El Gobierno vasco recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto que regula las condiciones de emisión y uso de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad si no retira esta norma en el plazo de un mes. El Gabinete de Urkullu considera que invade la competencia exclusiva de Euskadi en asistencia social.
El primer paso del Ejecutivo de Vitoria en este nuevo conflicto normativo será la remisión de un requerimiento formal al Gobierno de España para que derogue "por incompetencia" varios artículos y disposiciones del citado decreto aprobado el pasado mes de diciembre al entender que se extralimita al regular esta materia y no respeta las competencias estatutarias.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, explicó hoy en rueda de prensa que Euskadi dispone desde hace quince años de normativa propia para regular la emisión y uso de las tarjetas de estacionamiento para discapacitados. Esta norma pone en manos de los municipios la potestad de conceder una tarjeta que está homologada y tiene validez en toda la Unión Europea.
Erkoreka denunció que "el afán uniformizador del Gobierno español, le ha llevado, una vez más, a elaborar un decreto que se regula con tal grado de detalle el proceso de solicitud, concesión, renovación y validez transitoria de este tipo de tarjetas, que agota el margen de Euskadi para intervenir tanto en los aspectos propios, como de procedimiento de esta tarjeta".
Atentado contra el Estatuto
"Utiliza el principio de igualdad en derechos y obligaciones de la ciudadanía como excusa para sustentar esta norma sin atender a las propias sentencias del Tribunal Constitucional en las que deja claro que la garantía de igualdad no puede consistir en una igualdad uniformadora. Es una excusa para arremeter una vez contra el Estatuto", dijo el portavoz.
En este punto, precisó que el Gobierno de España dispone de un mes para atender a este requerimiento o, de lo contrario, el Gobierno vasco presentará ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias por invasiones competenciales en nueve artículos y los artículos y siete disposiciones adicionales, transitorias y finales del Real Decreto de 12 de diciembre.
En lo que va de legislatura el Gobierno de Urkullu ha presentado ante el Tribunal Constitucional diez recursos de inconstitucionalidad y dos conflictos positivos de competencias, si bien es cierto que en una buena parte de ellos ambas partes llegaron a un acuerdo total o parcial.
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