Suprimir los servicios sociales de los ayuntamientos dejará sin protección a 200.000 personas

		JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2013 ¡ç in¡
		Un total de nueve organizaciones de trabajadores, empresas, sindicatos, científicos y usuarios se han unido para exigir al Gobierno que mantenga la competencia de los servicios sociales que actualmente ostentan los ayuntamientos ya que, según afirman, si se priva a las entidades locales de esta responsabilidad, 200.000 personas se quedarán sin asistencia y hasta 65.000 perderán su trabajo.   Así lo han explicado en rueda de prensa los representantes de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Alfredo Bohórquez; la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Ángel Quesada; la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Javier Gómez; Comisiones Obreras, Jesús Fernández; la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, César Blanco; y el Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicenta.    Estas entidades, junto a otras como UGT y UDP, han enviado una carta por triplicado a los ministros de Empleo y Seguridad Social, Economía y Competitividad y Hacienda y Administraciones Públicas para incidir en la importancia de eliminar la previsión de eliminar las citadas competencias que se recoge en el anteproyecto de reforma de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.    La carta cita diez razones para mantener los servicios sociales en manos de los ayuntamientos, y que van desde las ventajas económicas en términos de generación de empleo --la administración local genera para el sector privado más de 150.000 puestos--, como de actividad económica en el sector de la atención a las personas --más de 250 concursos públicos en 2012 por importe superior a 600 millones de euros--.    "Sólo la ayuda a domicilio mueve más de 1.000 millones de euros al año", ha destacado Bohórquez, para incidir en que si se retira la competencia a los ayuntamientos, éstos dejarán de destinar recursos propios a la atención de personas, asistencia que "genera empleo e impulso económico". "Estamos hablando de un modelo de Estado y este Estado, el único elemento que tenemos en común son las personas, por lo que tenemos la responsabilidad de plantear soluciones", ha añadido. "EL ´ESCRACHING´ SE QUEDARÁ CORTO"    Desde CEOMA, Quesada ha puesto el acento en la atención domiciliaria que hoy reciben 600.000 personas en toda España, fundamentalmente mayores solos o con problemas de dependencia, gracias a sus ayuntamientos. "¿Puede el Gobierno acabar de un plumazo con toda la obra social de los ayuntamientos?", ha planteado, para añadir que si la reforma se lleva a cabo "el ´escraching´ se quedará corto" como forma de protesta.    En la patronal de la dependencia tampoco ven con buenos ojos la reforma prevista por el Ejecutivo al entender que "se carga un sector con un elevado potencial generador de empleo en sectores de la población que tradicionalmente tienen más dificultades", como son las mujeres de entre 35 y 55 años de edad con un nivel de cualificación medio o bajo. Además, ha destacado que los servicios sociales ahorran visitas al médico y a urgencias, así como gasto farmacéutico.    El representante de Comisiones Obreras ha añadido también que la medida encarecerá el servicio al aumentar la burocracia y creará desigualdad porque en comunidades o provincias con alta dispersión geográfica los ciudadanos de los pueblos que necesiten atención tendrán que desplazarse a la capital para realizar las gestiones con el Ejecutivo regional. Para Fernández, "sólo cabe pensar que quieren cargarse el servicio". "NO HAY FRAUDE"    En la asociación de Directoras y Gerentes van en la misma línea y recuerdan que hoy en día "no hay un sólo pueblo que no tenga su día a la semana de visita del trabajador social (...) el que está más cerca de la persona que necesita los servicios sociales" y en el Consejo de Trabajo Social recuerdan que no sólo se trata de personas mayores o dependientes, sino también de menores que sólo hacen una comida completa al día o de migrantes que no cuentan con protección.    Emiliana Vicenta critica que se apele a un mal funcionamiento de los servicios sociales o a la existencia de fraude en la prestación de los mismos. "No es justo, no es verdad, no hay una mala gestión por parte de los profesionales", ha señalado, tras denunciar que el Ejecutivo habla de fraude en cada sector que reforma: "ahora resulta que los parados hacen fraude con la prestación, que los pensionistas hacen fraude con las recetas, que las personas con falta de autonomía hacen fraude (...). Es una razón un poco peregrina", ha añadido.