domingo, 3 de febrero de 2013

´Todos vamos a ser dependientes alguna vez o a convivir con uno´

La Opini&oacuten de M&aacutelaga

José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales

03.02.2013 | 05:00
´Todos vamos a ser dependientes alguna vez o a convivir con uno´´Todos vamos a ser dependientes alguna vez o a convivir con uno´
LLeva 23 años al frente de la organización, que trata de velar por el correcto funcionamiento de los servicios sociales, de sus trabajadores y de s
us usuarios. Cada año presentan el Observatorio de la Dependencia, que ahora vuelve a evidenciar las desigualdades entre comunidades autónomas. Sin embargo, reconoce que el decreto del pasado verano paraliza y desmantela el sistema tal y como estaba establecido. «El Gobierno ahora invierte la mitad que lo que apostaba antes por el sector», lamenta.
 Zaragozano de nacimiento y malagueño de corazón, José Manuel Ramírez dirige desde Málaga la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que vela por los usuarios de la Ley de Dependencia y por aquellas personas más desfavorecidas. Cree que el futuro está en manos de este sector y del i+d+i, mientras afirma que apostar por él lograría miles de puestos de trabajo, pago de impuestos y un mejor cuidado de nuestros mayores. Lamenta que 230.000 personas se encuentren en un limbo de la dependencia, es decir, con el derecho reconocido pero sin cobrarlo. «Es de justicia que tengan lo que les corresponde», asegura el también profesor de Trabajo Social en la Universidad.
Desde el Observatorio de la Dependencia han denunciado que el Real Decreto-ley 20/2012 supone la práctica destrucción de la ley y el retroceso de los derechos de los beneficiarios.
La ley supuso un gran avance, porque generaba un derecho a la ciudadanía. Por primera vez en España tuvimos la garantía de un derecho universal, esta ley es compleja, hay una primera fase de desconcierto porque la tramitación es compleja y se inicia el desarrollo desde 2007 hasta 2009 y luego una fase de expansión, que genera 735.000 beneficiarios. Después hubo una fase de ralentización y estancamiento con las elecciones autonómicas y los cambios de gobierno, pero la última fase supera el estancamiento. Es el efecto de ese real decreto con el que no se mantiene la tasa de reposición. Es un retroceso y una demolición del sistema de atención a la dependencia. Supone la derogación encubierta de la ley, significa una cuestión tan básica como la reducción del presupuesto. Es la ley con más reales decretos: primero, Rajoy recortó derechos, después presupuestos al dejar de financiar 283 millones de euros, y el último, de julio, hace una derogación encubierta. Ese real decreto elimina el nivel mínimo del 15%, suspende la retroactividad , aumenta el copago, hace incompatible los servicios, y recorta a las cuidadoras profesionales un 15%, una media de 50 euros menos al mes, además de eliminar la posibilidad de que coticen a la Seguridad Social. Lo más dramático de este recorte es que deja de inyectar 283 millones de euros y en diciembre nos reconocieron que eran 835 millones. Ellos le llaman ahorro, y nosotros recorte.
Han denunciado que ya no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, se amplían los plazos para recibir atención y se recortan prestaciones y presupuesto.
Al dejar de inyectar dinero si puede que las comunidades tengan la imposibilidad de tener la suficiente financiación para mantener la atención a las personas del sistema. Si la administración general del Estado en cuatro años ha reducido su aportación a la mitad, ha dejado de ingresar esto a las comunidades, por lo que esto tiene que impactar sobre su propio sistema, la mayoría de ellas ha aplicado el escenario de ruina: dejo que vayan muriendo las dependientes atendidas y no repongo. La tasa de reposición no se mantiene en más de la mitad de comunidades, y el retraso se impone como una norma y significa que si el 54% de los usuarios tienen más de 80 años, significa que la mitad de las personas con derecho, morirán.
Andalucía es una de las comunidades que más solicitudes presenta, con 49 por cada mil personas. Es de las mejor valoradas.
