El presidente se compromete en las Corts a pedir al Gobierno que reduzca la aportación de los que tiene que abonar más de 50 euros por las recetas
22.02.2013 | 00:00
J. R./J.G.G. VALENCIA El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se comprometió ayer en las Corts a pedir al Gobierno central que se reduzca la aportación económica que tienen que hacer las personas con discapacidad para pagar sus medicamentos. La iniciativa no se extenderá, como solicitó ayer EU, a todo el colectivo sino sólo aquellos que mayor desembolso de dinero tienen que hacer; alrededor del 3 por ciento que pagan más de 50 euros al mes como consecuencia de la extensión del copago sanitario a los dependientes
El jefe del Consell se escudó en el Gobierno central para justificar que la ampliación del copago a este colectivo. Aseguró que la Comunitat Valenciana estaba "obligada" por la ley estatal e indicó que el objetivo es unificar criterios y hacer sostenible el sistema desde el principio de igualdad. La portavoz de EU, Marga Sanz, que llevó este debate a la sesión de control, negó la mayor y mantuvo que la decisión es responsabilidad del Ejecutivo autonómico.
Fabra defendió el pago en función de la renta e hizo hincapié en que "ningún beneficiario quedará fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos". "¿No cree que es de conciencia que las personas que tengan la posiblidad económica de hacerlo nos ayuden a sostener el sistema?" preguntó a la responsable de EUPV.
Sanz replicó a Fabra que si al hablar de "principio de igualdad" el PP se refiere a que "todos los ciudadanos sufran lo mismo" e indicó que "ya pagamos unos impuestos que, en función de nuestra renta, deberían hacer que esos servicios fueran gratuitos". Sanz instó al Consell a dar marcha atrás "ya que no es posible que vayan al rescate de la Fundación del Valencia CF con 4,8 millones y estén abandonando a las personas con discapacidad". "Sus prioridades no son sociales; son líderes en insolidaridad", apostilló.
Habrá rectificación, pero a medias. Fabra indicó que del 81 por ciento de los afectados por la normativa, el 36,6 por ciento "no necesitan aportar absolutamente nada" y "la otra mitad de ese 81 por ciento lo hace con una cantidad inferior a los diez euros". Admitió su preocupación por un 2,6 por ciento tiene que aportar más de 50 euros. El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, puntualizó que un 0,4 por ciento (unas 164 personas) abonan más de 100 euros al mes. Fabra dijo que plantearía la cuestión en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
Precisamente, la política social es uno de los cuatro grandes asuntos sobre los que Fabra ofreció ayer a la oposición llegar a acuerdos. El presidente, como ya anticipó en su discurso de año nuevo, quiere reunirse con los partidos políticos y los agentes sociales para hablar también de agua, política industrial y urbanismo. Añadió que las reuniones comenzarán la semana que viene.
El jefe del Consell se escudó en el Gobierno central para justificar que la ampliación del copago a este colectivo. Aseguró que la Comunitat Valenciana estaba "obligada" por la ley estatal e indicó que el objetivo es unificar criterios y hacer sostenible el sistema desde el principio de igualdad. La portavoz de EU, Marga Sanz, que llevó este debate a la sesión de control, negó la mayor y mantuvo que la decisión es responsabilidad del Ejecutivo autonómico.
Fabra defendió el pago en función de la renta e hizo hincapié en que "ningún beneficiario quedará fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos". "¿No cree que es de conciencia que las personas que tengan la posiblidad económica de hacerlo nos ayuden a sostener el sistema?" preguntó a la responsable de EUPV.
Sanz replicó a Fabra que si al hablar de "principio de igualdad" el PP se refiere a que "todos los ciudadanos sufran lo mismo" e indicó que "ya pagamos unos impuestos que, en función de nuestra renta, deberían hacer que esos servicios fueran gratuitos". Sanz instó al Consell a dar marcha atrás "ya que no es posible que vayan al rescate de la Fundación del Valencia CF con 4,8 millones y estén abandonando a las personas con discapacidad". "Sus prioridades no son sociales; son líderes en insolidaridad", apostilló.
Habrá rectificación, pero a medias. Fabra indicó que del 81 por ciento de los afectados por la normativa, el 36,6 por ciento "no necesitan aportar absolutamente nada" y "la otra mitad de ese 81 por ciento lo hace con una cantidad inferior a los diez euros". Admitió su preocupación por un 2,6 por ciento tiene que aportar más de 50 euros. El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, puntualizó que un 0,4 por ciento (unas 164 personas) abonan más de 100 euros al mes. Fabra dijo que plantearía la cuestión en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
Precisamente, la política social es uno de los cuatro grandes asuntos sobre los que Fabra ofreció ayer a la oposición llegar a acuerdos. El presidente, como ya anticipó en su discurso de año nuevo, quiere reunirse con los partidos políticos y los agentes sociales para hablar también de agua, política industrial y urbanismo. Añadió que las reuniones comenzarán la semana que viene.
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