05/02/2015
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La reforma de la Ley de Dependencia que se puso en marcha en el inicio de esta legislatura se había anunciado como una fórmula para hacerla más ágil y eficaz, pero el paso del tiempo ha demostrado que en realidad supone un grave retroceso. El presidente de la Asociación Estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales achaca todos los problemas surgidos al Gobierno central y defiende la labor de las autonomías y en especial de Castilla y León para paliar en lo posible los efectos derivados de esa reforma. Y es que la modificación legal llevó a que las personas valoradas con un grado 1 de dependencia (cuando necesita ayuda para realizar varias actividades básicas a diario) no recibirán las ayudas hasta el próximo junio, con tres años de retraso con respecto a los plazos inicialmente fijados. Pero además se han quedado muchas personas fuera de la dependencia al modificarse los niveles dentro de cada grado. Y se ha reducido en un 15% la cuota destinada al cuidador familiar, que ya no tiene un rango profesional.
En estos momentos en León cobran la ayuda 12.506 personas frente a las 12.611 de 2011. El número es similar. Pero existe una importante merma en el volumen de dependientes que tienen derecho a percibirla aunque aún no lo han logrado. Antes de la reforma legal ascendían a 13.596 y ahora son 12.615, lo que genera esa desfase de casi mil personas que han quedado fuera del sistema.
El problema es que detrás de estos números hay una realidad con nombres y apellidos. Con familias que tienen que buscar fórmulas para atender a los dependientes sin contar con ese repaldo público que se ha visto limitado con unas reformas que se había garantizado que no pasarían la famosa ‘línea roja’.
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