El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad traslada a la defensora del pueblo la necesidad de acudir al Constitucional
24.02.2015 | 23:57
NEREA SORIANO CASTELLÓ El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reunido ayer en Castelló ha lanzado una campaña de asesoramiento legal para las familias afectadas por la tasa impuesta por el gobierno valenciano después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulara el copago. Al mismo tiempo, el Cermi trasladará a la defensora del pueblo, Soledad Becerril, la necesidad de acudir al Tribunal Constitucional al entender que la Generalitat ha actuado fuera de sus competencias. Además, también se está negociando con los diputados y senadores socialistas para que presenten otro recurso antes del 30 marzo.
Según explicó el vicepresidente de la asociación, Carlos Laguna, el objetivo de dicha campaña es que los afectados presenten el recurso «de la forma correcta» para que no sea anulado. Y es que el proceso es «n tato peculiar», según las propias palabras de Laguna, ya que primero se tiene que presentar el recurso de alzada a la administración, que tendrá un mes para para contestar.
A continuación, procedería interponer el contencioso administrativo con el que se pediría la anulación de los recursos y, en el caso de resultar favorable, las familias incluso podrían recuperar el dinero que han aportado hasta ahora, además de los intereses retroactivos. A este respecto, Laguna hizo hincapié en que hay diferentes modelos de recurso de alzada dependiendo de si la tasa es por hijo a cargo, por pensión no contributiva, incapacidad o grandes inválidos. «Lo que quiere el Cermi es asesorar a cada uno de los afectados para, según la situación, el escrito se formule correctamente», añadió Laguna. El comité de discapacitados confía en ganar los recursos ya que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha resuelto hasta cuatro casos a favor del afectado por «incompetencia» del Consell.
Contra los «atropellos» del Consell
El presidente del Cermi en la Comunitat Valenciana, Joan Planells, hizo hincapié en que la campaña de orientación se ha lanzado para que los afectuados puedan defenderse de los «atropellos» de la Generalitat. Planells reseñó que todas las asociaciones sin ánimo de lucro informarán a los usuarios sobre los pasos a elegir pero tienen sus dudas con que los centros públicos también lo hagan. Cabe recordar que el Cermi denunció que la Generalitat Valenciana ha procedido al cobro de la tasa sin la autorización previa del interesado para la domiciliación de la misma, «una circunstancia que se ha dado en centros públicos del Instituto Valenciano de Asistencia Social (IVAS)», apuntó Planells, para quien estos hechos suponen un nuevo «maltrato» a los discapacitados.
«Los afectados no han autorizado la domiciliación bancaria de la tasa y, sin embargo, ellos, a través del centro que tenía los datos, han accedido a ellos vulnerando la ley de protección de datos. Además, nos han pasado la tasa el día 20 sin molestarse en que para ese día se tuviera la resolución. Nos hemos enterado de la tasa por el apunte bancario lo cual significa el desprecio que esta gente tiene con las familias que tienen un hijo discapacitado», argumentó el presidente del Cermi CV. En cuanto a la cifra estimada de cuantas personas pueden estar en esta situación, desde la asociación apuntan que es imposible saberlo porque los datos los tiene la Generalitat. No obstante, Planell señaló que el lunes, en apenas hora y media, llamaron cinco familias que no tenían la resolución, no habían autorizado el pago y que el viernes a las nueve de la mañana les habían pasado el recibo.
Por último, Planells alertó de la posibilidad de que los afectados opten por denunciar directamente al funcionario o persona que haya facilitado los datos bancarios a la Generalitat.
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