Revista Números Rojos
Juan Luis Gallego ⎮Público ⎮24dic 2013
Entrevista con José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
La conclusión de este director de servicios sociales sobre la situación actual de la Ley de Dependencia es demoledora: cuando mueran sus actuales beneficiarios, desaparecerá. No hay nuevas incorporaciones y tampoco dinero para atender a todos los que ya están dentro del sistema. Es el resultado, dice con los datos del Observatorio de la Dependencia en la mano, de las “desalmadas” decisiones de Rajoy.
El dictamen del Observatorio de la Dependencia que publica cada seis meses la asociación que preside se ha convertido en el mejor instrumento para valorar la situación del llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar: tras educación, sanidad y pensiones, la atención a los dependientes. Con los datos que ese seguimiento le proporciona, José Manuel Ramírez acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de derogar de forma encubierta la Ley de Dependencia con medidas “crueles”, “desalmadas” y, además, “torpes”.
¿Qué supuso la Ley de Dependencia, en 2006, y cuál es su estado actual?
La Ley de Dependencia supone el mayor avance en protección social que había existido en los últimos tres lustros; igual que la ley general de sanidad pública permitió a seis millones de pobres entrar en la red pública sanitaria y la ley de pensiones no contributivas garantizó una prestación económica a todos los ciudadanos con más de 65 años sin ingresos. Pues la Ley de Dependencia reconoce un derecho subjetivo de ciudadanía, a recibir un servicio, a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que tengan reconocido un grado de dependencia. Y, además, se establece un compromiso financiero para soportar el coste. Esto, desde que Rajoy anunció que era insostenible y a partir de los reales decretos que ha ido aprobando, se ha convertido en un derecho efímero, es decir ha habido una derogación encubierta de la Ley de Dependencia. La ley está en un proceso de demolición y, además, de demolición controlada, porque hay intereses económicos muy importantes, fundamentalmente de las aseguradoras, que quieren un sistema dual, de forma que a los que tienen dinero se les atenderá y a los que no les atenderá la beneficencia.
Has advertido repetidamente de que la Ley de reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno es también muy perjudicial para este sector. ¿Por qué?
Los servicios sociales en nuestro país se fundamentan en dos pilares. Uno, la Ley de Dependencia, y ya hemos dicho que está en proceso de demolición. El otro pilar son los servicios sociales municipales, que compartían con los ayuntamientos el valor de la proximidad para atender las necesidades de los ciudadanos. Esto ahora está en quiebra porque el Gobierno de Rajoy, con el argumento de la sostenibilidad, lo que plantea es el desmantelamiento del sistema de servicios sociales más próximo al ciudadano.
Pues el Gobierno presume de rebajar las listas de espera de solicitantes para obtener una ayuda a la dependencia.
Nosotros hemos intentado explicar con datos oficiales la perversión del lenguaje, las medias verdades y las mentiras directamente que el Gobierno ha hecho al presentar los datos y la supuesta reducción de la lista de espera. Si eso fuera verdad, tendría que haber más atendidos. Pues en este momento hay 36.000 beneficiarios menos de la Ley de Dependencia que en julio de 2012. La lista se ha reducido por varios motivos. Primero: el primer real decreto que hace el Gobierno de Rajoy es quitar el derecho a los dependientes moderados. Si el calendario decía que tenían derecho a ser atendidos a partir de 2012, Rajoy dice que hasta 2015, con lo cual sacó de un plumazo a más de 70.000 de la lista de espera. Así se puede reducir la lista del paro, quitando a los que lleven menos de un año, por ejemplo. Segundo, por el alargamiento de los plazos aprobado en el real decreto de julio de 2012, en lo que supone la medida más cruel y desalmada, al decir que tienen 2,5 años para atender a las personas en situación de dependencia. Como el 54% de los dependientes son mayores de 80 años, y el 80% mayores de 65 años, lo que sucede es que mueren en la espera. Decenas de miles de personas en situación de dependencia en España se han muerto sin ser atendidas a pesar de habérseles reconocido el derecho.
¿Cuánto dinero haría falta para que esto funcionara adecuadamente?
Zapatero estableció dos niveles de financiación, el acordado y el mínimo. En el mínimo, por cada dependiente pagaba un dinero el Estado y otra parte las Comunidades Autónomas; en el acordado, el Estado les daba 285 millones de euros a las comunidades para gestionar el sistema. Rajoy, nada más llegar, suprimió el nivel acordado, se quitó de en medio 285 millones. Y en el real decreto de julio de 2012, en verano y a traición, quitó el 13% de la financiación del nivel mínimo, otros más de 200 millones de euros fuera. Sacó de la Seguridad Social a 165.000 mujeres que estaban cotizando como cuidadoras no profesionales, y recortó un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, que era de 370 euros. Todos esos recortes suponen más o menos 1.000 millones de euros, a costa de dejar morir a las personas en situación de dependencia y machacar a las cuidadoras familiares. Hablo en femenino porque el 94% son mujeres.