Tiene un volumen de gestión de la ley muy importante, casi 200.000 andaluces son beneficiarios ya, por eso en los indicadores básicos tiene una buena nota. Pero tiene un problema gravísimo, estas medidas de recorte hacia las comunidades impacta de manera más fuerte en las que más han desarrollado el sistema. Ahora tiene que ver cómo lo reorganiza para tener el volumen de gestión con una inyección de 177 millones euros menos.
¿Qué propone?
Propondría que los gobernantes entendiesen cuatro cosas: Tenemos una pirámide sociodemográfica como la que tenemos, hay que atender a las personas mayores. Segundo, supone un ahorro al coste sanitario brutal y tercero, la ley genera 30 empleos por cada millón de euros invertidos. En España, 200.000 personas están empleadas en atención a dependientes. Andalucía tiene unos 35.000 empleados, esto genera unos retornos económicos importantes. Además, es de justicia social, tenemos la obligatoriedad de cuidar a las personas dependientes. En Andalucía debe ordenarse para ver de qué manera impactan esos recortes para mantener la tasa de reposición y cuidar el empleo de los servicios de proximidad. Si no se toman medidas urgentes, el impacto provocará miles de despidos.
En sólo dos años se ha pasado de 34.812 solicitudes a 2.478 al mes. ¿A qué se debe?
Es el único dato positivo que veo. Creo que esta reducción en las solicitudes significa que estamos empezando a tocar techo en relación a lo que se supone que es el potencial de usuarios. Significa que con los miles de usuarios y el trabajo hemos conseguido dibujar el trabajo a abordar. Que hayan bajado las solicitudes, significa que estamos definiendo el campo de trabajo sobre el que tenemos que operar.
Si no fuera por los recortes, ¿iría bien la ley?
En este caso en Andalucía si, pero otras comunidades no, porque Canarias o Valencia, invierten menos de la mitad... Allí ha funcionado mal, la gente se ha ido desesperando y se han acostumbrado a eso de «no lo eches, si total, no te lo van a atender». Son datos buenos para Andalucía, pero es nefasto para otras.
Han alertado de que hay 230.000 personas en un limbo de la dependencia. Que un 23% de las personas tienen reconocido el derecho, pero no lo cobran. ¿Qué puede pasar?
Hay una perversión del dato que da el Ministerio, que dice que se ha rebajado, pero no, se ha cronificado. Dice que se ha rebajado porque hace un año había 270.000, pero no dicen que hay 57.000 personas menos sin derechos, los moderados con derecho usurpado y los fallecidos. El limbo baja porque los han mandado a su casa. Según los cálculos, el sistema necesita 11 años para atender a la última persona que está en la lista, ya que se está atendiendo a 1.722 al mes, si se divide, atiendes a 20.000 al año. Así que, suponiendo que no entre nadie al sistema, si se divide, tardarían 11 años en atenderles. Y ahora yo le pregunto a Rajoy. ¿Cree que esas 230.000 personas les van a vivir 11 años?
¿Se está dejando morir a la gente?
La demonización que ha llegado a hacer el Ministerio filtrando el informe del Tribunal de Cuentas, es de gran bajeza moral y ética. También dijeron que no era justo que lo recibiese gente con rentas de 100.000 euros. ¡A ver si ahora Botín no puede ir a Carlos Haya! Luego dijeron que había un fraude generalizado a las cuidadoras no profesionales para inmediatamente rebajarles el sueldo y sacarlas de la Seguridad Social. Y luego filtran el informe del Tribunal de Cuentas y rompen las reglas del juego. No es demagógico decir que decenas de miles de personas dependientes morirán sin ser atendidos con la aplicación de la ley.
El plazo medio de espera es de un año y medio. Y la edad media de estas personas es de 80 años. ¿Se alargan los tiempos para evitar a estos posibles usuarios?
Claro, el problema es que los plazos con las medidas del Gobierno no solo no se alargan, sino que al retroceder no van a entrar. Ya en Andalucía con tanta gestión difícilmente ha entrado gente al sistema. No hay posibilidades de tener la financiación suficiente para atender a estas personas.
Denuncian el desequilibrio entre las aportaciones de la administración del Estado y las comunidades, de un 32% y un 56%. ¿Están las comunidades presionadas con los recortes?
