La Cadena SER ha tenido acceso al informe de este órgano consultivo sobre el Real Decreto que va a regular el transporte sanitario no urgente
El Consejo de Estado recomienda al Ministerio de Sanidad que reevalúe el sistema previsto porque no cumple ninguno de los dos objetivos para los que fue diseñado: el ahorro y la racionalización.
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El Consejo de Estado, basándose en la memoria económica que el propio Ministerio de Sanidad elaboró para el Real Decreto, concluye que "el objetivo del ahorro puede verse frustrado dado el equilibrio o compensación a que se refiere la memoria entre ingresos y gastos". Es decir: lo que las Comunidades Autónomas van a ganar cobrando a los pacientes por sus traslados se lo van a gastar en la gestión del sistema de copago.
En el informe se sugiere al Ministerio que aclare por qué contempla en la memoria económica los supuestos ahorros de las administraciones con la implantación de la norma, pero no el impacto que el copago va a tener para los usuarios. También le recomienda que apunte criterios de gestión de cobro concretos, para orientar a las Comunidades Autónomas, aunque luego cada una de ellas establezca el sistema que mejor le convenga.
Otro de los objetivos del Real Decreto es "lograr una racionalización del uso del transporte sanitario no urgente, fundamentalmente a través de la limitación de su utilización a las situaciones en las que realmente sea necesaria por motivos exclusivamente clínicos". Pues bien, en este caso el Consejo de Estado le pide al Ministerio que especifique más los criterios que va a utilizar para decidir quién puede usar este tipo de transporte porque, tal cual aparecen reflejados en el proyecto, son similares a los que rigen actualmente.
El Consejo de Estado recoge también que el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, formula diversas observaciones relacionadas con la posibilidad de "lograr un ahorro suficiente"; y llama la atención sobre el hecho de que ni el Comité Consultivo ni el Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad remitieron un certificado favorable al Real Decreto y que sólo se limitaron a darse por informados.
Por todo ello, el órgano consultivo pide al Ministerio que reevalúe y que revise este copago. El departamento de Ana Mato no ha realizado, ni antes ni después de su entrada en vigor, estudios para conocer el impacto y las consecuencias de los recortes. No lo hizo con el copago para los pensionistas y los datos del propio ministerio confirman que la medida está agotada porque en los últimos meses ha vuelto a subir el gasto farmacéutico. No lo hizo tampoco cuando retiró la tarjeta a los inmigrantes sin papeles y tampoco con este copago de las ambulancias que se va a aplicar próximamente y que, recordamos, afecta sobre todo a enfermos crónicos, incluidos los oncológicos y los que necesitan diálisis. Los pacientes tendrán que pagar, cuando, por indicación de su médico, sean trasladados en ambulancia. Les costará 10, 20 o 60 euros al mes en función de la renta o esa misma cantidad anual si los desplazamientos se prolongan más de seis meses. Estos servicios son en la actualidad gratuitos.
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