En ella, el CERMI, que es la metaentidad que dice representar a las entidades de personas con discapacidad, plantea frente al copago que vía tasa ha impuesto la Consellería de Bienestar, al que tienen llaman, no sin razón, copago confiscatorio.
Sin embargo, la propuesta del CERMI incluye una propuesta propia de copago, en la cual las personas con discapacidad que reciban una prestación superior a los 1.300 euros han de pagar una parte a Generalitat, siempre respetando que quede un "dinero de bolsillo" que permita una cierta dignidad.
Dicho así, podría sonar hasta bien.
Así que lanzo esta propuesta.
Que quiénes estén estudiando y reciban una beca superior a 1.300 euros, paguen una parte para cofinanciar los servicios educativos que están recibiendo.
Que quiénes están recibiendo una pensión superior a 1.300 euros (caso de haber alguien, pero eso ya es otra historia), paguen una parte de ella por los servicios sanitarios que estén recibiendo.
Que quiénes perciban un salario superior a 1.300 euros, pague una parte a la empresa para colaborar con los gastos derivados del manenimiento de ésta.
Así suena un tanto absurdo, ¿no?
Que pague más quien más tiene, sí, y siempre, pero no así. Si una familia con una persona dependiente tiene unos ingresos superiores a la media, pues que Hacienda se encargue de fiscalizar adecuadamente, pero asumir que se ha de pagar por una prestación social es, simplemente, una aberración.
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