Las comunidades están sufriendo. En 2009, el Estado aportaba casi el 40% del presupuesto y en 2012 el 21,4%. Las estimaciones es que para 2013 habrá tras otro recorte de 200 millones. Creo que va a sufrir un recorte añadido y no va a llegar al 20%. Pero la factura es la misma, aumenta el copago y han tenido que aumentar sus presupuesto. Por eso hay comunidades que están aplicando el escenario de ruina, que se vayan muriendo. Lo dramático es que la administración aporta menos dinero a la comunidad que dinero recibe de los retornos de los impuestos de la ley de dependencia.
Supongo que desde su posición sentirá desazón ante una ley que fue una revolución.
Sí, pero estoy esperanzado. Esta ley es irreversible, vamos a intentar cambiar el modelo. Consideramos que los retornos de la ley son de 1.400 millones, y si se suma la generación de empleo, esto nos hace pensar que cuando salgamos de la crisis va a haber dos sectores que van a premitir el crecimiento: la i+d+i y la atención a los dependientes. Creemos que lo que ha costado montar este tejido empresarial, a pesar del Gobierno, va a ser mantenida y hay que evitar el cambio de modelo, que es lo que ellos pretenden.
¿Qué beneficios económicos y sociales supondría apostar por la dependencia?
El empresario tiene un beneficio económico, sabe que tiene una tarta de 6.000 millones de euros. Desde nuestro punto de vista, el beneficio es absoluto, la ley de dependencia permite la dignidad humana, pero esa es una razón potente para un gobernante con alma, para el que no, hay que hacerle entender a los ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda, porque Sanidad no lo entiende. Todos vamos a ser dependientes alguna vez en nuestra vida o a convivir con alguna persona en esa situación.
Alertan de que la desatención en dependencia provoca un incremento del gasto sanitario.
Sí, le voy a poner dos ejemplos. Una persona en situación de dependencia cada día que pasa en el hospital ingresada cuesta 300 euros. Una residencia con atención sanitaria suficiente cuesta 50 euros diarios, el ahorro del coste sanitario esta clarísimo. En servicios de proximidad, con las auxiliares que llevan el control de un medicamento, el ahorro es superior que cuando no se tiene un cuidador que ayuda.
Andalucía es la tercera comunidad en valoración por su aplicación de la ley y la mitad de las comunidades suspende en el Observatorio. ¿La Junta lo está haciendo bien? ¿Estás más concienciada?
Andalucía ha hecho un desarrollo del sistema de atención a la dependencia que por volumen de gestión es muy importante. Tiene una buena nota porque ha hecho una apuesta por atender a las personas en situación se dependencia de manera digna, universalizada y con garantía de derechos. El problema es que es un ‘boomerang’. Mantener esos niveles con los recortes va a tener una gran dificultad para ir adaptando el sistema a los recortes del Estado, y que de alguna manera van a impactar en los presupuestos andaluces. Es un sistema muy generalizado, de mucha prestación y poco servicio. Debe de reconducir y potenciar los servicios de proximidad. La ayuda a domicilio está en la encrucijada, debe preservar los servicios de proximidad: la ayuda a domicilio, los centros de día y la teleasistencia.
¿La revisión de los expedientes está provocando que se saque a beneficiarios de su grado?
Si, se está haciendo una revisión masiva y generalizada en Andalucía y toda España, es una medida más para valorar si el recorte del real decreto de grados y niveles permite un baremo nuevo que aplicado pueda hacer una caída en cascada en niveles. Hay que hacer un recorte encubierto a través de las baremaciones. A pesar del discurso y la consigna del Ministerio de Sanidad, hemos comprobado que los grandes dependientes han pasado de representar un 34% en grado tres a un 32%. Es decir, desde agosto todos los grandes dependientes no se reponen. En 2012 en España se han perdidos más de 35.000 grandes dependientes.
¿Qué perspectivas futuras tienen?
A pesar de todo el derrotismo de los datos e intenciones del Gobierno, me gustaría dejar claro un mensaje esperanzador, de un modelo humano universal de derechos subjetivos en el campo de los servicios sociales. Se va a mantener porque la sociedad española no va a permitir que este derecho se pierda.

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