EL FIN DE LA DEPENDENCIA?

MIÉRCOLES, 11 DE JUNIO DE 2014

                Si hoy alguien me preguntara qué es lo mejor que ha conseguido la implantación del Sistema Público de Atención a las personas en situación de Dependencia, sin duda alguna, afirmaría que la capacidad de reconocer el valor único de la dignidad de las personas y de la igualdad de éstas. El sistema de Dependencia ha logrado, sin miedo a equivocarnos, que de una vez por todas, los ciudadanos nos reconozcamos como seres con pleno derecho y con poder ineludible frente a la dejadez o los incumplimientos de las administraciones.

                Si bien es cierto que existen muchos kilómetros que caminar en este sentido, sí que nos encontramos, y esto es incuestionable, ante el mayor avance en protección social de los últimos 30 años. Por primera vez, desde la instauración del sistema nacional de salud, hemos trabajado para implantar un sistema que garantizaba el cumplimiento de un derecho subjetivo de ciudadanía, es decir, un derecho que, sí o sí, la administración está obligada a cumplir y, en caso contrario, podríamos acudir a los tribunales a exigir su cumplimiento.

                Sin embargo, a pesar de la veracidad indudable de las palabras anteriores, la realidad que nos encontramos es bien distinta: recortes, modificaciones legislativas, decretos, incumplimientos flagrantes, impagos… todo esto nos dibuja un panorama desolador, donde deberíamos encontrar la fuerza y la protección de un sistema necesario, justo e imprescindible.

                Pero vayamos al principio:

                Allá por diciembre de 2007, se aprobaba la ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la promoción de la autonomía personal y la protección de las personas en situación de dependencia, con la incontestable pretensión de establecer un marco nacional de protección a estas personas, que debiera ser desarrollado por cada una de las comunidades autónomas. Hemos de decir, que tan sólo los nacionalismos catalanes y vascos votaron en contra de esta ley, pero no contra su espíritu, si no contra otros elementos más identitarios en cuanto a desarrollo y financiación. Por lo tanto, decir que esta ley nació del consenso de la inmensa mayoría de los diputados y senadores de nuestro gobierno no es para nada pasarse.

                Esta ley, venía a definir un sistema que establecía unas bases de igualdad en cuanto a la atención a las personas en situación de dependencia, bajo el control de las administraciones, lo que generaba unos estándares de calidad incuestionables.

                El sistema creció y se desarrolló, sobre todo en Andalucía, donde llegamos a tener el 27% de las personas en situación de dependencia a nivel nacional, con el desarrollo extraordinario de multitud de recursos y servicios, con el consiguiente crecimiento en el empleo y el tejido empresarial. A ello, habría que añadir la no menos importante función de reconocimiento de la labor de las personas cuidadoras, garantizando un sistema de cotizaciones a la seguridad social y proporcionando una renta que no hacía si no reconocer su dedicación e incondicionalidad. Cabría destacar el hecho de que, en épocas de caída libre del mercado laboral, el campo de los servicios sociales y la dependencia, han sido capaces de generar más de 500.000 puestos de trabajo estables, no deslocalizables y de calidad.

                Sin embargo, desde que el gobierno del PP del Sr. Rajoy entró al poder, la caída libre la ha sufrido el sistema de dependencia, con la puesta en marcha de medidas que tan sólo van dirigidas a deteriorar un sistema que, según sus componendas, no entra en su modelo de estado. Reducciones presupuestarias, Planes de Ahorro, Decretos, como el 20/2012, etc. suponen un hachazo mortal al sistema de Atención a la Dependencia y conforman la estrategia de desmontaje controlado que el Gobierno de la Sra. Mato y el Sr. Juan Manuel Moreno Bonilla, desde el Ministerio correspondiente, se han procurado muy mucho en poner en marcha para privatizar los servicios de atención a las personas en situación de Dependencia.

                Y es que, desde que el gobierno de Rajoy llegara, a Andalucía se le han dejado de ingresar más de 1.100 Millones de €, se han perdido a nivel nacional más de 50.000 puestos de trabajo directamente relacionados con la dependencia y han salido 7 usuarios a la hora del sistema gracias a las medidas adoptadas por el IMSERSO del Sr. César Antón, así como por el consiguiente Ministerio. En los últimos 3 meses, han salido más de 340 personas al día del sistema y tenemos, a día de hoy, a más de 175.000 personas en el limbo de la dependencia.

                Pero, en el ámbito de los servicios sociales, llueve sobre mojado y la cosa no pinta ni mucho menos esperanzadora, pues la aplicación de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, no hace si no terminar de cerrar el círculo del plan de destrucción del Sistema Público de Servicios Sociales, con la recentralización de determinados servicios fundamentales de protección, la eliminación de 5.700 millones de € de la financiación de los servicios sociales municipales y la destrucción del 30% de los puestos de trabajo creados.

                Así las cosas, cuando, allá por el 2007, nos las prometíamos muy felices, jamás nos imaginaríamos que, 7 años después, nuestro sistema de protección social estuviera en peligro inminente de muerte. Por ello, no podemos dejar de luchar por un sistema imprescindible para que cualquier sociedad que se pretenda considerar avanzada, pueda continuar caminando hacia la justicia social y la igualdad de sus ciudadanos y ciudadanas.

                Por todo ello, en aras a un espíritu de lucha incansable por la justicia, terminaré con las siguientes palabras del Doctor Martin Luther King “Si supiera que el mundo acaba mañana, aún hoy, plantaría un árbol”.

                Hay que continuar con la lucha social, inasequibles al desánimo.

José Miguel Delgado Trenas

Coordinador de la Plataforma Andaluza para la Defensa

del Sistema Público de Servicios Sociales y Dependencia