sábado, 14 de febrero de 2015

Respeto, dignidad y justicia social.



 
Como hemos podido ver en los medios de comunicación, la Consellera de Bienestar Social ha convertido el copago que proponía y que la Justicia paralizó en una tasa de obligado cumplimiento para las personas con discapacidad, bajo amenaza de la pérdida de plazas y el embargo de cuentas de no abonarse.

Frente a ello, el CERMI, que se supone representa al mencionado colectivo, ha lanzado una campaña 
de recogida de firmas que pretende una especie de copago justo, adecuado a la renta de cada persona, y siempre respetando que queden unos ingresos que permitan una vida medianamente digna.

Entendemos que asumir un copago es entender que este tipo de tasas son adecuadas, ya sean en discapacidad, pero también en sanidad o educación, y que si las personas con rentas superiores ha de pagar más por los servicios que recibe, que lo haga a través de una carga mayor en sus impuestos que repercuta también en las que tienen menos recursos.

Por tanto, no apoyaremos la recogida de firmas que se propone, y seguiremos luchando por unos servicios que consideramos que han de ser universales, públicos y gratuitos.

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