Asisten a dicha reunión, Asunción Sánchez Zaplana, Consellera de Bienestar Social, Manuela García, Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Pilar Collado, Directora General de Discapacidad y Dependencia, Álvaro Cuadrado, Secretario del Gabinete de la Consellera, Juan Carlos Moragues, Conseller de Hacienda, Eusebio Monzó, Secretario Autonómico de Hacienda y Presupuestos, Luis Nogueroles, Director del Gabinete del Conseller como representantes de la Administración, y como representantes de las Plataformas en Defensa de la Dependencia : Palmira Castellano (Plataforma de Valencia), Sandra Casas (Abogada), Asunción González (Plataforma de Elche), Leslie Ariona (Plataforma de Elche), Sonia Fernández Lapierre (Plataforma de Castellón) y Carme Santamaría (Plataforma de Castellón).
Da comienzo la reunión expresando las Plataformas el profundo malestar e indignación por la aplicación del copago a las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. La Consellera argumenta que el copago es una decisión impuesta por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Sandra (abogada) cuestiona la potestad de la Comunitat Valenciana de aplicar esta normativa a nivel autonómico cuando no existe normativa a nivel estatal. Pilar Collado, responde que sí que están autorizados y que también lo han hecho, el resto de las Comunidades Autónomas. La Consellera mantiene que sólo se ha aplicado el copago en las prestaciones entre 532 y 1600 euros y le hacemos saber que eso es radicalmente falso. La compañera Asunción González (Plataforma Elche) ha desarrollado la fórmula del copago aplicada a su caso concreto y expone que no le salen las cuentas, por lo que pide que alguien de los representantes de la administración le diga qué es lo que falla. Ninguno de los siete representantes del Gobierno Valenciano es capaz de desarrollar la fórmula en ese momento. Alegan que los datos son tomados de un programa informático, sin aclarar qué año de la reclamación se ha tomado en cuenta. En el caso concreto de los menores, se les pregunta qué es lo que consideran como renta y reconocen que es la renta de la unidad familiar.
Las representantes de las Plataformas recriminamos a la Conselleria de Bienestar la nula información dada a los dependientes sobre el copago. La Consellera reconoce la gestión deficiente de su equipo a este respecto y se compromete a buscar algún tipo de fórmula para informar a los beneficiarios caso por caso de los recortes sufridos, pero sin concretar nada al respecto. .Se propone enviar una circular informativa con unos datos comunes según tipo o mayor información en el teléfono de atención al ciudadano.
El Conseller de Hacienda nos informa de que el pago del mes de enero tendrá lugar a finales de febrero, y no el día 15 como se había comprometido. A partir de ahí, adquiere el compromiso verbal de pagar todos los meses el último día de mes. Se niega a que el compromiso se registre por escrito, ya que según nos dice, no se están adquiriendo compromisos por escrito con otros colectivos, y eso podría ser considerado como “un agravio”.
Asimismo, nos confirma que el pago de la retroactivad que se hace en cuatro años y se cobra el mes de marzo, está presupuestado para pagarlo el mes de abril.
Tras agradecer a los representantes de Hacienda su participación, éstos abandonan la reunión.
El segundo punto a tratar es el tema de los 10.000 expedientes que hay sin resolver, algunos usuarios de este grupo están recibiendo una circular donde se les cambia la prestación al cuidador, por algún tipo de ayuda domiciliaria. La directora general insiste en que este tema pertenecía a la anterior etapa y que está paralizado, a la espera de una decisión. Sandra Casas, nuestra abogada presenta un documento de consellería donde se demuestra que estas cartas se siguen enviando, puesto que la fecha de recepción es de enero.
La Consellera parece desconocer este tema y decide abordar este tema . Nos encargamos de recordarle que no se puede aplicar una ley posterior a unos documentos cuya recepción es anterior. Es ilegal. Somos conscientes de que la prestación al cuidador es con carácter excepcional, pero les recordamos que las Plataformas ya habíamos denunciado este tema y que la excepcionalidad ha sido desde siempre y no desde ahora.
Comentamos el hecho de que entre las trabajadoras sociales municipales circula una "lista negra" con los usuarios que no van a recibir ninguna prestación a pesar del tiempo de espera. Vuelve a surgir la indignación de la Consellera quien dice no tolerar ninguna actuación de este tipo.
Aunque no se llega a ningún compromiso en firme. Desearíamos esperar que los expedientes se resolvieran según marca el derecho.
En un tercer punto, denunciamos la recepción de la Resolución de Grado sin nigún tipo de prestación adjudicada. Insistimos de nuevo en que esto no es aceptable y que debe ir acompañada del consiguiente Programa Individualizado de Atención. Parece ser que estos hechos tampoco son conocidos por nadie y se toman nota para una posterior decisión.
Por último, solicitamos la intercesión de la Consellera de Bienestar Social para concretar una reunión con el Conseller de Sanidad, debido a la derogación del párrafo 2 del ártículo 16 del Estatuto del Discapacitado. Esto nos obliga a tener que abonar los gastos farmaceúticos del discapacitado según el número de la S.S. al que está inscrito y que en muchos casos obliga a las familias a un gasto en medicinas del 50%, así como en pañales, sondas.... y demás material ortropotésico.
Acepta con el compromiso de facilitar esa reunión y de enviar algún representante puesto que es una asunto muy ligado al Bienestar Social.
Valencia, a 14 de Febrero de 2013
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