¿Serían suficientes esos mil millones?
Suficientes para tener lo que teníamos. Calculamos que se necesitan otros mil más para atender a los 206.000 que están en la lista de espera, con derecho reconocido. Pero, si hablamos de financiación, tengo que decir que los recortes, además de brutales y desalmados, son antieconómicos. Me explico: la Ley de Dependencia es un sistema de inversión social, no de gasto social. Por varios motivos. Primero: vivimos en un país en el que la pirámide demográfica indica que hay muchos abuelos que hay que atender, y eso es inexorable y para mucho tiempo. Lo segundo es que es mucho más barato atender a las personas dependientes desde el sistema de dependencia que desde el sistema sanitario: nuestro recurso más caro es la residencia de ancianos y eso vale 50 euros diarios, mientras una cama hospitalaria vale 550. Tercero: por cada millón de euros que invertimos en la Ley de Dependencia generamos 30 empleos estables, frente a los 17 que genera cada millón invertido, por ejemplo, en obra pública.
Y, además, hay un cierto retorno económico de esa inversión a las arcas del Estado.
Se calcula que por cada euro que se invierte, 40 céntimos retornan al Estado vía Seguridad Social, IVA e IRPF… Es que son torpes.
¿No habéis tenido ocasión de explicárselo a los ministros en cuestión?
A nosotros no nos reciben los ministros. Hablamos con ellos a través de los medios. Ahora tenemos bastante contacto con los grupos parlamentarios, salvo el PP.
Y antes, en la oposición, os llamaba el PP.
No, no, el PP nunca nos ha llamado. Porque el PP, aunque hay excepciones, nunca se ha creído esta ley. Hay una última razón, de justicia social, que es para políticos con alma.
Pero Castilla y León, gobernada por el PP, sale en vuestras estadísticas como la que mejor atiende a la dependencia.
Las cuatro comunidades, Castilla y León, País Vasco, Andalucía y La Rioja, que contaron con los servicios sociales de proximidad de los ayuntamientos generaron mayor eficiencia en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Esto es muy importante: cuando se hacen las cosas desde la proximidad la gestión es más eficaz y eficiente. Castilla y León no tenía otra opción: un tercio de los ayuntamientos de este país están allí. Además, su presidente es de derechas, pero tiene alma.
De todas formas, la primera medida de recorte a la ley la adoptó Zapatero.
No hay la más mínima comparación. No soy defensor de Zapatero, pero lo que hizo en mayo fue retrasar la retroactividad, y estableció un calendario de pagos. Nada que ver con los tres reales decretos que ha hecho Rajoy: quitar derechos, al pasar el grado moderado a 2015; quitar dinero, al suprimir el nivel acordado; y derogar de forma encubierta la ley al tocar 14 artículos, sobre plazos, financiación… Dos días antes de las elecciones, Rajoy salió en el “El País” diciendo que la dependencia era inviable y resulta que esa va a ser la única promesa electoral que va a cumplir.
Negocio, ideología… ¿Qué se esconde detrás de este trato a la Ley de Dependencia?
Hay ideología. La ley más ultraliberal que va a aprobar Rajoy en los próximos meses es la reforma local, porque vacía los ayuntamientos y los reduce a la mínima expresión, es atacar la comunidad, la forma de convivencia. Y también hay negocio. En el tema de la dependencia, si las aseguradoras están apostando por esto es porque hay un sector de esta población dependiente que tiene dinero, aunque eso signifique crear un sistema dual y excluir a los que no tienen. Pero no están calculando una cosa, por la que pueden fracasar: están poniendo en riesgo la cohesión social en España y empujando a cientos de miles de personas a la exclusión social. Y esto no se lo van a perdonar. Las situaciones cambian cuando devienen en insoportables.
LOS MOTIVOS DEL OBSERVATORIO
Antes de que otros lo intenten, lo hemos hecho nosotros: preguntarnos por los motivos ‘verdaderos’ que mueven a la asociación que dirige José Manuel Ramírez y al Observatorio de la Dependencia que promueven. ¿Por qué tanta caña? ¿No será que algo ganan? “Nunca, ni uno solo de nosotros ha cobrado ni un solo euro de la asociación -explica Ramírez a Números Rojos-. Además, somos completamente independientes. En 20 años no hemos recibido ni un solo euro de financiación ni pública ni privada. Vivimos de nuestras cuotas, 50 o 60 euros al año, más los 100 o 200 que alguna vez quiere donar algún socio colaborador. Es una de nuestras virtudes, y que solo nos mueve el compromiso con el ciudadano y la ética profesional”. La asociación nació hace 20 años para tratar de compartir conocimientos sobre la dirección y organización de los servicios sociales que se habían generado. “Tenemos tres sesgos: somos defensores de lo público, somos municipalistas y tenemos un carácter progresista”. Ejercicio de transparencia.
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