M. Sádaba. Zaragoza
El grado II se mantiene, los pertenecientes al I crecen un 4% y el de sin grado aumenta un 6%.
David, con un grado III de dependencia, en el parque. Carlos
Durante los últimos tres años, la ley de la dependencia ha sufrido importantes cambios que han llevado a que la distribución según el grado diagnosticado haya cambiado considerablemente en Aragón. Si en 2011 tres de cada diez que eran analizados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales -IASS- se les adjudicaba un grado III, en la actualidad, solamente lo consiguen dos. “Desde mediados de 2011 se empezó a paralizar la ley de dependencia y al año siguiente se cambió el baremo con el que decidía qué nivel le correspondía a cada uno”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
“Lo que ha ocurrido es que al poner unas exigencias mayores, todos aquellos que tenían un grado III, nivel 1, se han convertido en grado II y así sucesivamente”, señala Ramírez. Prueba de ello, es que el grado más menguado ha sido el III y el que más ha crecido ha sido el grupo al que no le corresponde ninguna valoración. En concreto, este último ha pasado de estar formado por el 12% de los aragoneses a los que atendían a ser el 18%. “La única intención de que haya menos grados III y aumenten las personas a las que no se les reconoce ningún tipo de dependencia es ahorrar dinero, en el fondo es un recorte encubierto”, asevera Ramírez.
Y es que con la llegada de la nueva ley, muchas familias recibieron una carta en la que se les anunciaba una nueva revisión. “La dependencia es algo permanente y, por lo tanto, irreversible, así que no es compatible con la bajada de grado, aunque lo están haciendo”, puntualiza. De la misma opinión es Margarita Moya, del departamento de Servicios Sociales de UGT. “Todo esto es un intento de eliminar prestación y, además, los más perjudicados son los niños con síndrome de down, a los que les están reduciendo el grado de manera mayoritaria”, explica. Al mismo tiempo añade que en muchas ocasionesestán tardando un año o más para informar del cambio y seguidamente les llega una carta en la que les piden la diferencia de dinero durante este tiempo de tener un grado III a pasar al II.
“Ahora mismo para que te asignen un grado III tienes que estar en una situación muy dramática, sin poderte mover de la cama, que te tengan que ayudar para vestirte, ir al baño, comer...”, sostiene Martínez, haciendo referencia a la gran bajada del número de dependientes que tienen derecho a esta prestación. En los últimos tres años este colectivo se ha visto mermado en casi 5.000 beneficiarios.
En total, durante este periodo ha habido 3.889 dictámenes menos, siendo el grupo III y el II los más afectados, con 4.788 y 1.800 menos respectivamente. Por el contrario, el grupo I crece ligeramente -768 más- y el que más aumenta es el de los sin grado -1.931 más-. “Al endurecer el baremo, las personas que antes tenían un grado 1, nivel 1 ahora no les reconocen ningún tipo de dependencia”, subraya Ramírez.
Además, según los presupuestos de la DGA parece bastante improbable que en algún momento comience a reducirse. Para el próximo año se han incrementado las ayudas para la dependencia en 2,25 millones, cuyo destino es la lista de espera. “Con este dinero no se pueden atender ni a los primeros”, denunció la pasada semana la portavoz del PSOE, María Victoria Broto.
“Lo que ha ocurrido es que al poner unas exigencias mayores, todos aquellos que tenían un grado III, nivel 1, se han convertido en grado II y así sucesivamente”, señala Ramírez. Prueba de ello, es que el grado más menguado ha sido el III y el que más ha crecido ha sido el grupo al que no le corresponde ninguna valoración. En concreto, este último ha pasado de estar formado por el 12% de los aragoneses a los que atendían a ser el 18%. “La única intención de que haya menos grados III y aumenten las personas a las que no se les reconoce ningún tipo de dependencia es ahorrar dinero, en el fondo es un recorte encubierto”, asevera Ramírez.
Y es que con la llegada de la nueva ley, muchas familias recibieron una carta en la que se les anunciaba una nueva revisión. “La dependencia es algo permanente y, por lo tanto, irreversible, así que no es compatible con la bajada de grado, aunque lo están haciendo”, puntualiza. De la misma opinión es Margarita Moya, del departamento de Servicios Sociales de UGT. “Todo esto es un intento de eliminar prestación y, además, los más perjudicados son los niños con síndrome de down, a los que les están reduciendo el grado de manera mayoritaria”, explica. Al mismo tiempo añade que en muchas ocasionesestán tardando un año o más para informar del cambio y seguidamente les llega una carta en la que les piden la diferencia de dinero durante este tiempo de tener un grado III a pasar al II.
“Ahora mismo para que te asignen un grado III tienes que estar en una situación muy dramática, sin poderte mover de la cama, que te tengan que ayudar para vestirte, ir al baño, comer...”, sostiene Martínez, haciendo referencia a la gran bajada del número de dependientes que tienen derecho a esta prestación. En los últimos tres años este colectivo se ha visto mermado en casi 5.000 beneficiarios.
En total, durante este periodo ha habido 3.889 dictámenes menos, siendo el grupo III y el II los más afectados, con 4.788 y 1.800 menos respectivamente. Por el contrario, el grupo I crece ligeramente -768 más- y el que más aumenta es el de los sin grado -1.931 más-. “Al endurecer el baremo, las personas que antes tenían un grado 1, nivel 1 ahora no les reconocen ningún tipo de dependencia”, subraya Ramírez.
El limbo de los dependientes
Otro de los grandes problemas del actual sistema de dependencia son las largas listas de espera. Aragón tiene 7.549 personas que a pesar de tener derecho a una prestación no la reciben, es decir, el 30% del total de beneficiarios. Prueba de ello son los más de 500 expedientes sin resolver desde el 2011 que presentó Marea Naranja a principios de año. “Ahora hemos reunido unos 200 más, son personas a las que se les ha reconocido un grado, se les han elaborado una propuesta de actuación pero que el IASS ya no se lo ha resuelto”, destaca Moya.Además, según los presupuestos de la DGA parece bastante improbable que en algún momento comience a reducirse. Para el próximo año se han incrementado las ayudas para la dependencia en 2,25 millones, cuyo destino es la lista de espera. “Con este dinero no se pueden atender ni a los primeros”, denunció la pasada semana la portavoz del PSOE, María Victoria Broto.
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