Los recortes y las políticas en la sanidad pública han deteriorado la atención en este campo
Psiquiatras y psicólogos se movilizan en protesta con las nuevas directrices sanitarias
Los pacientes se quejan de la falta de tiempo y del cambio frecuente de médicos
Concentración en Alicante contra los recortes en la atención a la salud mental. MANUEL LORENZO
La crisis, el paro, los recortes... El ambiente social que nos rodea ha variado drásticamente en los últimos años, un cambio que está dejando huella en la salud mental: las depresiones han aumentado un 20% y algunos estudios apuntan también a un incremento en el número de suicidios. ¿Cómo está afrontando el Gobierno español estos problemas? ¿Está destinando más recursos a las consultas de psiquiatría?
Carlos Mañas (1966, Vigo) conoce muy bien los puntos negros de la atención mental en el sistema público. Hace ocho años le diagnosticaron trastorno bipolar en grado 1, el más grave en esta enfermedad, y desde entonces ha sufrido en propia piel lo mal articulado que está el sistema y el deterioro que está sufriendo en estos últimos años. "El tiempo entre consulta y consulta está, en mi caso, entre los cuatro y cinco meses. Si tengo un problema entre tanto, o un brote psicótico, mi única opción es acudir a las urgencias hospitalarias. Allí, me puede atender el psiquiatra, si mi brote coincide con su horario, o un médico cualquiera", asegura.
Otro aspecto en el que insiste es en el desfile de caras. "A lo largo de estos ocho años, me ha tratado cuatro psiquiatras diferentes y seis médicos de familia. A eso hay que unir las vacaciones de cada uno. El problema es que cuando cambia el médico tienes que volver a contar todo de nuevo y, en función de cómo lo diga o su criterio, el diagnóstico o el tratamiento pueden cambiar. La incertidumbre que te da esto es muy difícil de aguantar".
Este publicista, ahora ya retirado de esta profesión pero al frente de la ONG Solidarios Anónimos, no se dio cuenta de que tenía un problema hasta que empezó a sufrir depresiones. "Antes aprovechaba mis estados de euforia para hacer cosas en publicidad". Pero llegó un día en que sus depresiones eran tan fuertes que la idea del suicidio apareció. "Además, empecé a tener brotes con efectos de voces. Entonces busqué ayuda".
Esta dificultad para ser atendido por un especialista cuando el estado de ánimo se hunde es también denunciada por José Manuel Arévalo, presidente de la Federación En Primera Persona, que reúne a unas 10 asociaciones de pacientes en Andalucía. "La primera consulta no funciona mal, pero cuando entras en las revisiones tardan más, unos tres meses o seis, si el proceso es más estable. Además, el tiempo que estás con el médico también es menor, entre cinco y 10 minutos, a veces cuando llegas ya casi están con la receta en la mano", afirma.
Los datos le dan la razón. Según el informe Crisis económica y Salud, presentado en una reciente jornada de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, el consumo de fármacos para tratar la depresión ha aumentado un 10% entre 2009 y 2012 en nuestro país, es decir, se ha pasado de 35,1 millones a 38,7 millones de envases vendidos. En el informe, publicado en la revista Gaceta Sanitaria, no se observa, por lo menos hasta 2012, un impacto de la crisis sobre el número de suicidios.
Tanto Mañas como Arévalo son conscientes de los recortes y las dificultades que tienen los profesionales para realizar su trabajo. "No tienen la culpa. Pero los profesionales están descontentos. Hay desmotivación porque se les está apretando mucho", explica este último.
Por estos y otros motivos, 80 psiquiatras y psicólogos han publicado la Declaración de Atocha: En defensa de la atención pública a la Salud Mental. Manifiesto al que se han unido las principales sociedades médicas y asociaciones de pacientes del sector. "Hemos recibido el apoyo de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia, de la Asociación Española de Neurosiquiatría-Profesionales de la salud Mental, de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), entre otras", asegura Begoña Olabarría, psicóloga clínica y psicoterapeuta y una de las impulsoras de este documento.
