lunes, 1 de abril de 2013

Una sentencia obliga a dos discapacitadas a demoler el ascensor que les permite acceder a su casa



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EFE / Teruel

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Miriam y Alba Escuín acceden a la vivienda a través del ascensor que se ve en la foto. BYKOFOTO/A.GARCÍA

La familia de dos mujeres discapacitadas de Teruel, que necesitan silla de ruedas, está recogiendo firmas para evitar el cumplimiento de una sentencia judicial que les obliga a derribar un elevador construido hace dos años, que es el único medio que tienen para acceder a su vivienda.
Miriam y Alba Escuín acceden a su vivienda, instalada en la primera planta de un edificio de la carretera Villaspesa, a través de un elevador construido alrededor de hace dos años "porque es la única manera que tenemos de entrar en nuestro hogar", que comparten con sus padres y otra hermana, ha explicado a Efe Miriam.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel obliga a la familia a derribar este elevador, dando la razón a un vecino que denunciaba los perjuicios que la obra causaba en su vivienda, porque tal y como atestiguaron los peritos y testigos durante el juicio, el elevador "crea nuevas zonas de sombra en el inmueble" colindante y "le limita las luces y vistas de las que disponía".

Considera también que "altera un elemento común y limita el derecho de propiedad de uno de los vecinos" y resalta que la obra se ha realizado "sin trámite alguno".

La familia afectada realizó ayer una rueda de prensa para pedir "sensibilidad" sobre este asunto y, aseguraron, poder llegar a una solución.

"Entiendo que hay que cumplir la ley y no perjudicar al vecino, pero también hay que cumplir la ley que dice que los discapacitados tienen que poder acceder a su vivienda", explicó a Efe Margarita Escuín, hermana de las afectadas.
Sentencia a favor

Recordó además que una sentencia previa les daba la razón pero ahora la sentencia actual dice que prima más el perjuicio al vecino y no cabe recurso.

Hasta el momento han recogido más de 3.000 firmas y esperan que pueda seguir en una plataforma "on line", ha informado.

Margarita alegó que para la realización de la obra solicitaron los permisos municipales y "el tema se trató en la Junta de vecinos".

Además, resaltó que no recibieron ninguna subvención para realizar la obra que costó más de 20.000 euros y respecto a lo que recoge la sentencia de que el elevador podía haberse construido dentro de la casa, Margarita ha dicho que "el coste se podría duplicar".

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