miércoles, 2 de marzo de 2016

126.000 dependientes han muerto sin prestación por el hachazo de Rajoy

El Gobierno del PP ha recortado 2.800 millones del sistema de ayudas instaurado por Zapatero

384.000 personas permanecen en la lista de espera sin ser atendidos pese a tener reconocido el derecho

126.000 dependientes han muerto sin prestación por el hachazo de Rajoy
ARCHIVO / FERRAN NADEU
Un enfermo de Alzhéimer da la mano a un familiar.
Manel VilaseroMANUEL VILASERÓ
VIERNES, 26 DE FEBRERO DEL 2016 - 16:28 CET
Los recortes sociales siguen pasando una macabra factura. El número de dependientes reconocidos que han fallecido desde diciembre del 2011 sin haber podido disfrutar de su prestación asciende ya a 126.000, según el balance de legislatura presentado este viernes por el Observatorio Estatal para la Dependencia. El documento cifra en 2.865 millones de euros el hachazo que Mariano Rajoy ha asetado a sistema de ayudas instaurado por su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.
Los datos de la lista de espera son también preocupantes. 1,1 millones de personas tienen reconocida su situación de dependencia pero de ellas, nada menos que 384.326 siguen en lista de espera, sin haber podido acceder a ayuda alguna. Y de esa cantidad, más de una cuarta parte, 106.000, son grandes o graves dependientes.

EL MOMENTO DE DECIDIR

Cuántos de esos casi 400.000 morirán antes de poder disfrutar de su prestación, depende de las decisiones que se tomen a partir de ahora.José Manuel Ramírez Navarro, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que ha creado el observatorio, segura que ha llegado el momento de “tomar una decisión”. “O se invierte de manera decidida e inteligente o se asume que no se puede garantizar el derecho a la dependencia reconocido por la ley”, ha advertido a los integrantes del futuro Gobierno, sea este cual sea.
La decisión a tomar es muy simple, para Ramírez. “Con los 2.800 millones recortados se podría empezar a atender a todos los incluidos en la lista de espera”, certifica. No sería una decisión frívola ni ruinosa por el retorno en impuestos, empleo y cotizaciones sociales que generaría, según los datos del informe.

De recorte en recorte

Los recortes en el sistema de la
dependencia empezaron en julio del
2012 con un decreto que rebajaba
las ayudas económicas que reciben
los cuidadores familiares. El decreto
les exigía también más requisitos y
aumentaba el copago necesario
para recibir algunos servicios.
El segundo gran hachazo llegó casi
un año después, en mayo del 2013.
Las comunidades autónomas se
enteraron porque el Gobierno
presentó a la Unión Europea un
plan para recortar 1.018 millones
de euros en servicios sociales.
El Consejo Territorial de
Dependencia que debería haberse
convocado en 2015 para aprobar
el balance del 2014 aún no se ha
celebrado y queda
para la próxima legislatura. La
mayoría de las autonomías están
ahora en manos de la oposición y los trucos contables que aplicaba el Gobierno para aparentar que los prespuestos crecían y las listas de espera bajaban ya no serían aceptados por los consejeros.
Si efectivamente se atendiera a esas 384.000 personas en espera, se generarían más de 90.000 nuevos empleos directos y el incremento de gasto público real sería de solo unos 1.600 millones de euros porque los más de mil restantes se recuperarían con los mencionados retornos de impuestos y cotizaciones. “Sino tienen ni alma ni corazón que saquen la calculadora”, ha retado Ramírez a los gobernantes. Por cada millón de euro gastado se genera una media de 35 empleos que en el caso de alguna autonomía, como en Castilla y León, llegan a ser 50.
DESERCIÓN DEL ESTADO
La ley de la Dependencia establecía que el Estado y la comunidades debían financiar a partes iguales el coste del sistema, pero eso nunca llegó a cumplirse. En un momento inicial, la Administración Central asumió el 40% pero el porcentaje han ido bajando hasta situarse en un raquítico 22,6% que ha situado a las autonomías “en tesitura imposible”.
La asociación propone que, además de revertir los recortes, es necesario incluir la dependencia en el sistema de financiación autonómica, que no depende de las decisiones que tome el minsitro de Sanidad. “Ya no nos fiamos del ministro, sea quien sea. Hemos tenido seis en nueve años, a razón de uno cada año y medio”, ha lamentado Ramírez.
En el anterior informe del Observatorio, correspondiente al primer semestre del 2015, se cifraban en 117.000 los dependientes fallecidos sin prestación y en 2.000 millones de euros el monto total de los recortes. En este informe se señalaba que para contrarestar los recortes el Gobierno aprobó para los presupuestos del 2016 un aumento de… 76 millones.

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