"En los últimos años, la situación sanitaria en salud mental ha empeorado, los recursos han disminuido considerablemente, tanto los humanos, como los programas, los dispositivos y toda la atención en general. Y no es tanto debido a la crisis sino a la línea política que se está instaurando, neoliberal, de libre mercado y competencia, que no es un modelo apropiado para el sistema sanitario público en general y mucho menos para la atención mental", explica Consuelo Escudero, psicóloga clínica en Madrid y una de las firmantes de la Declaración de Atocha.
Quizás por este deterioro de la atención pública el número de pacientes que recurren a un servicio privado esté aumentando. De hecho, hasta el 30-40% de las personas con algún trastorno mental acude a la psiquiatría privada, tal y como reconocieron hace unas semanas representantes de la Asociación Española de Psiquiatría Privada (ASEPP) en su congreso nacional.
"Se busca un complemento a la atención pública, un refuerzo debido al déficit que hay. Pero es un dinero importante, en un colectivo donde hay mucha gente que tiene una pensión contributiva o que no trabajan. Hay que tener en cuenta que el precio de la consulta a un psicólogo está entre los 60-70 euros y ver a un psiquiatra te cuesta por lo menos 100 euros la hora", se queja José Manuel Arévalo.
Como señala Teresa Suárez, psiquiatra que ejerce en la capital, "cuando hay menos recursos, fundamentalmente recursos humanos, la calidad se tiene que deteriorar. Una cartera de servicios no se presta porque esté escrita en algún sitio sino porque te den las posibilidades, los medios y la formación para llevarla a cabo. Este tipo de prestación se ha ido debilitando y algunas cosas prácticamente está de facto abolidas".
La situación, aunque con algunas variaciones, parece ser muy similar entre las diferentes comunidades autónomas. "La realidad no es exactamente la misma pero sí hay preocupaciones comunes. Una de estas preocupaciones es el tema de la mercantilización de la salud mental, es decir, considerarla como un elemento económico que puede someterse a las leyes del mercado, de la contabilidad, independientemente de que sea un derecho de las personas. Esto está derivando en una serie de cambios que, independientemente de las orientaciones políticas de cada CCAA, se está implementando a través de cambios en políticas de gestión. Bajo conceptos que en principio pueden parecer neutrales o incluso positivos, como calidad o excelencia, en realidad lo que esconden es una priorización de los aspectos económicos sobre los asistenciales", afirma Juan Francisco Jiménez, psicólogo clínico en Andalucía.
No es sólo un asunto económico, también organizativo, asegura José García, psiquiatra en Oviedo: "Cuando se desarrolló la reforma psiquiátrica, se constituyeron equipos multidisciplinares que en este momento están fragmentados porque se ha detenido el proceso de atención comunitaria. No se fomenta el trabajo en equipo, la demanda supera el dinamismo de trabajo de grupo y eso lleva a que estos profesionales tengan que hacer un trabajo individual y se pierde un elemento fundamental para el trabajo comunitario que es el análisis conjunto, la elaboración de tratamientos y estrategias conjuntas y con ello se elimina una de las piezas fundamentales de lo que exige la intervención comunitaria en salud mental. La atención comunitaria no es una política que se promociona. Ha habido un claro recorte de recursos humanos. Sin embargo, curiosamente ha aumentado el presupuesto de gastos en psicofármacos".
No menos importante es otro aspecto que critican tanto pacientes como profesionales: la reforma del Código Penal que actualmente está tramitando el Congreso. "Se quiere establecer un modelo genérico de peligrosidad para el enfermo mental. Es un retroceso enorme, es volver al siglo XIX. Con esta norma se estigmatiza al paciente. No quiero decir que, en determinadas circunstancias, ciertas personas puedan ser peligrosas, pero esta consideración no puede ser generalizable", insiste Olabarría.
Un cambio jurídico que cada vez puede afectar a más personas. Según el informe Crisis económica y Salud, entre 2006 y 2010, los trastornos depresivos han aumentado un 19,4% en España, los trastornos por ansiedad un 8% y la dependencia al alcohol un 5%. Aunque en este estudio no se observa, por lo menos hasta 2012, un impacto de la crisis sobre el número de suicidios, sí se ha visto un aumento en otros países en los que se iniciaron antes los problemas económicos. Quizás es cuestión de tiempo y todo apunta a que la tendencia está cambiando.
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