemnicen, sé que se van a declarar insolventes. Nunca veré un euro».
Afronta una expulsión por segunda vez
Pilar Martínez acudió en 2006 a un prestamista privado. Necesitaba pagar el piso en el que vivía en Valencia, pero no podía acceder a un crédito bancario porque una deuda anterior la había llevado al registro de morosos. Se puso en manos de una financiera y aparentemente el dinero era rápido y fácil de conseguir a través de un préstamo puente, pero pocos meses después tenía la casa embargada y una orden de desahucio. Su caso contra esta financiera que le prestó cerca de 60.000 euros para pagar el piso lleva cerca de ocho años en el juzgado número 3 de Catarroja y ahora teme que los acusados se declaren insolventes. m. bonillo valencia
Pilar Martínez acudió en 2006 a un prestamista privado. Necesitaba pagar el piso en el que vivía en Valencia, pero no podía acceder a un crédito bancario porque una deuda anterior la había llevado al registro de morosos. Se puso en manos de una financiera y aparentemente el dinero era rápido y fácil de conseguir a través de un préstamo puente, pero pocos meses después tenía la casa embargada y una orden de desahucio. Su caso contra esta financiera que le prestó cerca de 60.000 euros para pagar el piso lleva cerca de ocho años en el juzgado número 3 de Catarroja y ahora teme que los acusados se declaren insolventes. m. bonillo valencia
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