El Grupo Parlamentario Popular vota en contra de la propuesta del PSOE con la finalidad de que los dependientes conocieran su derecho a reclamar
El Grupo Parlamentario Popular votó en contra de una iniciativa presentada por el PSOE en la que se pedía que la Consejería de Sanidad informara a los dependientes que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) había cometido errores a la hora de aplicar la Ley de Dependencia y les informara de su derecho a reclamar para que se solucionada el problema.
La diputada del PP, María Dolores Soler, justificó el rechazo de su grupo parlamentario a esta iniciativa porque, según dijo, «sería reconocer que la consejería conoce esos errores y se aprovecha de ellos, cuando no es así. La Administración desconoce el error hasta que el usuario lo denuncia». En este sentido, manifestó que ellos están dispuestos a «subsanar» los errores que se están produciendo.
No obstante, desde el Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, recordó que su partido lleva denunciando desde el año pasado los errores del IMAS a raíz de la entrada en vigor de la Ley 6/2013. «Los errores de cálculo de la capacidad económica de las personas dependientes ha tenido como consecuencia recortes en las ayudas económicas o incrementos en el copago», dijo, al tiempo que explicó que hay dependientes que estarían exentos del copago, pero que «pueden estar sufriendo por error una disminución del 50% de las ayudas».
Durante el debate tanto socialistas como populares aportaron cifras del número de dependientes afectados por estos errores. Según el PSOE, el IMAS reconoció que se presentaron 3.124 reclamaciones, de las cuales se tuvo que modificar 905. «Este dato supone hasta el momento que el 29% de las reclamaciones demuestran que el IMAS cometió errores», advirtió Rosique.
Por el contrario, desde el PP, la visión es bien distinta. La diputada María Dolores Soler declaró que de 38.690 personas en situación de dependencia en la Región de Murcia, solo reclamaron 3.000, de las cuales se tuvieron que rectificar los datos de 900 personas. «Eso es un 3,22% de errores cometidos», incidió.
Los populares explicaron que es Hacienda la que emite los datos de la persona y éstos son recibidos por parte del IMAS. «Si hay errores solo se pueden detectar cuando se recibe el expediente. El usuario lo dice y se actualizan los datos que hay en la base de datos», manifestó Soler.
Por su parte desde el PSOE contestaron a los populares que «la mayoría de los ciudadanos no se leen el BORM y desconocen cómo se calcula por ley la capacidad económica y si el IMAS sabe que se cometen errores hay que subsanarlos».
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