El presidente del Cermi confirma que tutores del IVAS no habían autorizado la domiciliación
Critican que algunas familias han pagado el copago sin saber la cuantía que correspondía
Familias de discapacitados protestan por la situación del colectivo en la Comunidad Valenciana. BIEL ALIÑO
De nada han servido las protestas. Los discapacitados valencianos detectaron este viernes que la Conselleria de Bienestar Social les había retirado de sus cuentas corrientes el primer cobro del copago. La tasa que deben asumir las personas mayores y con discapacidad que se calcula en función del coste del servicio y de la capacidad económica del usuario.
Este cobro, aunque muy criticado, se esperaba desde hace un mes, cuando el equipo de la consellera Asunción Sánchez Zaplanaanunció que llegaría a primeros de año. Al final ha llegado y con polémica.
El motivo es que los cargos, correspondientes al mes de enero se han aplicado de forma «indiscriminada» según el presidente delComité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV), Joan Planells.
El sector pide que se investigue cómo se han realizado los cobros de Bienestar
Las llamadas de usuarios que registró el Cermi ayer lo confirmaban. «Hoy día 20 de febrero la Conselleria de Bienestar Social ha pasado la tasa de copago a quienes habían dado autorización para domiciliar el cobro», según Planells, quien aclaró que también «ha requisado la cuantía a los discapacitados de los centros del IVAS (Instituto Valenciano de Acción Social) cuyos familiares o tutores no habían autorizado el cobro domiciliado de la tasa, y sin su conformidad las han pasado a la Conselleria que no ha dudado en cobrarles hoy el recibo bancario».
Ante esta situación, Planells se preguntaba ayer: «¿Puede haber prevaricación cuando la Generalitat vulnera la Ley de Protección de Datos a sabiendas, como sería este caso? Porque ni las familias ni los tutores, en el caso de huérfanos, han recibido en estos momentos la resolución que les impone la tasa. ¿Cómo se le puede pasar a uno un recibo bancario sin ni siquiera haberse molestado en enviar la resolución?».
La resolución de prestación es el documento que determina qué cuantía le corresponde a cada discapacitado en función de sus rentas y, aunque ha llegado a muchas personas, «hay otras muchas que no han recibido nada y no tienen posibilidad de alegar si encuentran errónea la cantidad que les propone la Administración», continuó el presidente del Cermi.
Este desajuste motivó a todo el colectivo de la discapacidad a pedir una investigación sobre «todas estas tropelías y que se destituya a las personas que ordenan tantas vulneraciones de la Ley».
No hay comentarios:
Publicar un comentario