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Miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, antes de presentar las alegaciones en un registro de la Generalitat. / M. MOLINESConsideran que la orden de la Conselleria de Bienestar Social es «ilegal» porque procede de un órgano «inferior» al que aprobó la normativa
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia han presentado alegaciones al proyecto de modificación de la orden de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que regula los requisitos de acceso al programa de atención a la dependencia de la Comunitat.
La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y de la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia, Palmira Castellano, ha manifestado que se sienten "molestos con la Conselleria" porque "la orden es ilegal por no estar hecha por un organismo superior, sino uno inferior al de la propia ley".
La orden fue recurrida y el Tribunal Superior de Justicia derogó la normativa, pero la Conselleria, "como no acepta las decisiones del TSJ, presentó un recurso de casación y además puso unas tasas para que siga recayendo parte del peso de los recortes en un sector tan débil como el de la dependencia y la discapacidad", ha explicado Castellano.
La portavoz ha dicho que el principal problema de esta ley es la alta cantidad que hay que pagar para el poco beneficio que se obtiene: "Estamos en contra de que haya que seguir pagando cantidades inasumibles para tener a nuestros mayores en una residencia y que se siga discriminando a los menores, que no pueden recibir cuidados por el alto precio que suponen".
Castellano también ha manifestado que la Conselleria está regulando un copago cuando la ley establece que debería ser regulada a nivel estatal y no por las comunidades autónomas.
La secretaria de Política Social de CC OO-PV, Eva Hernández, ha explicado que "hay dos sistemas de copago: uno es el de las personas con discapacidad no dependientes, que es el que las sentencia del TSJ ha tumbado, y el otro, que está establecido en la ley, es para las personas en situación de dependencia".
Segun la dirigente sindical, "el 10 de julio de 2014, el consejo interterritorial de la dependencia dictaminó unas normas mínimas de copago para los servicios y prestaciones económicas, que está publicado en el BOE, pero como resolución, no como decreto", como debería ser, ha añadido Hernández.
La secretaria de CCOO ha dicho que la modificación de la orden "mejora en algunos aspectos, pero en otros perjudica gravemente" a los afectados.
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