La rebaja se ha producido en los tres últimos años, según la Asociación de Gerentes
JAIME PRATS Valencia 19 FEB 2015 - 14:24 CET
Protesta contra los recortes a la dependencia en Valencia. / MÒNICA TORRES
El impacto de los recortes introducidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en el sistema de dependencia se ha traducido en 1.409 millones de euros menos de financiación estatal entre los años 2012 y 2014. Los datos corresponden a un estudio elaborado con información oficial por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentado este jueves.
Esta merma en inversión pública responde a la reducción presupuestaria acometida en dos partidas. Una de ellas tiene que ver con el llamado nivel acordado, un fondo de 292,7 millones de euros destinado a las comunidades autónomas que se eliminó en 2012. El otro afecta al denominado nivel mínimo, la vía de financiación por la que el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales abona por cada dependiente una cantidad en función de su estado: a mayor gravedad mayor ayuda. Esta aportación se redujo un 13% (de media por los distintos servicios y prestaciones) en 2012, lo que equivale a una disminución de 506,4 millones de euros en los tres últimos ejercicios.
Las autonomías más afectadas en términos absolutos son las más pobladas: Andalucía (342 millones menos), Cataluña (240 millones) y Madrid (145,3 millones).
Si a la caída de 1.409 millones de euros proveniente de las arcas estatales se suma el impacto debido a otro de los tijeretazosaplicados a la norma, la reducción del 15% de las ayudas a cuidadores familiares (que supuso un ahorro en las cuentas de las autonomías), habría que añadir otros 827 millones de euros, lo que eleva a 2.236 millones de euros la rebaja de la aportación de las administraciones públicas, según el informe de la asociación. .
Los directores de centros de servicios sociales han presentado estos datos junto con los resultados del examen al que someten periódicamente a las comunidades autónomas sobre la aplicación de la dependencia. Nueve autonomías, a las que hay que añadir las ciudades de Ceuta y Melilla, suspenden en la gestión y ejecución de la norma, cuya puesta en marcha acaba de cumplir ocho años. La diferencia entre la primera (Castilla y León con 10 puntos sobre 10) y la última, la Comunidad Valenciana (con una nota de 1,7), es abismal.
José Manuel Ramírez, presidente de la entidad que elabora el informe, sostiene que la delicada situación que vive el sistema de ayudas (residencias de tercera edad, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, prestaciones económicas en el entorno familiar) en buena parte del territorio responde a los recortes de la financiación estatal. “Esta decisión llevó a un estancamiento del sistema en los dos primeros años y a un retroceso de los principales parámetros en 2014”, señala.
Las autonomías que ya habían consolidado un buen sistema de ayudas han aguantado mejor el escenario de recortes (Castilla y León, el País Vasco), pero las que contaban un una red de prestaciones más endeble son las que más han sufrido, añade.
Canarias acompaña a la Comunidad Valenciana, ambas con un paupérrimo 1,7 sobre 10, se a la cola de todo el Estado. Junto a ellas obtienen la misma puntuación Ceuta y Melilla, con el agravante de que los servicios de dependencia de ambas ciudades autónomas están gestionados directamente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Entre las comunidades suspendidas se encuentran también Aragón (3,3), Baleares (3,8), y Galicia, Madrid y Murcia (todas ellas con una valoración de 4,2). La lista la completa Cantabria y Cataluña, con una nota de 4,6.
En el aprobado justo están Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. Por encima, La Rioja (6,3) y Extremadura (6,7). Al notable sólo llegan Andalucía (7,1) y País Vasco (7,5). Como viene sucediendo desde 2008, Castilla y León se mantiene en la primera evaluación del sistema, en el primer puesto de la clasificación.
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