El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón
NT.- El anteproyecto de ley para la reforma del Código Penal posibilitará que personas con enfermedades mentales puedan ir a la cárcel no en función de los delitos cometidos sino por su condición de “peligrosidad”.
Sufrir una enfermedad mental no significa ser un delincuente peligroso. Así lo afirma José María Sánchez Monge, presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). “El tratamiento que se da en el nuevo Código Penal a las personas que sufren un trastorno mental grave es inapropiado por que no tiene ningún rigor científico y no se acomoda a las necesidades que tienen estas personas, no tiene nada que ver con ellos”, asegura.
Desde hace semanas, FEAFES lleva batallando para que el Gobierno modifique esta reforma introducida en el anteproyecto de ley del Código Penal. La Confederación se ha reunido prácticamente con todos los Grupos Parlamentarios que les han dado la razón, incluido el PP, y confían en que esta modificación no salga finalmente adelante en trámite parlamentario.
Sánchez Monge pone el acento en la necesidad de reforzar la atención socio-sanitaria de estos enfermos con el objetivo de prevenir posibles actos delictivos. Tal y como explica, “hay personas con psicopatías que realizan actos intencionadamente, pero las que tienen un trastorno mental grave sufren crisis en un momento determinado –por causa de un brote psicótico, alucinaciones o delirios-, de tal forma que, cuando comenten un acto que puede ser delito es porque no han sido tratados adecuadamente, no ha habido una continuidad de cuidados”.
Algunos diputados como Joan Coscubiela (ICV) se han hecho eco de estas denuncias. En un artículo publicado en nuevatribuna.es, el portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso, afirma que la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón posibilitará “la condena a las personas con enfermedades mentales severas a sufrir procesos de internamiento, no en función de los delitos cometidos, sino de los riesgos de futuro que pueda comportar su actuación”.
Hasta este momento, los enfermos mentales eran “inimputables” porque no son conscientes de sus actos. Pues bien, a partir de ahora la norma también se aplicará a ellos. “Las personas que tienen trastornos mentales graves deben ser inimputables, es decir, realizan el acto inintencionadamente, no lleva ninguna carga de maldad, no son conscientes de lo que hacen. La psicopatía estudia a aquellas personas que realizan los actos intencionadamente y eso no tiene nada que ver con nosotros”, subraya Sánchez Monge. Eso no quita el reconocer que “en algún momento determinado, alguna persona que tiene una enfermedad mental, si no está tratado adecuadamente, puede tener un riesgo, cometer actos que non son apropiados”, añade.
En el Código Penal todavía en vigor se hace alusión a este asunto pero no se generaliza, se habla de que esas personas pueden presentar algún tipo de peligrosidad. Con la reforma del PP lo que se establece es que una persona con trastorno mental grave, “es una persona peligrosa” a la que se le puede aplicar una condena por un delito. El problema además se agrava a la hora de revisar la condena de ese enfermo: “Cómo, cuándo, dónde y quién lo va a hacer, con qué elementos y con qué herramientas, porque ya solo por el concepto de peligrosidad, esas personas siempre serán peligrosas, siempre van a tener ese problema. Es decir que la persona enferma no cumplirá la pena por el hecho de cometer el delito sino por su condición de peligrosidad”, dice Sánchez Monge.
Esto puede provocar situaciones como las que explica el presidente de FEAFES. Por ejemplo, si un enfermo mental no está atendido suficientemente y sufre una crisis, probablemente acudirá la policía no el personal sanitario adecuado. Si el agente de policía sufre una agresión y lo denuncia se tratará de un delito contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, penado con 3 años de cárcel. Y todo porque no se ha hecho adecuadamente su traslado a urgencias de un hospital, porque no se ha hecho un servicio correcto en el acto socio-sanitario.
En España, hay más de un millón de personas con trastornos mentales graves. De ellos, 18.000 están ingresados en prisión, de un total de 67.000 presos. Esas personas –denuncia Sánchez Monge- “suelen estar en las enfermerías de las cárceles con poca atención y tratamiento”.
FEAFES quiere concienciar a los poderes públicos de la necesidad de reforzar la atención socio-sanitaria que además supondrá una rebaja de los costes. El ingreso de un enfermo mental puede costar entre 4.000 y 6.000 euros al día, mientras que si la persona está atendida adecuadamente, con tratamiento ambulatorio, el mismo coste será de un año entero.
Sánchez Monge critica que con la reforma se está “estigmatizando” al enfermo porque se asume como concepto objetivo su peligrosidad. Pero –se pregunta- “¿si a esa persona ya se la considera peligrosa toda su vida, significa que va a estar ingresado de por vida, que su condena no va a poder ser revisable?”. Además, añade que dicha reforma vulnera convenios internacionales sobre derechos humanos.
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